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Cada
8 de marzo celebramos el día internacional de la mujer en
conmemoración a todas aquellas mujeres que, desde diferentes
escenarios y épocas, han emprendido y siguen protagonizando
luchas por la reivindicación de nuestros derechos. Junto a
ello, este día también tiene como finalidad reflexionar
sobre los avances y retrocesos de las políticas de igualdad
femenina en cada uno de nuestros países, debido al
pronunciamiento que, gracias a esta fecha, realizan diversas
autoridades estatales e instituciones de la sociedad civil en
torno a esta problemática.
En
Perú, sin lugar a dudas se han producido significativos
cambios a favor de la igualdad de oportunidades y derechos
entre varones y mujeres. Empero esto, todavía estamos lejos
de lograr la equidad necesaria para más del 50% de la población
femenina que tiene nuestro país, pues existen profundas
brechas que todavía debemos eliminar en diferentes ámbitos
como el laboral, educativo, salud sexual y reproductiva,
acceso a la justicia, entre otros.
A
continuación, presentamos algunas cifras que nos pueden dar
luces del posicionamiento del Perú respecto al tema, y
una breve reflexión del rol del derecho y de la
justicia peruana para ayudar a una mejora sustantiva de la
situación de las mujeres en nuestro país.
Situación
de la mujer peruana en cifras
Aunque
el sólo análisis cuantitativo no es el más idóneo para una
medición de los progresos en materia de género, pues la mera
exposición de números no necesariamente refleja la situación
real, sobre todo en el aspecto social y cultural, de lo que
sucede en determinado país; esto no quita que las cifras son
un primer aviso o llamada de alerta de hacia dónde debemos
dirigir las políticas públicas en el tema. Por ello, dos
recientes estudios a nivel mundial realizados por el World
Economic Forum, titulados Informe
de la Brecha de Género 2006
y El
empoderamiento de las mujeres:
midiendo la brecha mundial entre los géneros, 2005,
(nombres en español), son un importante aporte para conocer
la situación de nuestro país en referencia a lo que sucede a
nivel mundial.
Mientras
en el estudio del 2005, el Perú ocupaba el puesto 47 —entre
58 países encuestados—, estando por debajo de algunos
estados de Latinoamérica (Argentina, Colombia y Uruguay) en
equidad de género; en el documento del 2006, de entre 115 países,
el nuestro se encuentra en el puesto 60. Según este último
informe, el Perú figura en el lugar 86 en referencia al
acceso femenino a empleos calificados e igualdad de salario
por trabajos técnicos entre varones y mujeres, mientras que
en el rubro de empoderamiento político nos encontramos en el
31, y en tanto en el área de atención educativa igualitaria
figura en el puesto 71.
Pese
a que estos informes indican que el Perú no se encuentra en
el nivel más alto de desigualdad a nivel mundial, lo cierto
es que, en términos globales, nos encontramos por debajo del
promedio aprobatorio; y es en el ámbito laboral en dónde nos
encontramos con mayor desventaja, principalmente por las
diferencias salariales y el poco acceso a cargos técnicos y
de alto nivel al que todavía no tiene acceso la población
femenina, lo que sin duda va de la mano con la falta de
equidad que todavía existe a nivel educativo.
En
tanto, a nivel interno algunas cifras indican que la
participación femenina en la política ha aumentado en
ciertos sectores. En el Congreso la participación de la mujer
creció en un 20% desde 1990, esto sin duda gracias al sistema
de cuotas implementado, ya que de 14 congresistas mujeres que
existían en los 90 (5.8%), ahora contamos con 35 (29.16%).
Por otro lado, ahora se ha impulsado un gabinete ministerial
integrado también por mujeres, aunque lográndose en sólo un
tercio (5, 31%) (ver: www.congreso.gob.pe y www.pcm.gob.pe).
Sin embargo, no sólo hay buenas noticias, pues existe un bajo
porcentaje de autoridades femeninas políticas a nivel
regional. Según cifras de INSTRAW, en el 2002 sólo el 2.6%
de mujeres eran alcaldesas regionales, mientras que a la fecha
no tenemos ninguna presidenta regional (Caretas, 08/03/07).
Esta
situación es más complicada aun, si nos damos cuenta de la
ausencia de una política pública unificada en torno a la
problemática de la mujer, reflejado en el hecho que no exista
un estudio completo con indicadores respecto a esta materia.
Como se observa, contamos con cifras sueltas, realizadas por
organizaciones feministas de la sociedad civil que trabajan y
procesan este tipo de datos, o por la Defensoría del Pueblo
(institución pública que más ha trabajado en este aspecto), pero no existe un
trabajo a nivel del Estado, que nos dé cifras oficiales y
completas sobre el avance del empoderamiento de la mujer en
distintos sectores. Sobre este punto, el Comité para la
eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW), en
un avance de sus comentarios a la presentación del informe de
Perú, realizado a fines del 2006 (ver: CEDAW/C/PER/CO/6),
indicaba su preocupación por la falta de datos estadísticos
confiables desagregados por sexo, por áreas rurales y urbanas
y por etnia; hecho que ha dificultado un real cálculo del
cumplimiento de las materias que toca la Convención en el Perú
(párrafo 10).
Género
y justicia
Junto
a las dificultades que se derivan de las cifras, sumamos la
labor del sistema de administración de justicia (Poder
Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia -
defensorías de oficio, etc.) que no está alejada de la
problemática, sino todo lo contrario. Muchas veces estas
instituciones, que tienen el especial y valioso encargo de
defender los derechos fundamentales de las personas y por ello
también los derechos de las mujeres, terminan victimizando
(doblemente) a estas últimas por falta de una real comprensión
del tema (principalmente en materias familiares y penales), o
por el sesgo cultural y social al momento de interpretar los
hechos, las normas y las instituciones jurídicas implicadas.
Y
es que las instituciones de justicia todavía carecen de una
perspectiva de género al momento de analizar conflictos
referidos a violencia contra la mujer, divorcio motivado,
igualdad laboral, acoso sexual, discriminación en razón de
sexo, problemas de familia, etcétera.
Ya
la Defensoría del Pueblo ha señalado un conjunto de
dificultades en referencia a los procesos penales que se
siguen a nivel del Poder Judicial y Ministerio Público.
Deficiencias en puntos como (i) la casi nula penalización de
las agresiones psicológicas contra las mujeres; (ii) la falta
de medidas de protección a favor de la víctima, (iii) la
falta de conciencia de los actores jurídicos de evitar la
conciliación en los procesos de faltas por violencia
familiar; (iv) reparaciones civiles por montos irrisorios en
el tema de violencia femenina, etc.; son algunos graves
problemas que imperan en estos órganos (ver: Informe
Defensorial Nº 110 “La protección penal frente a la
violencia familiar en el Perú”).
De
otro lado, si bien a nivel de cifras las juezas (675 de 1417)
y las fiscales (802 de 1255) han aumentado en número dentro
de sus instituciones, todavía siguen siendo una minoría. Y,
a la vez, el hecho que existan más magistradas no es garantía
de que se realice un análisis de los casos que incluya una
perspectiva de género. Por ello, si bien es necesario
visibilizar la labor de las mujeres en la vida jurídica del
país, lo más importante es educar y capacitar a los
operadores de justicia en una visión de género, así como
reclamar que los órganos de justicia adopten políticas a
favor de este tema.
Y
es que el problema es más complicado, por ello es necesario
que se busque una reforma de la visión de las instituciones
jurídicas peruanas y del derecho en general, pues su aparente
neutralidad y objetividad en muchos casos sólo es ficticia, y
las y los jueces deben ser concientes de ello[1].
Lo
cierto es que la eliminación de la discriminación de género
es una tarea extremadamente compleja que no se reduce a la
incorporación de las mujeres al poder: Judicial, Legislativo,
Ejecutivo. Además, también se necesita de políticas al más
alto nivel. Esperemos que la cercanía al día de la mujer
sirva también para conversar sobre estos temas sustantivos y
de fondo.
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