Justicia Viva Blog

Nicolás Zambrano, juez ecuatoriano de la Corte Provincial de Sucumbíos, pasará a la historia. El día lunes 14 condenó a la empresa petrolera Chevron a pagar más de 8.000 millones de dólares por los daños ambientales cometidos entre 1964 y 1990 por la compañía Texaco (adquirida en el 2001 por la trasnacional). En un juicio que, debido a la materia y por el record en la indemnización, ha sido considerado del siglo por varios especialistas y medios.

El juez comentó a los periodistas que la petrolera estadounidense debe cancelar unos 8.646 millones de dólares a las comunidades indígenas para limpieza subterránea y de suelos, creación de un sistema de salud y recuperación de especies nativas y pueblos indígenas. Junto a ello ordenó a la petrolera pedir disculpas públicas a los indígenas por la contaminación causada en sus territorios. “Este reconocimiento público del daño causado deberá publicarse a más tardar dentro de 15 días (…), lo cual será considerado como una medida simbólica de reparación moral”, e incluso, en caso de no hacerlo, se duplicaría el monto que deberá pagar la firma. (Ver: Reuters, 14/02/2011).

Sin duda esta noticia es un ejemplo más de la importancia de la judicatura en la defensa de los derechos de la ciudadanía —sobre todo de aquella más pobre— frente a cualquier poder, sea quien sea. Especialmente esta resolución judicial se adscribe como una de las principales en una materia de defensa de los derechos de la población indígena y de sus recursos naturales, que últimamente se ha convertido en la principal fuente de conflictos a nivel de los países andinos como el Perú.

Y, aunque los demandantes van a apelar el fallo porque consideran que la indemnización no cubre el gran daño hecho por la empresa, es probable que una sentencia de este tipo haya elevado el nivel de confianza de los y las ecuatorianas en su Poder Judicial y Ministerio Público. En algunos trágicos y sonados casos peruanos, sería pertinente que algunos jueces y juezas emulen a su par ecuatoriano.

En esta última semana se han producido interesantes ingresos en las más altas esferas de la magistratura. Por un lado, en la fiscalía suprema se han incorporado dos nuevos fiscales: Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos y Carlos Ramos Heredia.  El día de ayer, mediante resolución Nº 010-2011-MP-FN-JFS, se designó al Dr. Ramos Heredia como encargado de la Fiscalía Suprema de Control Interno, por lo que tendrá la estratégica función de investigar a los fiscales que sospechosos de cometer actos de corrupción en el ejercicio de su función, cargo que anteriormente era ocupado por el ex fiscal Avelino Guillén. Mientras que su par, el doctor Chavarry Vallejos, ha sido designado encargado de la fiscalía suprema en lo contencioso administrativo.

Mientras a nivel de la Corte Suprema fueron incorporados la doctora Ana María Aranda Rodríguez y el doctor Josué Pariona Pastrana, como jueces supremos titulares. En tanto, la doctora Inés Villa Bonilla lo hace como jueza  suprema provisional. Al respecto, el presidente del Poder Judicial César San Martín señaló que por respeto escrupuloso del principio de especialización, los dos magistrados integrarán tribunales de su especialidad. Por lo que la doctora Ana María Aranda, integrará la Sala Civil Transitoria y el doctor Josué Pariona Pastrana, conformará la Sala Penal Permanente, tribunal que tiene a su cargo procesos contra altos funcionarios públicos (aforados) (Ver nota).

Finalmente, en ceremonia aparte, la doctora Inés Villa juró en el cargo de magistrada suprema provisional. Así, en un cambio radical a lo que venía sucediendo con anteriores autoridades judiciales, que nunca se refirieron al trabajo que la magistrada realizaba como presidenta de la Primera Sala Especial Anticorrupción, el doctor San Martín señaló que “la promoción de la doctora Villa Bonilla a la Corte Suprema de Justicia es un acto de reivindicación por su valía moral, profesional y ética, reconocida y querida por la comunidad jurídica, y porque representa el sentir del Poder Judicial”. Añadiendo que “es un acto de justicia para quien ha demostrado esfuerzo y entrega, ha soportado ataques y es ejemplo de constancia y afirmación de lo que debe ser un juez: honorable, honesto y con valores absolutos” (Ver nota).

Es importante este espaldarazo a la labor de la conocida jueza anticorrupción. Esperemos que las palabras del doctor San Martin sirvan también para que fije su preocupación en la labor de las salas y juzgados anticorrupción que en la actualidad se encuentran en reacomodos y reajustes con la vigencia del nuevo código procesal penal.

Estaremos vigilando el desempeño de los nuevos magistrados y magistradas supremos.

El doctor Avelino Guillén renunció al Ministerio Público y a su cargo de Fiscal Supremo provisional encargado de la Oficina de Control Interno de esta institución, debido a razones personales. Posteriormente, en el programa “No hay Derecho” de Ideeleradio, explicaría que prefirió renunciar antes que retornar a la plaza que ostentaba como titular, fiscal superior del Distrito Judicial de Lima. “Ante esa disyuntiva, al ya no tener una plaza en el nivel donde me vengo desempeñando, yo consideré una medida pertinente presentar mi renuncia”, señaló.

Es lamentable que un abogado con capacidad demostrada en uno de los juicios más emblemáticos de nuestra historia (como fue el caso por violaciones de derechos humanos seguido contra Alberto Fujimori), y con una carrera profesional transparente y de constante lucha contra la corrupción; tenga que salir de una institución debido a deficiencias en la carrera fiscal y la falta de incentivos dentro de ésta.

Como se recordará, Avelino Guillén, en el año 2009, postuló a una de las tres plazas para fiscal supremo. Durante el 2010, en este proceso se encontraron un conjunto de irregularidades descubiertas, especialmente, a raíz de una denuncia realizada por el Fiscal Guillen. Éste fue desaprobado pese a haber desarrollado un caso que en la práctica había ganado para los intereses del Estado peruano (Caso – video Kouri-Montesinos). Tras las investigaciones realizadas, el Consejo Nacional de la Magistratura tuvo que anular el proceso (Sepa quién hizo y corrigió el examen de Guillén; CNM, Guillén y los cambios necesarios).

Con estos antecedentes, cualquier persona lo pensaría dos veces antes de volver a postular y someterse a un posible nuevo maltrato. La fiscalía pierde a un valioso magistrado. Esperemos que a futuro decida presentarse nuevamente a la carrera pública. El recientemente terminado concurso para la selección de magistrados supremos (Nº 002-2010-SN/CNM) declaró desierta una plaza para fiscal supremo. Nuestro reconocimiento a este magistrado.

En días pasados hemos visto los reclamos del congresista Rolando Souza, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República por la inasistencia del nuevo presidente del Poder Judicial, César San Martín, ante dicha comisión; habiendo preferido el magistrado reunirse con el presidente del Congreso y los portavoces de los grupos parlamentarios ante quien presentó cinco proyectos de ley (Ver: Nota de prensa).

Lo interesante de esto es que Souza ha pretendido llamar la atención por este desaire, lo que a nuestro parecer estaría fuera de lugar. Esto porque Souza olvida quien es: un parlamentario fujimorista, abierto defensor del ex presidente, sentenciado por delitos de corrupción y violación de derechos humanos, y promotor de una sucia campaña contra César San Martín para evitar que éste llegue a la presidencia de la judicatura (Ver: La guerra sucia de Sousa contra la independencia del Poder Judicial y el juez San Martín). Por lo tanto, es alguien que carece de imparcialidad y de objetividad para abordar cualquier tema que tenga que ver con la mejora del sistema de justicia, máxime si se trata de reunirse con alguien a quien ha cuestionado abiertamente.  No tiene sentido y no vale la pena reunirse con una instancia presidida por un parlamentario que ha desarrollado su labor legislativa en función de la defensa de un delincuente como es Alberto Fujimori.

Se ha conocido que los magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia han elegido, como su representante ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a Pablo Talavera Elguera, destacado ex vocal superior de la Corte Superior de Lima que reemplazará desde febrero del 2011 a Edmundo Peláez Bardales.

Conocemos la trayectoria y la capacidad de Pablo Talavera y saludamos que el Pleno de la Corte Suprema haya elegido a un buen y honesto ex magistrado. Nuestro balance es positivo de su paso como Presidente de la Sala Penal Nacional, más allá de diferencias y discrepancias.

Pablo Talavera se convierte así en el sexto integrante del CNM en ser renovado, faltando la elección del representante de la Junta de Fiscales Supremos, quien reemplazará a Carlos Mansilla Gardella.

Sin perjuicio de lo anterior, echamos en falta que el Pleno de la Corte Suprema haya elegido a tan importante representante ante el CNM sin contar con un reglamento previo para ello ni un cronograma público de elección. Tampoco se ha conocido si existieron otros u otras aspirantes al cargo. Esta falta de transparencia en esta elección debe corregirse a futuro. Por ejemplo, habría sido un punto a favor para el propio Talavera y la Corte Suprema, que la ciudadanía conozca el currículo, la trayectoria y las propuestas del candidato.

En consecuencia, solicitamos muy respetuosamente a las nuevas autoridades del Poder Judicial –en especial a su nuevo Presidente César San Martín-, que reglamenten esta elección y en el futuro se asegure un mínimo de transparencia y reglas claras, tal y como ya viene sucediendo en la elección del Presidente del Poder Judicial y de los otros consejeros del CNM. El programa Justicia Viva del IDL ya hizo llegar a la Corte Suprema una propuesta de reglamento sobre el particular.

Finalmente, exhortamos a la Junta de Fiscales Supremos a que también aprueben reglas mínimas de transparencia en la inminente y próxima elección de su representante ante el CNM, para que la ciudadanía pueda conocer la trayectoria y las propuestas de quienes están aspirando a tan importante cargo.

Desde el 9 diciembre del 2005 se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra la Corrupción, como una forma de desincentivar, combatir y prevenir la corrupción. En nuestro país, la celebración de esta fecha tiene un sabor amargo,  ya que en los últimos años, a pesar de las iniciativas de diversas organizaciones y figuras públicas por luchar contra este problema hemos visto como han salido a la luz diversos casos relacionados a la corrupción  de funcionarios de todo nivel. Todos los que pensamos que luego del periodo fujimontesinista,  el país experimentaría una transición que mejoraría y sentaría las bases para un Estado de Derecho, estábamos equivocados… la corrupción sigue presente y se ha manifestado en diversos casos como: los petroaudios, decretos polémicos, nepotismo, denuncias sobre indebidas compensaciones ante despido, entre otros escándalos.

Hace unos meses se cumplieron 10 años de la publicación de los Vladivideos. Luego de un balance sobre el tema (véase: Corrupción: 10 años después del vladivideo), vemos como la corrupción en nuestro país solo ha cambiado de rostro pero sigue causando los mismos daños. La desazón es evidente,  el 52% de los peruanos considera que vive en un país corrupto, el 82% cree que en el Perú no se respetan las leyes, y son entidades como el Congreso, el Poder Judicial, la Policía y los partidos políticos los que son vistos como los más corruptos[1]. La desconfianza  que los peruanos tienen respecto a las instituciones y a ellos mismos, solo hace que sea más difícil luchar contra la corrupción, porque se percibe como algo que ocurre con normalidad y sin ningún tipo de sanción. De esta manera,  el efecto social que causa  es grave, ya que la informalidad se vuelve como una forma de vida aceptada por la mayoría.

Hace unos días el poder ejecutivo, en una “iniciativa” en la lucha anti corrupción, emitió  la Ley Nº 29622, que busca ampliar las facultades de la Contraloría de la República para que  pueda determinar responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos —con sanciones de inhabilitación de hasta 5 años—, salvo de las autoridades que son elegidas por votación popular, los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos y quienes gozan del beneficio del antejuicio político. La misma busca frenar el escaso control que existe de los funcionarios y mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas[2] que se encuentran descreditadas para la mayoría de peruanos y peruanas. Y, si bien esta legislación parece una buena noticia, es una reacción bastante tardía del ejecutivo —luego de casi 5 años de gobierno plagado de escándalos y denuncias relacionadas al tema—. ¿Podemos confiar en que esta medida, u otras servirán para disminuir este problema?, si el mismo Presidente, la cabeza del gobierno y quien debería liderar la lucha anticorrupción, considera que “la plata llega sola”… saque sus propias conclusiones.

[1] Ver: Sexta Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú (Informe Final).

[2] Entre las conductas infractoras, figura el incumplimiento de disposiciones vinculadas a la actuación funcional del servidor, incurrir en cualquier acción u omisión que suponga la trasgresión grave de los principios, y realizar actos que persigan un acto prohibido. También es considerada una conducta infractora incurrir en cualquier acción u omisión que importe negligencia en el desempeño de las funciones o el uso de estas con fines distintos al interés público.

Durante casi todo el mes de noviembre la huelga de los trabajadores del Poder Judicial ha sido una constante en las noticias a nivel nacional.

Como se recuerda, el principal reclamo de los trabajadores del Poder Judicial es que se modifique la escala remunerativa del Poder Judicial, la cual establece salarios bajos en comparación a otras instituciones del sistema de justicia como el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, y la Academia de la Magistratura. La propuesta fue asumida por el presidente del Poder Judicial y a inicios de agosto fue remitida al Congreso de la República, registrándose como Proyecto de Ley Nº 4186-2010-PJ. Read the rest…

Por medio de la resolución administrativa Nº 259-2010-P-PJ, la Corte Suprema de Justicia declaró el día de ayer como ilegal la huelga convocada por la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial del Perú. Es necesario mencionar que la huelga indefinida fue declarada el pasado 03 de Noviembre, el motivo de la huelga es un problema recurrente de los empleados del Poder Judicial: la demanda de una mejora en la escala remunerativa. El mismo día que se inició la huelga los empleados del Poder Judicial realizaron plantones fuera del Poder Judicial y marchas al Congreso de la República para exigir sus reclamos. Read the rest…

¿Se repite la historia? Si se pregunta por el balance de la actuación del Consejo Nacional de la Magistratura en el concurso para magistrados supremos Nº 002-2010-CNM, la respuesta es preocupante: retroceso en la transparencia y ad portas de salvar o no la constitucionalidad del proceso. Y otras pregunta caen por su propio peso: ¿cómo es que el CNM, luego de la experiencia del anulado concurso de supremos de este año, ha llegado a esta situación? y ¿por qué no continuar con la transparencia ya establecida del concurso anterior? Los signos son preocupantes, y la larga espera de una respuesta del Consejo agrava más la situación. Read the rest…

De un tiempo a esta parte se ha hecho “costumbre” que funcionarios estatales brinden declaraciones a la prensa que dejan mucho que desear. Javier Villa Stein no ha sido la excepción.

Hace algunas semanas se dio a conocer un “incidente”, donde el presidente Alan García le propinó al parecer una cachetada a un joven voluntario del programa Kúrame de Essalud. En medio del debate público, Javier Villa Stein –Presidente del Poder Judicial– emitió varias declaraciones, causando una de ellas gran polémica: “Solo en un país de maricas se permiten insultos sin contestar al agresor con puñetes o patadas”[1]. Read the rest…