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El
debate sobre el presupuesto judicial para el 2006 está a
punto de concluir en los peores términos posibles. Y ello no
sólo porque el Poder Judicial (PJ) se ha declarado en
emergencia, ha traído a Lima a todos los presidentes de Corte
Superior y su Consejo Ejecutivo se ha declarado en sesión
permanente, con el fin de presionar al Pleno del Congreso para
que no apruebe el dictamen de la Comisión de Presupuesto que
les otorga, finalmente, 50 millones más. También porque
estas medidas se toman en medio del proceso de extradición de
Fujimori, y se usa este delicadísimo contexto como parte de
la estrategia para dirimir el tema de recursos económicos.
Nadie
discute la existencia de múltiples carencias económicas en
el Poder Judicial, así como todos sabemos que es un mal endémico
que se presenta desde que somos república. Sin embargo,
tenemos que reconocer que vamos avanzando en el camino de la
ansiada independencia económica. De una parte, ya se dejó
atrás la larga etapa de maltrato en la que el PJ carecía de
iniciativa presupuestal y llegaba al Congreso previa
intermediación (encorsetamiento agudo) del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF). Y, de otra parte, porque dentro de
las restricciones por las que atraviesan todas las
dependencias públicas, la evolución de los recursos
destinados al PJ ha tenido un claro y sostenido signo
positivo. Veamos las cifras, a la luz de los montos totales
previstos en los presupuestos de apertura:
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Millones
de nuevos soles
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2001
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2002
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2003
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2004
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2005
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2006
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444
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532
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557
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554
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641
|
737
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Fuentes:
MEF, Exposición de Motivos de la Ley de Presupuesto para el
sector público. Dictamen de la Comisión de Presupuesto del
Congreso.
De
estos datos salta a la vista que el empeño de las autoridades
del PJ en mejorar su recursos está dando resultados muy
significativos. La Comisión de Presupuesto del Congreso les
ha aprobado 50 millones adicionales a los 46 millones ya
previstos por el MEF en su propuesta de fines de agosto. Es
decir, que para el 2006 el PJ tendrá un 13% más de recursos
(96 millones), lo que viene a ser el mayor aumento de los 6 años
expuestos, debiendo hacerse notar que el segundo mayor aumento
(2002) se originó en la homologación de sueldos de los
magistrados, que pasaron a estar entre los mejor pagados de la
región. Es cierto que estamos lejos de la duplicación de
presupuesto solicitada por el PJ, pero también que lograrla
es imposible con las limitaciones existentes en la caja
fiscal.
Pero,
además, también es evidente que entre el 2001 y el 2006, el
PJ ha tenido un incremento presupuestal de 66%. Y esto, en una
país con las restricciones presupuestales de todos conocidas,
demuestra que los reclamos judiciales están teniendo eco.
Quizás no todo el que se requiera, pero es innegable que los
demás sectores básicos, como educación, salud o seguridad
ciudadana miran con inocultable envidia esta performance
presupuestal.
Tampoco
nos queda duda que para mejorar aún las posibilidades de
obtener recursos públicos no se debe transitar por el camino
sugerido por el Premier Kuscinsky, en la medida en que
aumentar los cobros a los litigantes genera una barrera económica
de acceso a la justicia que acrecentaría los problemas que ya
tiene nuestro sistema de justicia en este campo.
Sí
estamos convencidos de que para seguir en esta línea de
crecimiento presupuestal es imprescindible que la ciudadanía
comience a ver mejoras sustantivas en el servicio de justicia
que recibe del Estado. Al respecto, si cruzamos las líneas de
comportamiento del presupuesto judicial y de la aprobación
ciudadana de este poder del Estado, veremos que tienen sentido
totalmente opuesto, dado que en el mismo período la aprobación
ciudadana ha sido la siguiente:
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Aprobación
ciudadana del Poder Judicial (%)
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2001
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2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
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33
|
22
|
16
|
11
|
11
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Fuentes:
Apoyo e Imasen
Mientras
que el presupuesto creció en dos tercios (66%), la aprobación
ciudadana se convirtió en un tercio de la correspondiente al
período inicial. De allí que resulta plenamente justificado
el reclamo respecto de la ausencia de resultados que hasta la
fecha viene mostrando el PJ.
Esta
situación demuestra claramente que el problema principal no
pasa únicamente por mayores recursos, en la medida que la
ausencia de un plan de reforma (ahora en los predios del PJ ya
no se habla ni siquiera de autorreforma) llevaría simplemente
a tener más de lo mismo, con todas las deficiencias que ello
implica. Y no hay que inventar nada al respecto, puesto que
contamos con el Plan de
Reforma Integral de la Justicia que elaboró la CERIAJUS, en
la que estuvieron representadas todas las instituciones que
componen el sistema de justicia y la sociedad civil.
Aunque
sea por pragmatismo puro, se debe comenzar a salvar la
asignatura pendiente en el campo de la impartición de
justicia. Por supuesto que los que creemos firmemente en ella,
como instrumento para construir una vida civilizada, con
respeto de los derechos y eliminación de los abusos y la
violencia, a partir de una solución pronta, predecible y
justa de los conflictos, seremos los primeros en celebrar.
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