|
Sacando de escena al tema de la imprescindible reforma del sistema de justicia, desde que el Congreso aprobó el proyecto de ley que fijaba en 15,600 soles los ingresos los magistrados supremos (el jueves 28 de setiembre), el conflicto entre el poder legislativo y el judicial ha dominado claramente el frente mediático, habiéndose sumado a éste también el poder ejecutivo, cuando el presidente Alan García señaló que observaría la ley porque “en el caso de los congresistas se habla de remuneración y a los magistrados se les ha puesto ingreso total”
(todos los diarios, 05/10/06).
Confiando en que esta discusión termine y la mira vuelva a colocarse en la discusión de las reformas de fondo, debemos señalar que la razón aludida para la observación de la ley nos muestra uno de los ángulos de un problema muy complejo que viene reclamando una solución integral: el ingreso de los magistrados sigue dividido en tres componentes (sueldo, bono jurisdiccional y gastos operativos), sin que exista ninguna justificación para ello, una vez reformado el régimen pensionario establecido por el Decreto Ley N° 20530.
El poder ejecutivo ha anunciado también el planteamiento de una iniciativa legal para terminar con tal tripartición, dándole un tratamiento unitario a la retribución de los magistrados, pero ello no habrá resuelto totalmente el problema, a pesar de que éstos han señalado que tras tal medida aceptarán la redefinición remunerativa. Hay pendientes algunos temas que deberán abordarse para que se pueda pasar la página y que el tema salarial vuelva a salir de la agenda judicial y fiscal.
En primer lugar, tal proyecto de ley tiene que abordar el tema de la unificación de conceptos retributivos para toda la magistratura y no sólo para quienes están por encima del tope de los S/. 15,600. Y ello implica poner orden también en la fuente y partida de los que proviene cada componente, con lo que todo deberá estar en la partida denominada “personal”, viendo cómo se hace para incorporar en ella los ingresos propios que ahora se dedicaban a cubrir el bono jurisdiccional, así como los que están bajo la partida “bienes y servicios” (que son el monto mayor que se paga como gastos operativos).
En este rubro, además, deberá tenerse en cuenta que, de acuerdo a lo sentenciado por el Tribunal Constitucional, debe concluir el trato diferenciado entre magistrados titulares y suplentes, en tanto que estos últimos no perciben los gastos operativos, equiparándolos remunerativamente.
Paralelamente, se debe discutir si la remuneración de los cargos electivos debe tener un trato simétrico con la de los funcionarios que requieren de las máximas calificaciones. Es cierto que este tema está regulado por la Ley N° 28212, que no hace ninguna distinción al respecto, y establece una pirámide que comienza con el Presidente de la República y continúa con los congresistas, magistrados supremos, etc.; pero también lo es que resulta necesario que el Estado pueda contar con profesionales de primera línea (no sólo en la judicatura, por cierto). De otro modo, no sólo se cerrará la posibilidad de ingreso de gente muy calificada sino que incluso se puede generar un proceso de salida de profesionales destacados del sector público.
En tal dirección, se vuelve imperativo discutir de una buena vez la Ley General del Empleo Público, que quedó prácticamente lista en la anterior legislatura, de modo que dé pasos significativos en el proceso de institucionalización del Estado y se termine con la cuestionable práctica estatal de dejar las cosas a medio camino, una vez pasada la tormenta que las puso en el candelero. En ella, el debate sobre el sistema salarial (único o matizado, fijo o vinculado al cumplimiento de metas, etc.) debe ocupar el tiempo necesario para que la ley se convierta en el eficiente instrumento de modernización del Estado que se requiere a gritos.
Finalmente, hay que lamentar la imagen transmitida por las autoridades judiciales y fiscales que, por alguna razón no explicitada, en lugar de plantear la solución integral al tema de las remuneraciones de todos los magistrados, diseñaron una estrategia que fracasó en todos los terrenos: solicitaron una modificación legal que no sólo se produjo sino lo hizo en los peores términos para sus intereses.
|
