Tomado de: 
Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Reporte sobre el estado 
de la justicia en las Américas 2002-2003. Santiago de Chile, 2003.

• El sistema judicial de Costa Rica se basa en la tradición jurídica del civil law o derecho continental europeo. El país fue uno de los primeros en la región en introducir la oralidad y un sistema mixto en los procedimiento penales en 1973. En 1998 entró en vigencia una segunda reforma al sistema de enjuiciamiento criminal que transfirió al Ministerio Público las funciones de investigación y acusación de los delitos. Actualmente se planea incorporar la oralidad en los procedimientos de todas las materias. 
  
  

• La Constitución establece que el Poder Judicial debe recibir anualmente no menos del 6% del presupuesto público. En 2001, a la institución le fue asignado el 6,4% de ese presupuesto. Sin embargo, en ese monto se incluyen las asignaciones específicas para el Ministerio Público y la Defensa Pública, como órganos auxiliares dependientes del Poder Judicial. El presupuesto destinado a tribunales representó ese año el 5,16% del presupuesto público, equivalente a 0,69% del PIB de ese año¹.
  
  

• Al año 2001, por cada cien mil habitantes, el país contaba con 16 jueces, 6 fiscales, 6 defensores y 19 funcionarios policiales dedicados a apoyar el trabajo de investigación del Ministerio Público. El número de jueces aumentó en 125% desde 1990 a 2003 (ese último año había en el país un total de 683 jueces). 
  
  

• En promedio, durante 2001 cada juez enfrentó una carga de trabajo de 885 causas (consideradas las causas nuevas y pendientes del año anterior), y logró dar término al 44,8% de los asuntos acumulados durante el año. 
  
  

• De las causas ingresadas en 2001, 44,5% correspondió a asuntos criminales, 27% a demandas civiles y comerciales, 12,5% a controversias de familia y menores, 8,3% a conflictos contencioso-administrativos y 7,6% a causas laborales. 
  
  

• Según la Corte Suprema de Justicia, en 2001 se registraron 2.397 delitos por cada cien mil habitantes. De esa tasa 491 correspondió a delitos contra la propiedad y 6 a homicidios. 
  
  

• Al término del año 2000, había un total de 4.294 personas privadas de libertad en los recintos penitenciarios del país². Se registraba así una tasa de 113 internos por cada cien mil habitantes. De ellos, el 30% correspondía a personas recluidas sin que un tribunal haya dictado sentencia condenatoria en su contra.

Notas:
1/ Sin embargo, dentro de esa asignación no fue posible desagregar el monto destinado al Organismo de Investigación Judicial. Corte Suprema de Justicia, respuestas al cuestionario.
2/ Idem. Se indica como fuente el Anuario Judicial de 2000.