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El país sigue indignado por aquellas escenas transmitidas por la televisión, en las que Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre, Martha Huatay y otros miembros de la cúpula senderista aparecen en la sala en la que están siendo juzgados con el puño en alto y abrazándose entre ellos.
Y no es para menos. Pese a la edad de los involucrados, hay algo de pornografía y hecha en casa. En lugar de quedar claro que estaban sentados en el banquillo de los acusados, derrotados, repudiados y camino a una severísima condena, como corresponde por sus gravísimas responsabilidades en la comisión de miles de atentados terroristas, se les permitió enviar su mensaje a la Nación: nada de arrepentimiento y hasta orgullo por su monstruosa obra.
Nunca debió ocurrir y ofende a todos, especialmente a las víctimas directas de la violencia. Está bien, entonces, que haya habido y siga habiendo expresiones de rechazo. "Ni la más mínima concesión frente al terrorismo" es un cliché, pero vale. Recordemos siempre que este tipo de personajillos, por más insignificantes que sean moral, ideológica y políticamente, en países como el nuestro pueden desatar una espiral de violencia y echar a andar una maquinaria de muerte y destrucción.
Sin embargo, a partir de ahí se ha producido una serie de reacciones que no hacen sino completar lo patético y grave de la escena.
Una vez más, y como si nada hubiese cambiado, hay quienes recurren a la histeria como respuesta. Y en estado de excitación total se puede sostener cualquier cosa: desde que el ángulo del brazo de Guzmán era un mensaje para los senderistas del Huallaga (supuestamente a punto de tomar el poder), hasta que hay que instaurar de nuevo tribunales militares sin rostro, sentar a la CVR en el banquillo de los acusados y salirnos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, otra vez la mala de la telenovela.
Ni la más mínima objetividad sobre el estado de derrota en que, para bien del país, se encuentran Sendero Luminoso y el MRTA, ni sobre las verdaderas causas que permitieron que un grupúsculo como SL pudiera casi derrotar a todo un país, o sobre lo que, finalmente, cambió el curso de la guerra (para nada la mano dura o la represión indiscriminada). Menos aún sobre la agenda pendiente que dejó tanta "barbarie contra barbarie" durante casi veinte años, en la que está incluida la necesidad de "sanear" legalmente las condenas de quienes, siendo culpables, fueron juzgados innecesariamente al estilo Fujimori-Montesinos, es decir, sin respetar ni el más mínimo estándar universal (juicios sumarios realizados por tribunales militares sin rostro con una legislación cuestionada por todo el mundo).
La amnesia mental y emocional opera de nuevo. Todo vuelve a quedar en el olvido, y lo que parecían avances irreversibles en materia de valores democráticos y derechos humanos se desvanecen en un instante. Por lo menos en un buen número de autoridades, políticos y -cómo no- periodistas y medios de comunicación, todos hasta hace muy poco en la línea democrática de lo políticamente correcto. Y eso es mucho más peligroso que haber visto de nuevo a la envejecida cúpula de SL con el puño en alto, porque si hay algo que fue cómplice y le hizo el juego a los senderistas y emerretistas, fueron los errores que desde nuestro lado (estado y sociedad) cometimos a la hora de combatirlos. Al respecto, recomendamos leer lo que dice el Informe de la CVR y no volver a los discursos de Fujimori.
¿Cuándo cambiará el Poder Judicial?
También llama la atención la reacción, o más bien la falta de reacción del Poder Judicial. En lugar de salir inmediatamente a reconocer lo absurdo y grave de lo sucedido, intenta tapar el sol con el dedo y de una u otra manera se activa el famoso "espíritu de cuerpo", tan común en el país. Como que si se creyera que reconocer una mala actuación, aunque haya sido involuntariamente y porque simplemente se perdió el control de la situación por falta de previsión (nuestra hipótesis, en este caso), atentara siempre contra la institución. Es al revés: cerrar filas y los ojos ante la crítica con fundamento, perjudica al conjunto, incluidos los buenos magistrados, aquellos y aquellas que, nos consta, están en una serie de ámbitos haciendo verdaderos esfuerzos por ponerse a la altura de las circunstancias.
¿Qué hubiera ocurrido si las autoridades del Poder Judicial y hasta los mismos jueces que permitieron la vergonzosa escena hubiesen salido inmediatamente a reconocer el mal manejo de la situación, explicando que es absurdo hablar de complicidad, pero sí asumiendo responsabilidades y planteando soluciones?
Estamos seguros de que una actitud como esa hubiera gozado de la comprensión y el respaldo de la ciudadanía, marcando un antes y un después en términos de actitud del Poder Judicial, impedido la histeria referida y -lo deseado por el Poder Judicial- evitado un nuevo cargamontón contra los jueces. Reaccionando así se les habría, además, cerrado el paso a quienes, oportunistamente tratan igual que en el pasado, usar el tema de la violencia para jalar agua para su molino con fines nada santos.
Quienes estamos empeñados en colaborar en que el sistema de justicia en general se redignifique y se reconcilie con la población, pero a partir de hechos y no palabras (camino que, por ejemplo, están transitando algunos jueces y fiscales anticorrupción), creemos que la oportunidad está aún vigente. Es necesario hacer funcionar el mecanismo institucional que permita sacar del juzgamiento de Guzmán a quien o quienes han demostrado descriterio o ineficiencia. Y no vale decir que tal mecanismo no existe, porque eso sí puede generar una especie de linchamiento institucional por parte de la opinión publica, porque nos conduciría a un punto muerto, algo que en el caso de Guzmán y sus seguidores tendría una connotación especial.
¿Cuál podría ser ese mecanismo? No la recusación planteada por el Presidente de la República, dada su total falta de fundamento jurídico, cosa que ya muchos se han ocupado de señalar. Pero sí existen elementos para sustentar, o la inhibición a iniciativa de los mismos magistrados responsables (por favor, es lo mínimo que les toca hacer), o su exclusión del sistema nacional antiterrorista por decisión de la sala penal de la Corte Suprema que los incluyó, alternativa esta última que no atentaría contra el principio del "juez natural", por responder a una situación determinada y no a una consideración arbitraria que permita siquiera suponer injerencia. No se está planteando sanción, puesto que no hay pruebas de mala fe, pero sí un cambio a partir de lo que ha ocurrido y previendo mayores complicaciones.
Este tipo de desenlace aseguraría, también, que el caso Guzmán pase a jueces con mayor capacidad profesional en la materia. Recordemos que el sistema antiterrorista ha cumplido durante los últimos años buena labor, que se expresa en una serie de sentencias que nadie ha puesto en cuestión (se ha resuelto alrededor de 700 casos después de la sentencia del Tribunal Constitucional). A estas alturas, el país cuenta ya con magistrados experimentados en materia de terrorismo, dispuestos a demostrar la compatibilidad entre el respeto irrestricto de las garantías del debido proceso y la sanción del delito.
El Poder Judicial tiene entonces la oportunidad de reivindicarse ante el país, de dejar atrás lo hecho en los años ochenta, cuando se convirtió en una coladera, y en los noventa, cuando muchas personas inocentes terminaron en las cárceles condenadas injustamente por terrorismo. Hay, además, una razón adicional para que el juicio a Guzmán tenga que ser impecable, y nos involucra a todos: la concepción democrática y de derechos humanos está en la mira.
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