El desastre humano producido en las décadas de los ochenta y de los noventa, sin hacer mención de las razones que llevaron al mismo, ha dejado en claro que hay mucho por hacer. Una enorme labor nos espera a la sociedad civil y al Estado para eliminar, o por lo menos reducir, todo aquello que trate de hacernos volver a la vía de la violencia y la división social.
Los hechos investigados por la Comisión de la Verdad significan mucho más que una larga lista de compatriotas asesinados. A la tragedia personal de cada uno de ellos se suma el inacabable dolor de sus familiares, y paralelamente, la consternación de quienes sabemos lo que significan tales pérdidas: una profunda desvalorización de la vida humana y la ausencia de la capacidad que nos haga actuar como país unido en nuestras diferencias. El significado es amplísimo, y lo que hay por hacer es bastante.
En ese ámbito, lo que le toca al Poder Judicial debe ser asumido con mucha responsabilidad. Los casos judicializables deben tener buen término sancionando a los culpables e indemnizando a las víctimas; y para ello, el ejercicio responsable de la función de los jueces, fiscales y abogados es lo que necesitamos. A nosotros, como sociedad civil, nos toca acompañar el proceso e indicar las irregularidades en los mismos; para que juntos no digamos más tarde que dejamos pasar la oportunidad de hacer justicia y de iniciar la reconciliación. |
