Tomado de: 
Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Reporte sobre el estado 
de la justicia en las Américas 2002-2003. Santiago de Chile, 2003.

• El sistema judicial de Bolivia se basa en el derecho continental europeo y está inmerso en un profundo proceso de cambios. Los procedimientos son esencialmente escritos en las materias civiles. En las causas penales, desde mayo de 2001 comenzó a regir un nuevo sistema de tipo acusatorio basado en la oralidad y el debate contradictorio entre las partes. 
  
  

• El país destinó en 2001 el 1,73% de su presupuesto público al sector justicia (equivalente al 0,9% del PIB)¹.
  
  

• En 2002, por cada cien mil habitantes había en el país 9,1 jueces, 5,1 fiscales y 66,5 personas recluidas en prisión. El 75,4% de las personas internas en las cárceles no tenía sentencia. No se disponen datos recientes sobre el número de defensores (públicos y de oficio), pero en 1999 había 0,8 defensores públicos por cada cien mil habitantes.
  
  

• Durante 2001, según cifras del Consejo de la Judicatura, cada juez enfrentó en promedio una carga de trabajo de 388 causas en el año. De ellas, el 24,4% correspondió a casos pendientes del periodo anterior. Ese año, los tribunales dieron término al 49,1% del total de controversias acumuladas. Las demandas civiles representaron la mayor cantidad de asuntos (47,5%) acumulados ese año. 
  
  

• Durante el primer año de vigencia del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, se registraron 296 denuncias penales por cada cien mil habitantes. Es decir, un promedio de 58,5 denuncias por fiscal en ese periodo. 
  
  

• Según datos del Ministerio Público, cada juez del ámbito penal recibió en ese periodo un promedio de 30 nuevas causas y 109 expedientes acumulados de periodos anteriores que permanecían archivados y que fueron reabiertos. Al finalizar el primer año de funcionamiento del nuevo sistema (mayo de 2002), habían sido resueltas un total 61.532 causas. Es decir, 109 causas por juez penal y 147 causas por fiscal. 
  
  

• Los primeros informes de gestión indican que en el primer año de vigencia de la reforma, la duración promedio de los procesos criminales se habría reducido en porcentajes que van desde un 75% y hasta un 90% en relación con el sistema antiguo. 
  
  

• Según cifras de Interpol, al año 2000 se registraba una tasa de 111 estafas, 110 robos (incluidas todas sus categorías) y 32 homicidios voluntarios por cada cien mil habitantes.

Nota:
1/ Estimación hecha a partir del presupuesto institucional del sector público de 27.485.332.372 bolivianos (moneda nacional de Bolivia) correspondiente a la gestión 2001 y el presupuesto del sector justicia de Bs. 474.539.509, aprobados por Ley Financial 2.158 (12 de diciembre de 2000), para su vigencia en la gestión fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2001. El presupuesto justicia incluye los órganos del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo.