Tomado de:
Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Reporte sobre el estado
de la justicia en las Américas 2002-2003. Santiago de Chile, 2003.
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El sistema judicial de Ecuador se basa en la tradición del civil law o derecho continental europeo. La Constitución de 1998 (Artículo 194) estableció que los procedimientos judiciales en todas las materias deben ser resueltos mediante un sistema oral. Una de las disposiciones transitorias estableció un plazo hasta agosto de 2002 para que se implemente esta normativa. A agosto de 2003, esta disposición se había aplicado (normativamente) sólo en los ámbitos procesal penal, laboral y en la jurisdicción de niñez y adolescencia.
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En julio de 2001, entró en vigencia un nuevo Código de Procedimiento Penal que reemplazó el sistema inquisitivo, escrito y secreto, por uno de tipo acusatorio, oral y público. En la práctica, sin embargo, la reforma se ha topado con una fuerte tradición jurídica que mantiene los usos del sistema inquisitivo escrito.
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El país destinó en 2001 el 1,51% del presupuesto público al Poder Judicial, equivalente a 0,43% del PIB de ese
año1.
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En 2002 había un total de 681
jueces2, 323 fiscales3 y 32 defensores públicos. Se registraba así, una tasa de 5,6 jueces, 2,7 fiscales y 0,3 defensores públicos por cada cien mil habitantes.
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De acuerdo con cifras de Interpol, en 1999 se registraban en Ecuador, por cada cien mil habitantes, 26 homicidios, 6 violaciones, 36 lesiones graves, 96 robos con violencia, 165 robos con fuerza en las cosas y 59 estafas.
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A junio de 2002, había un total de 7.716 personas privadas de libertad en los recintos penitenciarios del
país4. De ellos, el 69,9% correspondía a personas que estaban en prisión sin que un tribunal haya dictado sentencia en su contra.
Notas:
1/ Elaboración propia a partir de los datos citados en las respuestas a nuestro cuestionario enviadas por el Ministerio Público. El presupuesto incluye: Función Judicial, Consejo Nacional de la Judicatura; y cortes y juzgados. En la información enviada, atribuida a la Corte Suprema de Justicia, se indica que el presupuesto destinado a esas instituciones en 2001 representaba el 0,41% del presupuesto general del Estado.
2/ Dirección Nacional de Recursos Humanos de la Corte Suprema, 2002, y Fundación Esquel.
3/ Fundación Esquel, "Evaluación de la reforma procesal penal en Ecuador", Informe de Ecuador, en CEJA, Seguimiento de los Procesos de Reforma Judicial en las Américas, 2003; Informe del Ministerio Público, 2002.
4/ International Centre for Prison Studies, World Prison Brief.
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