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El día sábado 5 de mayo se acaba de postergar el cronograma de implementación de la reforma procesal penal en el Perú. A continuación analizamos por qué creemos que esta constituye una decisión no solo incoherente, sino peligrosa para la consolidación de esta reforma, tal vez la única en marcha, en el sistema de justicia.
La reforma procesal penal es la reforma más importante en el sistema de justicia penal que se haya hecho desde los inicios de la república. El plan de implementación estableció un proceso progresivo de implementación en todo el país. Así, en julio de 2006, después de dos postergaciones, esta reforma entró en vigencia en la Corte de Justicia de Huaura, y el 1° de abril de 2007 se dio inicio a la segunda etapa de este proceso de implementación en la Corte de Justicia de La Libertad. Con ese motivo el mismo Presidente de la República, ante el inminente inicio de la reforma procesal en La Libertad, señaló ante los medios de comunicación, que esa reforma debía implementarse ya en todo el país.
La semana pasada el Congreso de la República le concedió, al Poder Ejecutivo, facultades para legislar contra el crimen organizado. Los representantes del Ejecutivo señalaron que la justicia era lenta y timorata y por ello, en la ley autoritativa (N° 29009), se establece que se legislará para que los las decisiones judiciales sean más rápidas y oportunas.
Hoy, por intermedio del Decreto Supremo N° 005-2007, el Poder Ejecutivo ha establecido un nuevo cronograma de implementación de la reforma procesal en todo el país. Eso significa no solamente que el proceso de implementación en general se posterga por un año más, sino que para algunas cortes de justicia, como la de El Callao, la implementación prevista para los meses finales de este año, será postergada hasta el año 2013. Según las nuevas disposiciones ese año también se implementará la reforma en Lima.
También la implementación de la reforma prevista para fines de este año en las Cortes de Justicia de Tacna y Moquegua, se ha postergado hasta el año 2008.
El decreto en mención refiere escuetamente que la postergación se hace
“..en atención a razones de carácter presupuestal…” Lo mismo ha señalado la Ministra de Justicia a algunos medios de comunicación.
La norma que ordena la –tercera (¡!) -postergación pareciera ser una simple norma administrativa, pero no lo es. Es la más lamentable expresión de la falta de voluntad y coherencia de este gobierno con el impulso a las reformas institucionales, ya que resulta verdaderamente inadmisible que en el año del
shock de inversiones la titular de Justicia alegue que esta reforma en la justicia no se hace porque, dizque, no hay plata.
Ojalá que esta postergación no responda a determinados intereses que, desde la Policía Nacional, han marcado no solo distancia sino una abierta oposición a la implementación de la reforma, porque sienten que el nuevo Código Procesal Penal, les quita poder.
También resulta bastante incoherente que en el plazo de la delegación de facultades para luchar contra el crimen organizado, tal delegación se inaugure con la postergación del principal instrumento normativo (el nuevo Código Procesal Penal de 2004) para tener un sistema de justicia penal eficiente y rápido.
Sinceramente es difícil comprender a qué juega el gobierno en los asuntos referidos a la justicia y lucha contra el crimen, pero a estas alturas la incoherencia es ya una regla de conducta. Sería muy oportuno que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público se pronuncien al respecto.
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