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En mayo de 1980 Sendero Luminoso (SL) le declaró la guerra al Estado y a la sociedad peruana. A partir de ese momento se inició uno de las etapas más violentas y sangrientas de nuestra ya convulsionada historia republicana. Sendero pretendió fundar la llamada República Popular de Nueva Democracia, que no era otra cosa que la nomenclatura de un orden totalitario, y para conseguirlo sembró el terror, la muerte y la destrucción durante casi dos décadas.
Por ello, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha señalado que “… el PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos...” (Informe Final de la CVR. Conclusiones Generales. Tomo VIII).
Si bien los innumerables actos criminales perpetrados por el senderismo fueron cometidos por quienes asumieron la condición de militantes de esa organización, la estrategia política y los objetivos de ésta fue pensada, diseñada y ordenada por la cúpula dirigencial de Sendero Luminoso, en cuyo vértice superior se ubicó Abimael Guzmán Reynoso.
Los crímenes cometidos por el senderismo son crímenes perpetrados por una organización. Esto hay que tomarlo muy en cuenta puesto que, si bien hay autores individuales, cada uno de los hechos criminales fue parte de un plan criminal ejecutado por la organización para facilitar la conquista del poder. En ese sentido, este tipo de casos señalan un nivel de responsabilidad penal de los ejecutores materiales de los asesinatos o atentados dinamiteros, pero sobre todo determinan un fundamental nivel de responsabilidad penal de quienes tenían una posición de dominio de los hechos en aquella organización. Esos son los jefes y en especial Guzmán Reynoso, quien además se encargó de diseñar una estructura de mando al interior de SL para garantizar su permanencia en él.
Si bien la captura del Guzmán y de buena parte de la cúpula senderista, en setiembre de 1992, constituyó un punto de quiebre en el proceso de violencia política, su juzgamiento y condena por tribunales militares no solo arrastraba la insuperable irregularidad de haber sido hecho por un tribunal castrense incompetente, tal como ocurrió con algunos cientos de otros procesos judiciales, si no que –además- todo ello había ocurrido durante una dictadura.
La anulación de los procesos y sentencias por terrorismo emitidas por el fuero militar, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional en enero de 2003, le dio la posibilidad a la democracia peruana de someter ante sus tribunales a quienes fueron los principales responsables del conflicto armado interno que atravesó nuestro país.
El Perú tenía la impostergable necesidad de desarrollar un proceso de saneamiento legal –y político también- de los procesos judiciales por terrorismo, desarrollados tanto en el Poder Judicial y el fuero militar bajo el reinado de los tribunales sin rostro. De no haberlo hecho nuestro país, con seguridad, hubiera sido objeto de otras sentencias de instancias internacionales, ya que gratuitamente se le brindaba al senderismo la justificación casi perfecta para alegar una violación de las reglas de independencia, imparcialidad y competencia exigible a todo tribunal.
Este viernes 13 de octubre el juicio oral iniciado hace más de un año por la Sala Penal Nacional, que preside el vocal Pablo Talavera, terminará con la sentencia condenatoria contra Abimael Guzmán y todos los integrantes de la cúpula senderista. En el curso de este proceso judicial los jueces de la Sala Penal no solamente han desarrollado un proceso en estricto respeto del debido proceso, sino que además han logrado construir el sustento probatorio necesario para demostrar los crímenes y las responsabilidades penales de los integrantes de la cúpula. Labor que inexplicablemente tuvo entre sus principales obstáculos y detractores al encargado de la Procuraduría para casos de terrorismo.
A todas luces, la sentencia tendrá un doble valor y significado. El valor de señalar los crímenes perpetrados por la organización Sendero Luminoso y de aplicar las sanciones penales que correspondan (probablemente cadena perpetua) a quienes tuvieron la condición de jefes de la organización, y el valor de que será una condena impuesta por los jueces de la democracia.
Esto es fundamental en un país como el nuestro, demasiado acostumbrado a la impunidad de toda marca. Por ello es bueno consignar las palabras de Ignacio Tacas, presidente del Comité de Víctimas de la Violencia de San Juan de Lucanamarca, poblado arrasado por órdenes de Guzmán:
“… ha llegado el tiempo de la justicia…”
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