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Hemos llegado a ¡300! Justicia Viva Mail. Nos hubiese gustado celebrarlo con un comentario más positivo, pero así es la vida. Tocó un tema que ha sido una sorpresa –y no buena- para todos.
En los últimos días, dos periódicos serios (primero
Perú 21 y luego El Comercio) vienen dando cuenta de una denuncia muy grave contra la Fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar. Se trata de su supuesta relación con Fernando Zevallos Gonzales, el otrora dueño de Aerocontinente y hoy condenado por narcotráfico.
La acusación proviene de dos policías, la fiscal provincial Luz Loayza y la procuradora Sonia Medina, quienes coinciden en señalar que en una de las investigaciones en que participaron se llegó a encontrar en uno de los aviones de Aerocontinente rastros de cocaína. Pero que, debido a que la fiscal Bolívar decidió reemplazar a la fiscal Loayza, la investigación decayó y terminó concluyendo en que no se había encontrado los referidos rastros de droga.
Aparte de estas declaraciones, se ha publicado también un acta policial inicial, en la que se da cuenta del hallazgo de dichos rastros de cocaína.
En la misma línea de indicios contra la Fiscal de la Nación, se ha publicado que hay una declaración del narcotraficante “Polaco”, afirmando que a través del esposo de la Fiscal de la Nación, abogado asimilado a la FAP (oficial), se podía llegar a ella.
También se le acusa de haber cambiado al fiscal provincial de Pucallpa, hecho que habría perjudicado las investigaciones del asesinato del periodista Rivera.
En el ámbito de derechos humanos ha sido criticada, asimismo, por haber cerrado fiscalías o cambiado fiscales sin fundamentos consistentes, que de hecho retrasaron las investigaciones que se estaban llevando a cabo en casos tan graves como los de Ayacucho, El Frontón y Cantuta.
¿Cuál es nuestra posición al respecto? Lo primero es hacer un llamado a tener cuidado y responsabilidad. Primero porque estamos hablando –como hemos dicho- de la máxima autoridad del Ministerio Público, cuya alta investidura merece respeto, y quien, hasta antes de todas estas denuncias, tenía una trayectoria considerada consensualmente como correcta.
Trayectoria durante la que ha pasado por un conjunto de mecanismos de control y fiscalización (internos y externos), sin que se le haya encontrado nada turbio. En caso contrario, no se entendería cómo podría haber salido electa Fiscal de la Nación el año pasado.
En segundo lugar, por el principio de presunción de inocencia, que debe regir frente a toda persona.
Y en tercer lugar, porque es obvio que no basta el dicho de algunas personas, así se trate de funcionarios del propio sistema de justicia, para que creamos que ya tenemos las pruebas irrefutables sobre el caso. No, de ninguna manera. Si fuera así, sería facilísimo traerse abajo a cualquier autoridad. En este tipo de casos deben analizarse a profundidad y cruzarse los testimonio existentes, y ser confrontados o complementados con otras pruebas. En nuestro país hay una larguísima historia de injusticias cometidas a partir de testimonios falsos, inexactos o mal interpretados.
Pero, con el mismo énfasis que pedimos cuidado y responsabilidad, decimos también que debe investigarse a fondo todas las acusaciones, hasta que quede totalmente demostrado si éstas son ciertas o falsas. No puede quedar ni la menor duda, no solo por lo peligroso que sería tener en el máximo cargo del Ministerio Público a una persona que no goza de nuestra total confianza, sino porque afectaría la legitimidad que debe tener la Fiscal de la Nación.
Tal como ha reconocido la propia Fiscal: ella debe ser la primera interesada en que estas investigaciones se realicen lo más pronto posible.
Más aun, si las denuncias han salido a luz después de que el ex Ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, pusiera el grito en el cielo, con toda razón, debido a que la Fiscal de la Nación, consultada por la fiscalía provincial de Arequipa, opinó a favor de que se le investigara por homicidio, junto a Roberto Dañino (primer presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de Toledo), por la muerte de dos personas, ocurridas durante los años en que ellos fueron ministros, a raíz de los disturbios que se produjeron en Arequipa en protesta de las privatizaciones dispuestas por el Gobierno.
Una posición -como anteriormente hemos señalado- absurda, desde el punto de vista jurídico y por sentido común, ya que “las cosas son lo que son y no lo que se les denomina”; la denuncia de los agraviados podía haberse hecho por homicidio, pero justamente corresponde al Ministerio Público ver si hay o no los mínimos elementos para dicha tipificación, frente a dos ministros que actuaron claramente en el marco de la ley y de sus funciones.
Mencionamos el hecho, porque Fernando Rospigliosi es actualmente un analista político que viene exigiendo públicamente más mano dura contra el narcotráfico y todo tipo de colaboración.
En cambio, a favor de la Fiscal está el hecho de que ella misma se haya puesto desde el comienzo a disposición del Consejo Nacional de la Magistratura para las investigaciones que corresponden, habiendo presentado ya un conjunto de documentos en su defensa, y que haya salido a la opinión pública a negar enfáticamente las denuncias.
Lo que toca ahora es que el CNM cumpla con su obligación. Es correcto que ya haya abierto formalmente el proceso de investigación, pero debe llegar a un resultado lo más pronto posible, actuando con estricta rigurosidad y dándole todas las garantías de defensa a la Fiscal.
La acusación es demasiado grave para que se mantenga en la ambigüedad, y si la Fiscal no tiene nada que ver con los hechos denunciados, como enfáticamente viene afirmando, no tiene por qué temer; creemos que actualmente hay miembros en el CNM que pueden ofrecer seriedad en esta investigación tan importante para el país.
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