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Las municiones de racimo causan daños inaceptables a la población civil. Esa es una verdad incontrastable y una lección no del todo aprehendida, como lo atestigua una década de horror en Vietnam y Laos (1964-1973), la tragedia en Kosovo (1999), Afganistán (2001), Irak (2003) y Chechenia, y el reciente espanto en el sur de Líbano (2006). Y es que, una vez lanzadas, tales bombas se fragmentan y dispersan cual alfombra que cubre una superficie equiparable hasta a la de cuatro estadios de fútbol, alcanzando a quienes toman parte en el conflicto armado y a quienes no; además, como un porcentaje importante de submuniciones no llega a explotar (puede alcanzar el 30%), éstas hacen las veces de mina antipersonal, a tal punto que superada la conflagración continúan afectando a los no combatientes (el 98% de las víctimas), mayoritariamente a los niños, que intentan su manipulación atraídos por sus formas y colores (al menos un 60% de las víctimas en el sureste de Asia), convirtiéndose también en un freno al desarrollo de las comunidades afectadas.
Se estima que más de 75 países tienen bombas de racimo en sus arsenales, que 34 las han producido, y que han sido usadas en 25 países. Según organizaciones como Handicap Internacional, al menos 13.306 personas han muerto o resultado heridas (cerca de 5,000 en Laos y más de 2,000 en Irak) por los 440 millones de ese tipo de armas utilizadas hasta el momento; de las cuales, por cierto, cerca de 33 millones aún no han explotado.
Concientes de la tragedia y de las limitaciones de la Convención sobre Armas Convencionales (en noviembre del 2006 los Estados parte de ella no lograron un acuerdo para iniciar las negociaciones sobre las bombas de racimo), un número importante de Estados –capitaneados por Noruega y con participación de Perú-, organizaciones de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Coalición contra las Municiones de Racimo, iniciaron un proceso de negociación internacional, cuya primera ronda concluyó en la Declaración de Oslo (febrero del 2007), a través de la cual 46 Estados se comprometieron a tener listo para el 2008 un instrumento internacional legalmente vinculante que prohíba el uso, la producción, la transferencia y el almacenamiento de estas armas; y que, establezca un marco para la cooperación y la asistencia que asegure una apropiada prestación de atención sanitaria y rehabilitación a los sobrevivientes y a sus comunidades, la limpieza de las áreas contaminadas, la educación sobre el riesgo y la destrucción de todas las municiones de racimo prohibidas que todavía estén almacenadas.
Pues bien, dándole continuidad a tan loable propósito, las partes involucradas se reunieron en Lima, sede del Foro Regional de la sociedad civil (23 de mayo), en el que las organizaciones de América y de otros continentes, tal como lo hicieron en el “proceso de Ottawa” que derivó en la prohibición total y absoluta de las minas antipersonal, adoptaron compromisos, se cohesionaron alrededor del objetivo de la prohibición de las bombas de racimo, de la directa incidencia sobre los Estados y de la promoción de una rápida suscripción oficial de la Convención avizorada en Oslo. La sociedad civil decidió desarrollar en los próximos meses foros regionales en Costa Rica (agosto) y Bélgica.
Al mismo tiempo, el gobierno peruano, que ha asumido un activo papel en este tema, fue anfitrión de la Conferencia de Lima (23 y 24 de mayo), que congregó a representantes de 70 Estados, en la que el número de países que respaldan la declaración de Oslo se incrementó considerablemente, pues 28 nuevos Estados se adhirieron al compromiso de contar con una Convención que prohíba las bombas de racimo. Por lo demás, en el transcurso de la Conferencia, Hungría informó de una moratoria inmediata; Suiza anunció su decisión de una moratoria en la producción, transferencia, almacenamiento y uso; Italia y Perú expresaron su disposición a participar en moratorias de alcance regional; y países africanos como Guinea Bissau, Ghana, Lesotho, Tanzania, Uganda y Zambia hicieron notar su firme apoyo al proceso de Oslo.
Si bien todos los Estados presentes convinieron en que el tratado prohibirá las bombas de racimo, lo que implicará su retiro de almacenes y destrucción, algunos representantes discutieron; a) la propia definición que sobre bombas de racimo será usada por el tratado y, en consecuencia, la exclusión de la prohibición a las municiones que cuenten con mecanismos de autodestrucción, lo que fue cuestionado por Noruega, Líbano, Irlanda y la Coalición Contra las Municiones de Racimo (recordando que en los últimos conflictos en Irak y Líbano tales mecanismos no funcionaron); b) el establecimiento de un período de transición en el que las armas pueden ser empleadas, que fue rápidamente desvirtuado; y c) la conveniencia de mantener un número de aquellas con propósitos de entrenamiento e investigación, que fue largamente rebatida por países como Canadá y Noruega, y la Coalición contra las Municiones de Racimo.
El tema de las bombas de racimo parece lejano y ajeno. Pero no lo es. El peligro que conlleva tales bombas, el drama que ocasionan, los estragos que infligen a los civiles y especialmente a los niños, el haber tomado conocimiento en estos días que el Perú –aunque en mínima cantidad- las tiene, y la colisión de la “lluvia de acero” con el derecho internacional humanitario nos causa agravio y dolor, tanto como para involucrarnos y demandar a nuestros Estados izar la bandera de la prohibición, respaldar el “proceso de Oslo” y la suscripción de un tratado internacional en ese sentido; y, la aciaga circunstancia de que el continente americano no esté libre de estas armas (Argentina, Chile, Cuba, Honduras Brasil, Canadá y Estados Unidos las almacenan en proporciones, mientras Argentina, Brasil y Chile las fabrican) ni de su contaminación (Islas Malvinas en Argentina) nos llama a instar a los Estados de la región, y a Perú en particular, a modificar legislaciones internas para que se prohíba en América las bombas de racimo y se proceda al desmantelamiento de los arsenales.
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