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El 2 de marzo fue el día del defensor de oficio ¿lo sabía? Probablemente no. Y probablemente no sea la única cosa que no se conozca sobre los defensores de oficio: ¿Cuánto ganan? ¿Quién los elige? ¿Dónde trabajan? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son sus principales problemas? ¿A oído hablar de su situación a algún medio de comunicación o a algún funcionario público? Y es que, aceptémoslo, la realidad de la defensa de oficio, ciertamente complicada (ver:
El acceso efectivo al derecho de defensa en el Perú), no ha merecido en los últimos años la debida preocupación de la sociedad civil y tampoco la del Estado.
Lo dicho es preocupante en tanto los defensores de oficio tienen a su cargo la defensa judicial, en materia penal y de derecho de familia, de las personas de escasos recursos.
En tal contexto, es grato poder comentar algunas buenas noticias respecto de la gestión que viene realizando la Dirección Nacional de Justicia, de quien depende el sistema de defensa de oficio, y señalar algunos puntos que podrían mejorarse. La información la hemos obtenido de la página web del Ministerio de Justicia y de una conversación que nos concedió la
doctora Rocío Barrios, Directora Nacional de Justicia.
i) Semana del defensor de oficio.
Del 26 de febrero al 2 de marzo se realizó la “semana del defensor de oficio”. ¿Cuáles fueron las actividades? a) Los defensores de oficio visitaron los establecimientos penitenciarios más necesitados y las diferentes plazas de armas de sus respectivos distritos judiciales a fin de asesorar a las personas que no tuvieran asignado a un abogado y absolver consultas en general; y, b) se realizaron diferentes conferencias de capacitación a las que asistieron los defensores (también a nivel nacional) sobre temas como: beneficios penitenciarios, medios de defensa procesal penal, conclusión y terminación anticipada, entre otros. Finalmente, se ha inaugurado un centro de asistencia legal gratuita en Chincha (ver:
Cronograma de
Actividades).
De acuerdo con la doctora Barrios, aun cuando no se cuenta todavía con las cifras exactas, los resultados han sido muy positivos en ambas actividades.
En este punto, solo cabe señalar que la capacitación a los defensores debería darse a través de cursos sobre diversas materias y tener cierta frecuencia. Esto se puede obtener a bajo costo o incluso sin costo alguno con una debida gestión con abogados privados, facultades de derecho y asociaciones de estudiantes para que realicen las capacitaciones en el marco del trabajo Pro bono.
ii) Aumento de defensores y de sueldos.
Se ha hecho pública también la decisión de la Ministra de Justicia, María Zavala, de contratar a 181 nuevos defensores de oficio. Del total, 111 estarían dirigidos a los distritos judiciales donde seguirá la reforma procesal penal, encontrándose ya establecidas las plazas donde serán designados, y 70 a los otros distritos judiciales más necesitados (con mayor carga procesal y menor cantidad de defensores). Asimismo, se ha señalado que todos los defensores a nivel nacional tendrán un aumento de sueldo: hoy ganan S/. 1,200 y pasarían a ganar S/. 2,200 (El Comercio 5/03/07).
A fin de costear las nuevas contrataciones, el Ministerio de Justicia ha presentado una demanda presupuestal adicional y un crédito suplementario al Congreso.
El aumento cuantitativo de defensores de oficio es imprescindible y positivo: hay distritos judiciales enteros con 3 defensores de oficio y porcentajes de pobreza que superan el 50%. A su vez, el aumento de sueldo es un reconocimiento necesario ya que para una labor tan sacrificada el pago de S/. 1,200 es bastante bajo.
Ahora bien, en cuanto al sistema de elección, la doctora Barrios nos dijo que “(…) hoy el sistema se cubre por servicios no personales, no nos permite hacer un concurso de meritos públicos. Se presentarán las hojas de vida, habrá un comité de evaluación, se evaluará la experiencia y tendrá lugar una entrevista en la que se incidirá en el Código Procesal Penal y en las materias para las que sea la plaza disponible”.
Sin perjuicio de lo señalado por la doctora Barrios, es necesario reformular el sistema de elección de los defensores de oficio, así como la regulación del desenvolvimiento de su función. En concreto, tal como ocurre con los jueces, los defensores de oficio deberían contar con una “carrera de defensores” y por ende, deberían existir normas claras respecto del ingreso, evaluación y control de los defensores de oficio en el ejercicio del cargo.
Esperamos que el Proyecto de Ley de Defensa Pública que, de acuerdo a la información obtenida, está a punto de ser terminado por el Ministerio de Justicia, contemple normas en ese sentido.
iii) Otros avances.
Otros aspectos positivos son:
a) Se está exigiendo el conocimiento de quechua a los defensores que serían asignados a distritos judiciales donde exista población quechua-hablante.
b) Desde agostos de 2006, se están realizando campañas de 20 a 25 días en los penales con menor cantidad de defensores de oficio a fin de absolver consultas sobre los procedimientos de los internos.
c) La Dirección Nacional de Justicia está buscando dinero, a través de cooperación internacional, para reforzamiento logístico. Algo muy necesario: de acuerdo con la
doctora Barrios “hay provincias donde ni siquiera tienen (los defensores) una máquina de escribir” y, además, “en la mayoría hay que pedir locales, escritorios, computadoras, entre otros, prestados al Poder Judicial”.
d) Trabajo en una nueva normativa. En concreto, se busca presentar un Proyecto de Ley de Defensa Pública que modifique la actual Ley que crea el Sistema Nacional de Defensa de Oficio y que responda a las exigencias del nuevo Código Procesal Penal.
Hay, entonces, noticias positivas en lo que se refiere a la defensa de oficio. Tengamos presente, sin embargo, que la reforma de la defensa de oficio se debe enmarcar en una política pública a favor del acceso a la justicia (ver:
Acceso a la justicia: hacia las bases para un política pública), que incluya la necesidad de combatir todas las barreras de acceso a la justicia (económicas, culturales, geográficas y de conocimiento e idoneidad del derecho) con diagnósticos y metas claras que involucren a los diferentes actores del Estado y de la sociedad civil.
Sabemos, en suma, que la solución al problema de la falta de acceso a la justicia es bastante compleja y no se limita solo a una mejor defensa pública, pero digamos que mejorándola se ayuda.
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