Tomado de:
Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Reporte sobre el estado
de la justicia en las Américas 2002-2003. Santiago de Chile, 2003.
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El sistema judicial de Colombia se basa en el derecho continental europeo (tradición romano-germánica). Aun cuando la oralidad está prevista para los procesos en las causas criminales y civiles, los procedimientos son predominantemente escritos.
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Una reforma constitucional aprobada en diciembre de 2002 establecerá el sistema acusatorio en las causas penales. Dicha reforma comenzará a operar de modo gradual en 2005 y deberá estar en plena vigencia el 1 de enero de 2009.
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En 2002 había en Colombia 3.257 jueces y poco menos de trece mil funcionarios en un total de 3.813
tribunales1 a nivel nacional. El país destinó ese año el 1,22% del presupuesto público a tribunales (equivalente al 0,4% del PIB).
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En
2001 ingresaron al sistema 1.301.190 nuevas causas. Aproximadamente la mitad (48,5%) correspondió a demandas civiles y comerciales, y menos de un tercio (29,5%) a causas criminales. En promedio, cada juez enfrentó una carga de trabajo de 400 causas, sin contar los casos pendientes del año anterior.
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Los tribunales lograron resolver el 97,7% de las causas ingresadas, pero en esa cifra no se incluyen las causas acumuladas de años previos. Los tribunales terminaron más causas criminales de las que ingresaron en el año (116%). Una situación similar, aunque en menor porcentaje sucedió con las controversias familiares y de menores.
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Ese año había además 3.644 fiscales, 1.131 defensores, 105.000
abogados2, 45.000 estudiantes de derecho, 118 facultades que impartían la carrera y 8.000 alumnos que culminaban sus estudios. Por cada cien mil habitantes, el país contaba con 7,4 jueces, 8,3 fiscales, 2,6 defensores, 240 abogados y 102,7 estudiantes de derecho.
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El país exhibía uno de los más altos niveles de crimen violento. Se registraban 70 homicidios por cada cien mil habitantes, pero ciudades como Bogotá lograban reducir significativamente esa tasa.
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Había en
el 2002, 130 personas en la cárcel por cada cien mil habitantes. El 43,7% de ellos permanecía en reclusión sin sentencia.
Notas:
1/ Incluye los Juzgados, Tribunales Superiores, Tribunales Administrativos, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. No incluye la Corte Constitucional ni los consejos de la judicatura.
2/ Número de abogados con tarjeta profesional, aptos para litigar. Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. El valor es aproximado.
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