Tomado de:
Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Reporte sobre el estado
de la justicia en las Américas 2002-2003. Santiago de Chile, 2003.
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La administración de justicia está a cargo del Poder Judicial, quien ejerce su función a través de la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales y los Juzgados.
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Según el Ministerio de Economía y Finanzas, de la Contaduría General de la Nación, para el año 2001, Uruguay destinó al Poder Judicial $ 946.453, cantidad que significó un 0,39% del porcentaje del PIB y un 1,64% del presupuesto total del sector público.
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El procedimiento judicial en materia de acción penal pública se basa en un sistema mixto, escrito y oral en el caso de algunos delitos y faltas.
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En el caso de los procesos civiles ordinarios, se basa en la tradición del civil law, regido por un principio dispositivo, en un proceso por audiencia.
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Al año 2000, había cada 100 mil habitantes un promedio de 15,5
jueces1.
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En el año 2001 habían 63 fiscales, lo cuales se distribuyen en 14 Fiscalías Nacionales en lo Penal en Montevideo, y 49 Fiscalías Letradas Departamentales en el Interior. Para ese mismo año se calculaban 1,88 fiscales por cada 100 mil
habitantes2.
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En el 2001 ingresaron 5.618 causas penales en todo el país y un total de 10.680 denuncias penales. La duración promedio de las causas fue en el mismo año de 8 meses y un año (desde que el sistema toma conocimiento del delito hasta que la sentencia se encuentre ejecutoriada).
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El porcentaje de internos sin sentencia, a marzo de 2002 era de 72,5%.
Notas:
1/ Ministerio Público Fiscal, año 2001.
2/ Ministerio Público Fiscal, año 2001.
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