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Uno de los principales problemas que enfrentan las investigaciones y los procesos judiciales de violaciones de derechos humanos es que estos, a pesar de sus particulares características, son parte de la carga procesal normal de cualquier fiscal o juez penal, sin que hasta la fecha se le haya dado la prioridad que exigen.
Actualmente existe una cantidad considerable de procesos penales por crímenes contra los derechos humanos que ante las denuncias formuladas por el Ministerio Público han sido abiertos por juzgados del Poder Judicial en diferentes zonas del país. Tales procesos no solo tienen que lidiar contra la complejidad del propio caso y las estrategias de defensa de los perpetradores, sino también contra el hecho de que los jueces penales o mixtos a cargo de estos casos lo hacen en el poco tiempo que le dejan los cientos o miles de expedientes de delitos comunes que tienen que resolver.
Tomando en consideración este hecho la Comisión de la Verdad y Reconciliación recomendó la creación de un subsistema penal para procesar los crímenes y violaciones a los derechos humanos. Este subsistema debería comprender a juzgados y sala penales, fiscales provinciales y superiores, así como procuradores especializados. La duración de este sub sistema -a criterio de la Comisión de la Verdad- debería ser temporal y su instalación debería comprender aquellos departamentos en los que se ha manifestado un mayor porcentaje de las violaciones de derechos humanos. Entre ellos están sin duda Ayacucho, Huancavelica, Junín, Huánuco, San Martín, Apurímac, entre otros.
Esta propuesta fue presentada al Poder Judicial y al Ministerio Público hace más de un año y en ese tiempo es poco lo se ha avanzado. Sólo el Ministerio Público ha creado dos fiscalías provinciales especializadas en casos de derechos humanos en Ayacucho y en Lima y ha encargado la investigación de estos casos a fiscales de Huancayo, Coronel Portillo y Huancavelica, pero manteniendo éstos su carga procesal regular. También ha creado una fiscalía superior penal con sede en Lima.
Estamos plenamente convencidos que el sistema penal de justicia no está organizado para enfrentar este tipo de casos y este tipo de crímenes cometidos desde el poder pero tampoco ha mostrado la voluntad política para querer hacerlo. Hoy, esa es la deuda de las instituciones que lo conforman con las víctimas de los crímenes contra los derechos humanos y con el propio Estado de derecho. Por ello, es indispensable e impostergable que esta recomendación de la CVR se materialice.
En ese sentido es importante la decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de discutir la creación de este sub sistema penal, el mismo que, de acuerdo a las propuestas sometidas a esta instancia, tendría efectivamente una creación progresiva de acuerdo a los requerimientos. Es decir, es probable que al inicio no sean designados todos los jueces que sean necesarios, pero en un tiempo prudencial se debe contar con ellos.
Además, si bien no es ninguna novedad que el Poder Judicial carece de los recursos presupuestales necesarios, también es cierto que este dato no puede convertirse en el pretexto para que la justicia se cruce de brazos ante un problema de primer orden como es el juzgamiento de estos crímenes. Por ello, la posibilidad de que este sub sistema se estructure a partir que la organización de la actual Sala Nacional de Terrorismo, la misma que proporcionaría sus recursos, logística y algunos magistrados (jueces y vocales superiores) es una alternativa enteramente viable y que merece nuestro respaldo.
Ante la necesidad y exigencia de justicia en el tema de derechos humanos resulta necesario expresar en hechos concretos una política judicial que responda a esa expectativa y en ese sentido es aconsejable replicar la experiencia del sub sistema penal anticorrupción, el que más allá de las deficiencias propias de un órgano judicial se ha convertido en una respuesta eficaz frente al crimen organizado cometido por una mafia enquistada en el poder.
Frente a ello, el Poder Judicial tiene la oportunidad de romper con el pasado y comenzar a saldar una cuenta histórica con la sociedad peruana.
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