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Hace semanas se viene señalando la importancia de la elección de los cuatro nuevos integrantes del Tribunal Constitucional (TC), para la vida jurídica y política del país. Desde diversos sectores se ha destacado la necesidad de que el Congreso de la República (órgano encargado de la elección) esté a la altura de las circunstancias, deje a un lado intereses partidarios y tome en cuenta, esencialmente, el conjunto de cualidades que los postulantes deberán cumplir a fin de asegurar de que esta institución —máximo órgano de la justicia constitucional y protector último de los derechos humanos— continuará con la aprobación y legitimidad jurídica que hasta la fecha tiene entre la población. Junto a estas características también ha sido mencionada, aunque no con la suficiente fuerza y convicción, la necesidad de que dentro de esta significativa elección estén incluidas mujeres.
Ahora bien, el tema no es sencillo. Lamentablemente, del abultado número de 72 postulantes al TC
(El Peruano, 28/02/07), sólo 4 son mujeres. Los motivos de esta situación son muy complejos para tener una sola explicación: tal vez la mayoría de los que cumple los requisitos de postulación son los abogados, o de repente son “ellos" los que consideran tener mayor posibilidad de obtener un puesto dentro de este órgano de justicia debido a los antecedentes (sólo una mujer integró este órgano en los accidentados veinte años de vida del mismo) y, de seguro, esta situación es consecuencia de la falta de una campaña de impulso a las candidaturas de juristas mujeres. Lo que sí está claro es que sólo el 5% de los candidatos al TC son mujeres, y el Congreso tendrá que elegir a los jueces constitucionales con esa abismal disparidad.
Lejos de discusión está que tanto “las” como “los” postulantes deberán cumplir los requisitos de calidad académica, trayectoria democrática, independencia, capacidad de trabajo, que requiere el cargo de juez o jueza constitucional. El Congreso, mediante su Comisión Especial, deberá encargarse de evaluar bien los currículos, hojas de vida y antecedentes de todos los aspirantes, y poner a la luz pública los motivos que los lleven a descartar ciertas candidaturas. No dudamos de que algunas de las candidatas cumplan con lo requerido. En ese sentido, los parlamentarios, principalmente los integrantes de la Comisión Especial (compuesta sólo por varones), deberían considerar incluir por lo menos a una mujer en la propuesta de candidatos que presenten al pleno del Congreso.
Ciertamente, tan importante nombramiento, amerita que el Congreso tome en cuenta que estamos en un país en el que viven cerca de trece millones y medio de mujeres (un poco más del 50% de la población peruana) y que, históricamente, la equitativa división de la población entre lo masculino y femenino no se ha exteriorizado al momento de elegir a los funcionarios públicos de alto nivel, pese a los esfuerzos de varias organizaciones feministas, la Defensoría del Pueblo y otros sectores con propuestas e iniciativas a favor de ello. Lo cierto es que la nominación de abogadas al TC, sería un buen mensaje del Parlamento hacia los peruanos y peruanas, en relación a políticas públicas de inclusión femenina e igualdad real entre hombres y mujeres, que desde la elección de los integrantes del gabinete ministerial no se ha vuelto a mencionar.
Junto a lo señalado, otro tema que también hay que tener en cuenta, y que refuerza la necesidad de incluir a mujeres, y una visión de género, dentro de los más altos órganos de administración de justicia, como lo es el TC, es el carácter eminentemente masculino (por no decir machista) del mundo del derecho en el Perú. Diferentes estudios han demostrado que el derecho peruano, sus normas e instituciones jurídicas, dista mucho de ser una materia neutra y objetiva, debido a la forma en que están planteadas varias instituciones jurídicas o por el sesgo cultural que se exterioriza al momento de interpretarlas (lo que ocurre especialmente en ramas como el derecho penal o el derecho de familia). Y si bien el enfoque de género dentro del derecho no necesariamente la tienen las abogadas (existen también abogados preocupados e impulsando estas reformas), lo que si es verdad es que, debido al bagaje social y cultural de nuestro país las mujeres continúan en una posición de desventaja en el mundo jurídico.
Aunque a primera vista no lo parezca, la hegemonía masculina y los criterios sexistas que, asombrosamente, todavía siguen fuertemente arraigados en nuestra cultura jurídica, justifica que se busque una representación tanto de varones y mujeres en los diferentes órganos de administración de justicia, a fin de que tengamos un adecuado reconocimiento (y no invisibilización) de la labor de las mujeres en la vida jurídica del país, y junto con ello una interpretación más inclusiva e igualitaria de las reglas de derecho. No obstante que ahora será muy difícil conseguir un verdadero equilibrio de género dentro del Tribunal Constitucional, dada la mínima postulación de mujeres a este órgano (será complicado que se nombren a 3
ó 4 abogadas al TC), el Congreso debería garantizar el nombramiento de por lo menos una jurista a esta instancia. Ello sería visto como un avance importante hacia una nación más democrática, inclusiva e igualitaria.
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