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Luego de algunas semanas de espera (ver: A la espera de que se resuelva el caso Romero), la Jefa de la OCMA, Elcira Vásquez, resolvió proponer la destitución del vocal Ángel Romero (y de los vocales Néstor Pomareda e Ida Rodríguez) al Consejo Nacional de la Magistratura por su participación en el caso de los ex trabajadores del BCRP.
La OCMA declaró fundados todos los cargos que fueron materia de investigación contra Romero: i) violó un precedente del Tribunal Constitucional, ii) resolvió dos casos idénticos de modo absolutamente distinto; y, iii) declaró fundada la demanda a favor de ex trabajadores que habían consentido la sentencia de primera instancia, que la había declarado improcedente.
Pero eso no es todo. La OCMA señala también que Néstor Pomareda participó en el proceso aun cuando estaba legalmente impedido de hacerlo, y que incurrió en manifiestas irregularidades al pedir una licencia para una operación que no tuvo lugar en la fecha que indicó. Todo ello con la única finalidad de hacer que Ida Rodríguez fuera la vocal que resolviera definitivamente el caso (al reemplazar a Pomareda y pasar a ser la nueva vocal más antigua). Asimismo, menciona que esta última afectó el derecho de defensa del BCRP, al no notificarles que sería ella la que dirimiría el caso, es decir, se le llamó a último minuto, manipulando licencias y a escondidas. Todo esto, claro está, ocurrió a vista y paciencia (complacencia sería más exacto) de Romero, presidente de la sala.
En suma, una inmensa cantidad de irregularidades y de faltas a deberes funcionales cuya gravedad, como menciona la OCMA, pone de manifiesto que se actuó deliberadamente a favor de una de las partes, afectando abiertamente la imparcialidad judicial, lo que en buen cristiano quiere decir: corrupción.
Nuestra posición
Debemos decir, en primer lugar, que estamos absolutamente de acuerdo con lo resuelto por la Jefatura de la OCMA. Hemos seguido el caso desde su inicio (ver: Buenos reflejos de la OCMA), hemos cuestionado los argumentos de Romero (ver: Precisiones al comunicado de Ángel Romero) y nos hemos pronunciado a favor del mantenimiento de la medida cautelar de abstención en el cargo (ver: El CEPJ no debe revocar la medida cautelar contra Romero); después del tiempo transcurrido tenemos plena certeza de que todos los cargos son fundados y, por tanto, que la destitución es la única sanción adecuada para este caso.
En segundo lugar, creemos que la resolución de la OCMA es impecable desde el punto de vista de la argumentación jurídica. Su claridad y contundencia hecha por tierra todo lo señalado por la defensa de los vocales. Y es que se trata una resolución de nada menos que 96 páginas muy bien sustentadas, sin duda, una grata sorpresa, teniendo en cuenta el promedio de calidad argumentativa que existe en Poder Judicial.
Finalmente, se trata de un nuevo hecho que da cuenta de la voluntad que tiene la Jefatura de la OCMA para combatir la corrupción judicial; voluntad que esperamos continúe.
El futuro: ahora es turno del CNM
El caso ahora pasará al Consejo Nacional de la Magistratura, organismo constitucionalmente competente para decidir la suerte de los vocales de modo definitivo.
Queda, entonces, esperar que los consejeros pongan broche de oro a este caso, sancionando con la destitución a los tres magistrados involucrados.
La confirmación de la medida de abstención por el CEPJ y la preocupante participación de Mena Nuñez
Por último, es necesario señalar que medios periodísticos dieron a conocer que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial confirmó la medida cautelar de suspensión contra el vocal Romero. Y no podía ser de otro modo por los motivos que hemos señalado en otra oportunidad (ver: El CEPJ no debe revocar la medida cautelar contra Romero).
Sin embargo, se ha señalado que el único voto a favor de que Romero regrese a su despacho fue el de Luis Mena Nuñez, nada menos que el representante de la sociedad civil ante dicho órgano.
Como hemos mencionado en anteriores oportunidades (ver: ¿La re-reelección de Luis Alberto Mena Nuñez, como representante de la sociedad civil ante el Consejo Ejecutivo?), Mena Nuñez tiene 4 años en el cargo y busca una re-reelección. Sin embargo, su participación en el CEPJ no ha sido activa y no se conoce ninguna iniciativa positiva de su parte. Muy por el contrario, el voto que ha emitido en el caso Romero deja serias dudas respecto a su capacidad y su ética. Y es que se trata de un caso de corrupción bastante claro. En todo caso, Mena Nuñez debería dar explicaciones sobre el particular.
Queremos dejar en claro que estamos absolutamente en contra de la re-reelección de Mena Nuñez, y consideramos que el proceso de elección del próximo representante de la sociedad civil ante el CEPJ debe ser absolutamente transparente. De no ser así, las consecuencias pueden ser nefastas, como ya nos consta por lo recientemente vivido en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. |
