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El
17 de agosto de 2005 se inicio el juicio oral contra los
presuntos integrantes del destacamento del EP denominado
“Colina”. El cual, sin duda, es uno de los juicios más
importantes en el proceso de judicialización de violaciones
contra los derechos humanos en nuestro país. Al inicio del
juicio oral el proceso comprendía la acumulación de los
expedientes por la matanza de Barrios Altos, la desaparición
y ejecución de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad
La Cantuta, la desaparición y asesinato del periodista Pedro
Yauri y de los pobladores de El Santa. Este juicio al
destacamento “Colina” constituye la mejor demostración de
que el régimen fujimorista no solo fue corrupto, sino que
además desde el Estado ejecutó una política de violación
contra los derechos humanos.
Iniciado
el juicio oral, el representante del Ministerio Público
solicitó se les imponga penas entre los 5 y 35 años de pena
privativa de la libertad a los acusados. En el caso de
Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Julio Salazar
Monroe, Juan Rivero Lazo y Santiago Martín Rivas el fiscal ha
solicitado 35 años.
Al
escuchar la acusación tres integrantes del destacamento
“Colina”, los procesados Julio Chuqui Aguirre, Marco
Flores Albán e Isaac Jesús Paquillauri Huaytalla, aceptaron
los términos de la misma y solicitaron acogerse a la Ley Nº 28122, ley de conclusión anticipada del proceso.
Solicitud que fue acogida por las vocales de la Primera Sala
Penal Especial quienes declararon la admisibilidad de
la petición para dos de los integrantes del destacamento
“Colina”, los suboficiales Julio Chuqui Aguirre y Marco
Flores Alván, que fueron condenados a 6 y 4 años de pena
privativa de la libertad, respectivamente, y al pago de cinco
mil soles por concepto de reparación civil.
Con
relación al sub oficial Isaac Paquillauri, no se le otorgó
el beneficio de la conclusión anticipada porque éste había
solicitado acogerse a la colaboración eficaz, trámite que ya
había sido resuelto por el Juzgado Penal Especial.
Esta
conclusión anticipada tiene, para el presente caso, una
enorme trascendencia, ya que: 1. era la primera vez, en la
historia de nuestro país, que violadores de los derechos
humanos admiten de forma pública y ante autoridad judicial
competente ser integrantes de un destacamento militar
responsable de los asesinatos múltiples de Barrios Altos y La
Cantuta, y las desapariciones forzadas de campesinos del Santa
y del periodista Pedro Yauri; 2. es la primera vez que
acusados por violaciones a los derechos humanos demuestran su
conformidad con los términos de la acusación fiscal y se
acogen a la conclusión anticipada del proceso; y, 3. la
solicitud planteada y la sentencia emitida rompen la
estrategia jurídica sostenida por Vladimiro Montesinos
Torres, Nicolás Hermoza Ríos, Santiago Martin Rivas y otros
acusados, que descansaba en la uniforme negación de la
existencia de un destacamento militar en el seno del ejército
y, en consecuencia, su no intervención en los crímenes de
lesa humanidad materia del presente proceso judicial.
El
26 de octubre de 2005 se inició el interrogatorio a los
oficiales y subalternos del ejército acusados de integrar el
destacamento “Colina”. El primero en ser interrogado fue
el general (r) Nicolás de Bari Hermoza Ríos, quien prefirió
guardar silencio ante las preguntas planteadas por los
diferentes sujetos procesales. Esta estrategia del silencio
fue continuada luego por el general (r) Julio Salazar Monroe y
el ex asesor de Inteligencia y ex capitán EP Vladimiro
Montesinos Torres.
El
miércoles 8 de marzo de 2006, la Primera Sala Penal Especial,
resolvió desacumular el expediente 028-2001. La resolución
judicial estableció que existirán dos procesos judiciales
contra los integrantes del grupo “Colina”. Uno en el que
se juzgue el caso de la desaparición y posterior ejecución
de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad “La
Cantuta”; y otro proceso que comprende los casos de la
matanza de Barrios Altos, la desaparición de los campesinos
de El Santa y la desaparición del periodista Pedro Yauri.
A
pesar de las amenazas de las que eran objeto, lo cual ha sido
denunciado por los agentes de inteligencia en varias sesiones
de audiencia, varios de ellos y algunos oficiales se acogieron
a la confesión sincera, que fue iniciada por los coroneles EP
Julio Rodríguez Córdova y Carlos Miranda Balarezo.
De
las confesiones sinceras cabe destacar la del agente de
inteligencia y ex técnico de primera del ejército Fernando
Lecca Esquén, quien señaló su participación en la detención
y posterior ejecución de los nueve estudiantes y el profesor
de la universidad La Cantuta. Este efectivo militar dio
detalles de la forma cómo se había realizado el entierro,
desentierro y traslado de los restos de las víctimas de tan
execrable crimen. Según su confesión, los acusados Santiago
Martin Rivas y Carlos Pichilingue Guevara eran los jefes del
Destacamento “Colina”, mientras que Fernando Rodríguez
Zabalbeascoa era quien coordinaba las actividades del escuadrón
con el alto comando de las Fuerzas Armadas.
A
dicha confesión se suma la del Teniente EP Aquilino Portella
Nuñez, quien manifestó que, si bien no era integrante del
denominado Grupo Colina, en su condición de efectivo del ejército
destacado en la base de apoyo de la Universidad La Cantuta,
ayudó al ingreso de los integrantes del Destacamento
“Colina” a la referida base, en la que estos agentes
operativos de inteligencia, al mando del mayor del ejército
Santiago Martín Rivas, allanaron las viviendas
universitarias, sacaron a los nueve estudiantes y al profesor
y los asesinaron. A estas declaración se agrega la del
Coronel EP Carlos Miranda Balarezo, quien en juicio oral ha señalado
que fue el general EP Luis Pérez Documet quien ordenó que el
Teniente EP Aquilino Portella facilite el ingreso del mayor
Santiago Martín Rivas a la base de apoyo de la Universidad La
Cantuta.
En
otro momento de su declaración el Sub. Oficial Fernando Lecca
Esquén señaló
que fue Santiago Martin Rivas quien dio la orden de abrir
fuego contra los asistentes a la pollada realizada en Barrios
Altos, en noviembre de 1991, donde fueron asesinadas 16
personas, entre ellas un niño. Lecca reconoció que participó
en las matanzas de Barrios Altos y El Santa, señalando
incluso que él fue uno de los que disparo contra los
asistentes a la pollada en Barrios Altos. Otro de los que se
acogió a la confesión sincera fue el
sub. Oficial EP Ángel Sauñi Pomaya, quien manifestó que el
destacamento “Colina” no solamente cometió los delitos
por los que son investigados sus integrantes, sino que cometió
otros crímenes más, como el asesinato de cuatro integrantes
de la familia Ventocilla, hecho ocurrido en las afueras de la
ciudad de Huacho el año 1992. En su declaración refirió que
la ejecución extrajudicial de esta familia huachana estuvo al
mando de los jefes del destacamento los ex oficiales Santiago
Martin Rivas y Carlos Pichilingue Guevara.
Otro
de los acusados, el Técnico EP
Pablo Atúncar Cama, señaló que el mes de setiembre de 1991
se desempeñaba como agente del Servicio de Inteligencia del
Ejército (SIE), cuando llegó a su base un oficio ordenando
su destaque a un grupo de inteligencia del Ejército Peruano
(EP) que funcionaba en el galpón del SIN, en Las Palmas. En
dicho lugar fue recibido por los oficiales Martin Rivas y
Pichilingue Guevara, quienes le informaron de la importancia
del nuevo destacamento de inteligencia del EP, en la búsqueda
de subversivos. Días después, el mismo Martin Rivas le señaló
que el objetivo del destacamento era detectar y eliminar a los
subversivos.
En
su declaración Atúncar señaló que no solamente había
participado en los casos de Pedro Yauri y La Cantuta, sino que
también lo había hecho en Barrios Altos, El Santa, en el
asesinato de un evangelista, otro asesinato en la carretera
central, otro en Chanchamayo y en el caso de la familia
Ventocilla.
Agregó
que cuando ingresaban al destacamento firmaron su baja
ficticia, e incluso habían tenido una reunión con el
comandante general EP Nicolás de Bari Hermoza, el 27 de junio
en el Pentagonito, en la que estuvieron el general EP Rivero
Lazo, Martin Rivas, Pichilingue Guevara y los 30 efectivos
militares del destacamento, en la que el comandante general
tuvo palabras de agradecimiento por el trabajo realizado ya
que los terroristas ahora sabían que estaban al tanto de su
gente. Señalo además, que era evidente que el general
Hermoza estaba al tanto de todo lo que hacía el destacamento,
ya que “Colina” no era un grupo aislado en el ejército,
era parte de la institución militar, y la prueba esta en que
para trasladarse a realizar el operativo en Chanchamayo usaron
un helicóptero del ejército.
Mientras
algunos oficiales y sub. Oficiales del EP reconocen su
responsabilidad por los delitos cometidos, los supuestos
principales mandos operativos como Rodríguez Zabalbeascoa,
Martín Rivas y Pichilingue Guevara, tratan de explicar lo
inexplicable. Que el destacamento “Colina” nunca existió,
que nunca se designó personal subalterno al “grupo de análisis”,
que ellos no participaron en los hechos materia de juicio
oral, que los confesos sinceros han sido comprados por los
organismos de derechos humanos para mentir y por último que
“son inocentes de los cargos que se les imputa”.
Lo
dicho por estos tres personajes ha sido totalmente desmentido,
además de los testimonios de los suboficiales y oficiales
acogidos a la confesión sincera, por lo dicho por el ex
general EP Luis Cubas Portal, quien ha señalado que recibió
el oficio de Rivero Lazo, en su condición de jefe de la
DINTE, para que se designe personal subalterno y armamento al
destacamento que dirigía el coronel Rodríguez Zabalbeascoa,
el mismo que venía trabajando en el galpón de Las Palmas,
lugar que sirvió de punto de encuentro, reunión y formación
de los efectivos militares que integraron el destacamento
“Colina”, tal y como han señalado sus propios
integrantes.
En
este escenario de confesiones sinceras por parte de algunos
oficiales y sub. Oficiales, y silencios y negativas como
estrategia de defensa de los principales implicados, es que el
jueves 08 de marzo del presente año, la Primera Sala Penal
Especial, encargada del juicio oral, informó a las partes
procesales que el abogado de oficio, doctor Vegas Palomino, su
familia y los demás abogados de la defensa de oficio habían
sido amenazados de muerte por un supuesto comando paramilitar.
La inmediata reacción de la Sala Penal ha permitido que se
solicite al Ministerio del Interior para que brinde las garantías
que corresponden al abogado en mención y esperamos que también
a los demás abogados de oficio.
Pero
¿por qué la amenaza al abogado de oficio Vegas Palomino? la
principal tesis que se maneja es que lo han amenazado porque
él es el abogado de la mayoría de los sub oficiales que
acogiéndose a la confesión sincera han dado información muy
importante para el mayor esclarecimiento del caso y con ello
sumar mayores elementos de juicio para que quede clara la
responsabilidad que tienen Rodríguez Zabalbeascoa, Santiago
Martín Rivas, Carlos Pichilingue Guevara, y los demás
oficiales y sub. Oficiales enjuiciados, en los hechos de
muerte y desaparición materia del presente juicio oral.
Como
podemos notar, poco a poco se ha ido esclareciendo la forma
como sucedieron los hechos y la identidad de los principales
responsables materiales e intelectuales en tan execrables crímenes.
Como decimos al principio “tenemos una gran luz al final del
túnel”, por lo que estamos convencidos que, los
perpetradores de los principales crímenes contra los derechos
humanos cometidos por los integrantes del destacamento
“Colina” van a ser sancionados severa y ejemplarmente por
la Primera Sala Penal Especial.
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