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Si
partimos por asumir que la forma cómo se establecen los
gastos en el presupuesto de una institución pública permite
corroborar cuánto de lo que se sostiene en teoría, se hace
en la práctica, podemos concluir que la asignación de montos
dinerarios verifica qué tan cierto es el discurso que se
pregona sin caer en la demagogia. Así, para el presupuesto
del 2007 del Poder Judicial existe un déficit preocupante, lo
cual se desprende de la fijación de recursos formulada para
el próximo año, en la que débilmente se busca atender el
derecho al acceso a la justicia de la población rural y
urbano marginal del país.
Podemos
estar de acuerdo o no con que se asignen mayores recursos en
el presupuesto de este poder del Estado y que se usen con
eficiencia, se puede discutir los criterios cómo se deben
ejecutar los gastos, pero lo que llama la atención, y merece
una total desaprobación, es la omisión respecto a la búsqueda
de un mejoramiento del acceso a la justicia de la población
pobre del país, como se desprende del Informe sustentatorio
de la propuesta de presupuesto institucional para el 2007, que
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial presentó, el pasado
25 de julio, al Ministerio de Economía y Finanzas.
Sorprende
por ejemplo, y por decir lo menos, que la propuesta en mención
no incorpore alguna partida específica para atender a la
justicia de paz, la que desempeña un papel singular en la
superación de las diversas barreras de acceso que tiene la
población para satisfacer su derecho a un recurso oportuno
que resuelva los conflictos de relevancia jurídica.
Efectivamente, una revisión de dicho documento refleja la
pobre consideración que las autoridades del Consejo Ejecutivo
tienen de los más de 5,000 jueces de paz existentes en el país,
al no incorporarlos dentro del presupuesto, ya sea para
percibir algún tipo de apoyo en materiales o en la capacitación
que deberían recibir, por no referirnos a cosas mayores como
una subvención por los traslados y diligencias fuera de
despacho.
Se
aprecia entonces, una manifiesta incoherencia entre el
discurso y la realidad. Discurso que el presidente del Consejo
Ejecutivo, Walter Vásquez Vejarano, al inicio del año
judicial 2006 sostenía: “...Reitero mi convicción forjada durante
muchos años de función de que la Justicia de Paz debe ser
impulsada por el Poder Público en dimensión que exige el
esfuerzo de más de 7,000 Jueces que desarrollan labor
jurisdiccional en Costa, Sierra y Selva sin remuneración
alguna, desprovistos de ayuda material, pero premunidos de un
leal entendimiento sobre la necesidad de restaurar la paz y la
armonía en sus comunidades” (Extracto del discurso pronunciado el 2 de enero del 2006 en
Palacio de Justicia).
Lo que por cierto, tal planteamiento no ha tenido la debida
aplicación práctica en el año transcurrido, cuando lo que más
bien se ha evidenciado ha sido el olvido hacia este sector de
la magistratura y una total reticencia a aprobar el reglamento
de la ley de elección de los jueces de paz, no importando si
con ello se dejaba a una comunidad o población sin su juez de
paz.
Cabe decir que se hace evidente que la raíz del problema radica en
que la propuesta de presupuesto del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial radica en
una concepción de acceso a la justicia
restringida a la creación y equipamiento de unidades
jurisdiccionales (salas, juzgados especializados, juzgados de
paz letrados). De esta manera, se desconoce que el drama de
un 30% de peruanos
que carecen de acceso efectivo a un remedio que
solucione sus conflictos, no se resolverá solamente con la
ampliación de la cobertura estatal de administración de
justicia, sino que requiere de medidas adicionales que
signifiquen el reconocimiento de los mecanismos comunitarios
de administración de justicia,
como son los regulado el artículo 149° de la Constitución
Política (Comunidades Campesinas y Nativas) y la Justicia de
Paz, normada en el artículo 152° del texto constitucional.
Es
decir, dentro de una concepción integral de acceso a
la justicia no solamente debemos atender los aspectos
cuantitativos o cualitativos (por ejemplo, la mejora de la
atención hacia los litigantes en los recién creadas unidades
jurisdiccionales), sino, promover una transformación de todo
el sistema de administración de justicia, incluido el Poder
Judicial, promoviendo una visión diferente donde la inclusión
de sectores tradicionalmente marginados como mujeres, niños,
indígenas, pobladores de pocos ingresos, discapacitados, etc.
sea también la regla y no la excepción.
Es
contrario a una política pública incluyente sobre el sistema
de administración de justicia insistir en una estructura
judicial centralizada, concentrada únicamente en la creación
de más juzgados especializados o letrados, lo que no brinda
una adecuada respuesta a las necesidades jurídicas de la
población objetivo. Siendo este tema una preocupación que no
es reciente ya que sólo por citar dos documentos de amplia
legitimidad, se apreciará que no estamos ante un asunto de
menor importancia. En primer lugar, la 28° Política Pública
aprobada por el Acuerdo Nacional en el 2004 que señalaba la
plena vigencia
de la Constitución, de los derechos humanos y acceso a la
justicia e independencia judicial, comprometiéndose los
firmantes a:
“...garantizar el acceso
universal a la justicia, la promoción de la justicia de paz y
la autonomía, independencia y el presupuesto del Poder
Judicial así como regular la complementariedad entre éste y
la justicia comunal. Asimismo, nos comprometemos a adoptar políticas
que garanticen el goce y la vigencia de los derechos
fundamentales establecidos en la Constitución y en los
tratados internacionales sobre la materia”.
Mientras
que en segundo lugar, la Comisión Especial de Reforma
Integral de Administración de Justicia (CERIAJUS) señaló
que “el principal problema de justicia en el Perú son sus
serias limitaciones al acceso universal de los ciudadanos a la
justicia”, encontrándose sus causas en “la existencia de
barreras geográficas, económicas, lingüísticas y
culturales que afecta la condición de igualdad”.
Por
lo señalado, exhortamos a las máximas autoridades del Poder
Judicial a corregir esta omisión y a ser coherentes con su
discurso. No hacerlo así significaría que, una vez, más se
colocan de perfil ante esta demanda fundamental de los que
menos tienen.
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