Nuestra institución viene trabajando sostenidamente desde 1998 en el tema de Justicia de Paz gracias al aporte de diversas agencias de cooperación internacional. En los últimos años la contribución de la Unión Europea ha permitido capacitar a más de mil jueces de paz, elaborar materiales de capacitación y realizar diversas tareas de incidencia para la aprobación de leyes a favor de este sector de la justicia. Asimismo, hemos realizado diversas investigaciones que han sido publicadas y distribuidas en las diversas cortes superiores de justicia, y actualmente estamos llevando a cabo acciones para promover una mejor coordinación entre la administración de justicia estatal y la justicia comunitaria, de manera que la población se beneficie de ello.

La Justicia de Paz es uno de los sectores más importantes del Poder Judicial ya que contribuye a superar algunas de las barreras de acceso a la justicia al encontrarse más cerca del ciudadano, al resolver de acuerdo a los criterios de la comunidad y al hablar el mismo idioma de los usuarios de este servicio. Gracias a ello los jueces de paz gozan de una importante legitimidad que les ha permitido gozar de la aprobación ciudadana y conseguir paz social en los lugares donde se desempeñan.

Según cálculos del propio Poder Judicial, se estima que alrededor del 40% de la carga judicial jurisdiccional es recibida por la Justicia de Paz, a lo que debe agregarse que el usuario promedio de este sector es básicamente poblador rural o de zonas urbano marginales, que por lo general conforman el sector más pobre del país.

Nuestros objetivos son:

1. Lograr que los Jueces de Paz incorporen a su actividad cotidiana una perspectiva de derechos humanos, especialmente de las mujeres, niños y niñas, reconociendo como parte de su función lograr su vigencia en su comunidad.

2. Promover un mejor desempeño de los Jueces de Paz, buscando que conozcan su competencia en materia civil, penal y notarial, pero revalorando al mismo tiempo su propio criterio de justicia, como elemento fundamental para la resolución de conflictos.

3. Investigar permanentemente la realidad de la Justicia de Paz, para que los resultados permitan promover un debate nacional sobre el rol de los Jueces de Paz y sean empleados en mejorar los programas de capacitación.

4. Promover en el Poder Judicial y la sociedad en su conjunto una mejor valoración del trabajo de los Jueces de Paz, generando políticas públicas que permitan mejorar su desempeño.