Nicolás Zambrano, juez ecuatoriano de la Corte Provincial de Sucumbíos, pasará a la historia. El día lunes 14 condenó a la empresa petrolera Chevron a pagar más de 8.000 millones de dólares por los daños ambientales cometidos entre 1964 y 1990 por la compañía Texaco (adquirida en el 2001 por la trasnacional). En un juicio que, debido a la materia y por el record en la indemnización, ha sido considerado del siglo por varios especialistas y medios.

El juez comentó a los periodistas que la petrolera estadounidense debe cancelar unos 8.646 millones de dólares a las comunidades indígenas para limpieza subterránea y de suelos, creación de un sistema de salud y recuperación de especies nativas y pueblos indígenas. Junto a ello ordenó a la petrolera pedir disculpas públicas a los indígenas por la contaminación causada en sus territorios. “Este reconocimiento público del daño causado deberá publicarse a más tardar dentro de 15 días (…), lo cual será considerado como una medida simbólica de reparación moral”, e incluso, en caso de no hacerlo, se duplicaría el monto que deberá pagar la firma. (Ver: Reuters, 14/02/2011).

Sin duda esta noticia es un ejemplo más de la importancia de la judicatura en la defensa de los derechos de la ciudadanía —sobre todo de aquella más pobre— frente a cualquier poder, sea quien sea. Especialmente esta resolución judicial se adscribe como una de las principales en una materia de defensa de los derechos de la población indígena y de sus recursos naturales, que últimamente se ha convertido en la principal fuente de conflictos a nivel de los países andinos como el Perú.

Y, aunque los demandantes van a apelar el fallo porque consideran que la indemnización no cubre el gran daño hecho por la empresa, es probable que una sentencia de este tipo haya elevado el nivel de confianza de los y las ecuatorianas en su Poder Judicial y Ministerio Público. En algunos trágicos y sonados casos peruanos, sería pertinente que algunos jueces y juezas emulen a su par ecuatoriano.

Mientras a nivel de la Corte Suprema fueron incorporados la doctora Ana María Aranda Rodríguez y el doctor Josué Pariona Pastrana, como jueces supremos titulares. En tanto, la doctora Inés Villa Bonilla lo hace como jueza  suprema provisional. Al respecto, el presidente del Poder Judicial César San Martín señaló que por respeto escrupuloso del principio de especialización, los dos magistrados integrarán tribunales de su especialidad. Por lo que la doctora Ana María Aranda, integrará la Sala Civil Transitoria y el doctor Josué Pariona Pastrana, conformará la Sala Penal Permanente, tribunal que tiene a su cargo procesos contra altos funcionarios públicos (aforados) (Ver nota).

Finalmente, en ceremonia aparte, la doctora Inés Villa juró en el cargo de magistrada suprema provisional. Así, en un cambio radical a lo que venía sucediendo con anteriores autoridades judiciales, que nunca se refirieron al trabajo que la magistrada realizaba como presidenta de la Primera Sala Especial Anticorrupción, el doctor San Martín señaló que “la promoción de la doctora Villa Bonilla a la Corte Suprema de Justicia es un acto de reivindicación por su valía moral, profesional y ética, reconocida y querida por la comunidad jurídica, y porque representa el sentir del Poder Judicial”. Añadiendo que “es un acto de justicia para quien ha demostrado esfuerzo y entrega, ha soportado ataques y es ejemplo de constancia y afirmación de lo que debe ser un juez: honorable, honesto y con valores absolutos” (Ver nota).

Es importante este espaldarazo a la labor de la conocida jueza anticorrupción. Esperemos que las palabras del doctor San Martin sirvan también para que fije su preocupación en la labor de las salas y juzgados anticorrupción que en la actualidad se encuentran en reacomodos y reajustes con la vigencia del nuevo código procesal penal.

Estaremos vigilando el desempeño de los nuevos magistrados y magistradas supremos.

Es lamentable que un abogado con capacidad demostrada en uno de los juicios más emblemáticos de nuestra historia (como fue el caso por violaciones de derechos humanos seguido contra Alberto Fujimori), y con una carrera profesional transparente y de constante lucha contra la corrupción; tenga que salir de una institución debido a deficiencias en la carrera fiscal y la falta de incentivos dentro de ésta.

Como se recordará, Avelino Guillén, en el año 2009, postuló a una de las tres plazas para fiscal supremo. Durante el 2010, en este proceso se encontraron un conjunto de irregularidades descubiertas, especialmente, a raíz de una denuncia realizada por el Fiscal Guillen. Éste fue desaprobado pese a haber desarrollado un caso que en la práctica había ganado para los intereses del Estado peruano (Caso – video Kouri-Montesinos). Tras las investigaciones realizadas, el Consejo Nacional de la Magistratura tuvo que anular el proceso (Sepa quién hizo y corrigió el examen de Guillén; CNM, Guillén y los cambios necesarios).

Con estos antecedentes, cualquier persona lo pensaría dos veces antes de volver a postular y someterse a un posible nuevo maltrato. La fiscalía pierde a un valioso magistrado. Esperemos que a futuro decida presentarse nuevamente a la carrera pública. El recientemente terminado concurso para la selección de magistrados supremos (Nº 002-2010-SN/CNM) declaró desierta una plaza para fiscal supremo. Nuestro reconocimiento a este magistrado.

Lo interesante de esto es que Souza ha pretendido llamar la atención por este desaire, lo que a nuestro parecer estaría fuera de lugar. Esto porque Souza olvida quien es: un parlamentario fujimorista, abierto defensor del ex presidente, sentenciado por delitos de corrupción y violación de derechos humanos, y promotor de una sucia campaña contra César San Martín para evitar que éste llegue a la presidencia de la judicatura (Ver: La guerra sucia de Sousa contra la independencia del Poder Judicial y el juez San Martín). Por lo tanto, es alguien que carece de imparcialidad y de objetividad para abordar cualquier tema que tenga que ver con la mejora del sistema de justicia, máxime si se trata de reunirse con alguien a quien ha cuestionado abiertamente.  No tiene sentido y no vale la pena reunirse con una instancia presidida por un parlamentario que ha desarrollado su labor legislativa en función de la defensa de un delincuente como es Alberto Fujimori.

Conocemos la trayectoria y la capacidad de Pablo Talavera y saludamos que el Pleno de la Corte Suprema haya elegido a un buen y honesto ex magistrado. Nuestro balance es positivo de su paso como Presidente de la Sala Penal Nacional, más allá de diferencias y discrepancias.

Pablo Talavera se convierte así en el sexto integrante del CNM en ser renovado, faltando la elección del representante de la Junta de Fiscales Supremos, quien reemplazará a Carlos Mansilla Gardella.

Sin perjuicio de lo anterior, echamos en falta que el Pleno de la Corte Suprema haya elegido a tan importante representante ante el CNM sin contar con un reglamento previo para ello ni un cronograma público de elección. Tampoco se ha conocido si existieron otros u otras aspirantes al cargo. Esta falta de transparencia en esta elección debe corregirse a futuro. Por ejemplo, habría sido un punto a favor para el propio Talavera y la Corte Suprema, que la ciudadanía conozca el currículo, la trayectoria y las propuestas del candidato.

En consecuencia, solicitamos muy respetuosamente a las nuevas autoridades del Poder Judicial –en especial a su nuevo Presidente César San Martín-, que reglamenten esta elección y en el futuro se asegure un mínimo de transparencia y reglas claras, tal y como ya viene sucediendo en la elección del Presidente del Poder Judicial y de los otros consejeros del CNM. El programa Justicia Viva del IDL ya hizo llegar a la Corte Suprema una propuesta de reglamento sobre el particular.

Finalmente, exhortamos a la Junta de Fiscales Supremos a que también aprueben reglas mínimas de transparencia en la inminente y próxima elección de su representante ante el CNM, para que la ciudadanía pueda conocer la trayectoria y las propuestas de quienes están aspirando a tan importante cargo.

Hace unos meses se cumplieron 10 años de la publicación de los Vladivideos. Luego de un balance sobre el tema (véase: Corrupción: 10 años después del vladivideo), vemos como la corrupción en nuestro país solo ha cambiado de rostro pero sigue causando los mismos daños. La desazón es evidente,  el 52% de los peruanos considera que vive en un país corrupto, el 82% cree que en el Perú no se respetan las leyes, y son entidades como el Congreso, el Poder Judicial, la Policía y los partidos políticos los que son vistos como los más corruptos[1]. La desconfianza  que los peruanos tienen respecto a las instituciones y a ellos mismos, solo hace que sea más difícil luchar contra la corrupción, porque se percibe como algo que ocurre con normalidad y sin ningún tipo de sanción. De esta manera,  el efecto social que causa  es grave, ya que la informalidad se vuelve como una forma de vida aceptada por la mayoría.

Hace unos días el poder ejecutivo, en una “iniciativa” en la lucha anti corrupción, emitió  la Ley Nº 29622, que busca ampliar las facultades de la Contraloría de la República para que  pueda determinar responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos —con sanciones de inhabilitación de hasta 5 años—, salvo de las autoridades que son elegidas por votación popular, los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos y quienes gozan del beneficio del antejuicio político. La misma busca frenar el escaso control que existe de los funcionarios y mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas[2] que se encuentran descreditadas para la mayoría de peruanos y peruanas. Y, si bien esta legislación parece una buena noticia, es una reacción bastante tardía del ejecutivo —luego de casi 5 años de gobierno plagado de escándalos y denuncias relacionadas al tema—. ¿Podemos confiar en que esta medida, u otras servirán para disminuir este problema?, si el mismo Presidente, la cabeza del gobierno y quien debería liderar la lucha anticorrupción, considera que “la plata llega sola”… saque sus propias conclusiones.

[1] Ver: Sexta Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú (Informe Final).

[2] Entre las conductas infractoras, figura el incumplimiento de disposiciones vinculadas a la actuación funcional del servidor, incurrir en cualquier acción u omisión que suponga la trasgresión grave de los principios, y realizar actos que persigan un acto prohibido. También es considerada una conducta infractora incurrir en cualquier acción u omisión que importe negligencia en el desempeño de las funciones o el uso de estas con fines distintos al interés público.

Como se recuerda, el principal reclamo de los trabajadores del Poder Judicial es que se modifique la escala remunerativa del Poder Judicial, la cual establece salarios bajos en comparación a otras instituciones del sistema de justicia como el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, y la Academia de la Magistratura. La propuesta fue asumida por el presidente del Poder Judicial y a inicios de agosto fue remitida al Congreso de la República, registrándose como Proyecto de Ley Nº 4186-2010-PJ.

La huelga había sido levantada el 12 de noviembre, en principio hasta el jueves 18 de noviembre, fecha en la que se esperaba que el Congreso debatiera la nueva escala, bajo el entendido de que, si no se llegara a una solución, se reiniciaría la huelga.

Según el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, Jorge Cotrina, en vez de analizar su propuesta el gobierno habría planteado un bono único de mil soles, lo cual fue rechazado por los trabajadores.  Como su propuesta no fue vista por el congreso, como era de esperarse, la huelga se reinició el viernes 19. Y no  solo reinició, sino que ha venido agravándose, pues diversos trabajadores que ya se encontraban en huelga de hambre y el miércoles 24 amenazaron con incluso dejar de tomar agua si sus reclamos no son atendidos, y el mismo día en el interior del país hubo otras medidas, por ejemplo en Arequipa decidieron dejar de atender los órganos de emergencia por dos días, o en Trujillo se tomaron por cuarenta minutos un tramo de la carretera Panamericana Norte, a la altura del puente Moche.

El Proyecto de Ley Nº 4186-2010-PJ no ha avanzado en el proceso legislativo. Según la web del Congreso, fue derivado a la comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, pero no ha llegado a elaborarse un dictamen sobre este proyecto, para que pueda pasar al pleno, sino que se ha quedado en la etapa de revisión en comisión. Aunque algunos dirigentes esperaban que el Congreso exonerase el proyecto del debate en comisiones y pase directamente al pleno, este proyecto no se colocó en la agenda del pleno del congreso de la semana pasada ni en esta semana.

La prioridad en el Congreso han sido las leyes de presupuesto fiscal, de endeudamiento y de equilibrio fiscal del 2010. En este punto parece no haber noticias alentadoras. Ayer 24 de noviembre el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, expuso ante el Congreso sus requerimiento presupuestales y como propuesta complementaria, planteó incluir en la Ley de Presupuesto, un artículo por el cual se autoriza al Poder Judicial otorgar una bonificación por desempeño al personal jurisdiccional y administrativo, con cargo al presupuesto institucional.

Como puede verse, la propuesta principal de los trabajadores no ha sido todavía tomada en cuenta en el parlamento, a pesar de que lleva ya varios meses ahí y de la intensidad de la huelga durante este mes.

Debe buscarse llegar a una salida a esta situación, atendiendo seriamente las demandas de los trabajadores, llevando a cabo un diálogo responsable, en el que se tenga en cuenta las necesidades de los trabajadores de recibir una remuneración justa, y la importancia de fortalecer una institución como el poder judicial, pues la precariedad económica en las remuneraciones deja espacios para la ineficiencia y la corrupción. Además, un poder del Estado no debería dejar de funcionar por tanto tiempo pues eso perjudica a gran parte de la ciudadanía que espera la protección a sus derechos.

Esperamos que las autoridades pertinentes puedan dar mayor prioridad a este tema y la huelga pueda ser levantada con prontitud.

Pero ¿desde cuándo se inicia este conflicto?, el 17 de Junio de 2010, se presentó el proyecto de Ley Nº 04186/2010-PJ[i] con el pedido de  crear una nueva escala remunerativa del personal jurisdiccional y administrativo del poder judicial (para los trabajadores bajo el régimen laboral del decreto legislativo 728[ii]), hasta el momento el proyecto no ha sido aprobado por el Congreso y los trabajadores se encuentran aún a la espera de una respuesta por parte de las autoridades. Los reclamos se basan en la inquedidad  de los sueldos que recibe un trabajador del Poder Judicial (por ejemplo las secretarias reciben un sueldo mensual de S/ 900.00, los técnicos reciben entre S/. 820.00 a  S/.1300.00 y los profesionales reciben S/. 1300.00) a comparación de las remuneraciones que reciben trabajadores de otras entidades públicas. Si sumamos la carga de trabajo, la corrupción, el poco reconocimiento a las labores realizadas, entre otras limitaciones y añadimos los sueldos bajos ¿qué desempeño podemos esperar de esos trabajadores?

Es importante señalar que además de exigir un incremento en sus remuneraciones, los trabajadores también exigen un cambio de régimen laboral (estos trabajadores ingresaron a trabajar por el Decreto Legislativo 728), no es la primera vez que se presentan problemas con a la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios, en otro momento se ha demostrado que a pesar que los fines de esta modalidad eran simplificar el acceso a la seguridad social y otro derechos fundamentales a los trabajadores, no se terminó por reconocer todos los derechos que le corresponden a los trabajadores. Ante esta petición, Javier Villa Stein se ha mostrado renuente e incómodo ante este pedido, indicando que ese tema no forma parte de la huelga.

Esperamos que tanto el Presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, como el Ministro de Economía, Ismael Benavides y los representantes del sindicato, puedan llegar a un acuerdo que resulte favorable para los trabajadores del Poder Judicial y para los usuarios del mismo, que son uno de los más perjudicados al ver paralizados sus procesos judiciales.

[ii] Decreto Legislativo 728, uno de los principales objetivos de esta ley era crear un conjunto de acciones de política laboral emprendidas por el Poder Ejecutivo orientados a la creación masiva de empleo y a flexibilizar el mercado de trabajo.

Hasta el momento, el CNM ha publicado los resultados del examen escrito y las pruebas que fueron evaluadas, pero no los criterios de evaluación para las calificaciones ni las pruebas de desarrollo de los postulantes, situación que fue parte del origen de los cuestionamientos al Consejo y de la anulación del examen anterior. Se siguen desconociendo ahora estos importantes documentos que contradicen una postura ya adoptada por el CNM. Esto lo acerca peligrosamente a la arbitrariedad de la que debe deslindarse tajantemente.

¿Llegará a publicar esos documentos? El concurso sigue sin visos positivos de la publicación hacia la segunda etapa del proceso (la evaluación curricular), lo que pone en aprietos al CNM en cuestiones de transparencia y no arbitrariedad. Nada obsta, y mucho se gana, para que los nuevos consejeros, la nueva consejera, y los consejeros que decidieron la mejor salida para el concurso pasado, decidan ahora a favor de la transparencia que el concurso exige.

Pero eso no basta. El Consejo también tiene pendiente acabar con la situación de inconstitucionalidad, que el incumplimiento de requisitos constitucionales le ha ocasionado al concurso. ¿Sólo a partir de los postulantes tachados? No, el Consejo no podría dejar de lado su labor de guardián de la constitucionalidad del proceso que él mismo dirige, por lo que la diligencia debida en el cumplimiento de sus funciones lo debiera llevar a evaluar a todos los y las postulantes que van quedando en el concurso, en el cual se elegirá a dos de los cargos más representativos de nuestro sistema de administración de justicia.

Hace algunas semanas se dio a conocer un “incidente”, donde el presidente Alan García le propinó al parecer una cachetada a un joven voluntario del programa Kúrame de Essalud. En medio del debate público, Javier Villa Stein –Presidente del Poder Judicial– emitió varias declaraciones, causando una de ellas gran polémica: “Solo en un país de maricas se permiten insultos sin contestar al agresor con puñetes o patadas”[1].

Las reacciones no sean hicieron esperar. Distintos medios de comunicación, periodistas e instituciones han manifestado su rechazo, ya que tal declaración va en contra de los principios de un Estado de Derecho (donde la ley del ojo por ojo no es la que prima). Entre los críticos se encuentra el decano del Colegio de Abogados de Lima quien en una entrevista a ideeleradio declaró que “Indudablemente quien tiene un cargo de gobierno en cualquier representación del Estado u organismo gremial jamás puede reaccionar golpeando a nadie, para eso se han hecho las instancias judiciales y para eso está el Estado de Derecho, donde gobiernan las leyes más no los hombres; no se puede gobernar a cachetadas ni a puñetes”. Posteriormente, la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima ha iniciado un proceso por faltas a la ética profesional contra Villa Stein, quien señaló que fue malinterpretado y que no fomenta la violencia.

Compartimos la posición del decano del Colegio de Abogados de Lima. El encargado de dirigir un ente tan importante como el Poder Judicial, institución que tiene la función de administrar justicia en nuestro país, no puede avalar la conducta del Presidente, en cierta forma apelar a la violencia para resolver conflictos (como indica el Director de la comisión de Ética Felipe Cabrera) y dejar entrever una muy cuestionable percepción del género.

Tal actitud es lamentable y no hace más que perjudicar la imagen del Poder Judicial. Este año en diversas encuestas se ha señalado que los peruanos y las peruanas ven al Poder Judicial como un ente corrupto y poco eficiente, contando con un nivel de aprobación de 18% y una desaprobación de 77%[2]. En pocas palabras, las personas no confían en una institución tan importante para el desarrollo de la justicia. Dudamos que la percepción ciudadana mejore, ahora con el escándalo donde está involucrado el presidente del Poder Judicial, quien representa a su institución… ¿Usted qué opina?

[2] Encuesta realizada por Ipsos Apoyo Opinión y Mercado S.A. por encargo del diario El Comercio N° de Registro: 0001-REE/JNE. Sistema de muestreo probabilística, estratificado. Julio del 2010.