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En el Perú, en los últimos años, se ha producido el asesinato de tres hombres de prensa: el periodista de radio Antonio de La Torre Echeandía, el 14 de febrero del 2004; el comentarista radial Alberto Rivera Fernández, asesinado en Pucallpa el 21 de abril del 2004 y el del periodista Miguel Pérez Julca, asesinado en marzo del 2007. Todos estos casos se encuentran denunciados y vienen siendo parte de procesos judiciales abiertos, sin embargo el avance es mínimo, ya que sólo en el caso de Alberto Rivera Fernández se ha logrado sancionar a los responsables materiales del delito, quedando pendiente el proceso contra el Alcalde Luis Valdez como autor intelectual.
Estos hechos preocupan a la Comunidad Internacional, como puede verse en La Declaración conjunta realizada por el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, que en un llamado de atención a los gobiernos de América Latina han señalado que:
“Los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, así como los defensores de derechos humanos, son con frecuencia objetivos de amenazas, agresiones y asesinatos en muchos estados, tanto en África como en las Américas. Estos crímenes tienen un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión que va en aumento cuando los gobiernos no investigan estos crímenes con prontitud o cuando los perpetradores no son
juzgados”.
Del mismo modo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 29 de marzo del presente año presentó ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) su informe anual, cuyo tercer volumen corresponde al Informe de la Relatoría Especial para la libertad de Expresión. En este último documento señala que se han podido constatar 19 asesinatos por motivos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión y el registro de más de 200 casos de agresiones y amenazas contra comunicadores, lo cual, sin duda, resulta preocupante.
En función de ello, recomienda a los Estados no sólo prestar importancia a la situación de violencia contra los periodistas, emprendiendo acciones destinadas a impedir la impunidad de los autores intelectuales y materiales de los crímenes, sino también; modificar las disposiciones pertinentes de los Códigos Penales, a fin de eliminar la utilización de los procesos penales para proteger el honor y la reputación cuando se difunde información de interés público.
Es necesario resaltar que el ámbito interno tampoco es ajeno a esta preocupación por lo que el Presidente del Poder Judicial, Francisco Távara Córdova, en la Conferencia Hemisférica: “Poder Judicial, Prensa, Impunidad”; planteó la necesidad de declarar la imprescriptibilidad de los asesinatos contra los periodistas.
Sin embargo cabría preguntarnos ¿es ésta es la única solución a los problemas de impunidad? Parece que no.
Mientras se espera las reformas legales necesarias, la impunidad sigue creciendo por lo que si el Presidente de la Corte Suprema quiere luchar contra los perpetradores de estos crímenes debería exhortar a los magistrados a que investiguen, procesen y juzguen con la celeridad del caso, cumpliendo, obviamente, con las normas del debido proceso. Por otro lado, es indispensable designar magistrados probos, que no cedan a ningún tipo de presión y que puedan juzgar con diligencia este tipo de procesos cumpliendo los plazos procesales establecidos en nuestro ordenamiento vigente; y, finalmente; que impidan dilaciones innecesarias de parte de los procesados.
Nuestro ordenamiento procesal vigente cuenta con los mecanismos necesarios para evitar la impunidad, desafortunadamente el problema radica en que algunos magistrados olvidan la manera en que los referidos mecanismos pueden ser utilizados en beneficio de la justicia.
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