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No se puede dejar de reconocer el esfuerzo que algunas autoridades judiciales vienen desplegando para disminuir la gran desconfianza que lamentablemente aún tiene la ciudadanía ante el sistema de administración de justicia. Es el caso del actual Presidente del Poder Judicial o de la Jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA); baste recordar la rápida reacción para la conformación de la Sala especial que juzgará a Fujimori, las medidas de acceso a la jurisprudencia de la Corte Suprema o la lucha contra la corrupción judicial que viene librando la OCMA: 156 medidas cautelares de abstención contra magistrados y auxiliares el año 2007 y 125 medidas similares dispuestas el año 2006.
Lamentablemente estos esfuerzos internos por mejorar la imagen del Poder Judicial han sido ensombrecidos por una secuencia de escándalos en la principal Corte Superior del Perú (la de Lima), cuyo hecho más reciente es elección del polémico vocal superior César Vega Vega como Presidente encargado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Como se recordará, al inicios de este año fue elegido en dicho cargo el vocal Ángel Romero pero pocos meses después fue “abstenido” (suspendido) en el cargo mientras dura el proceso disciplinario que se le abrió por graves irregularidades cometidas en el ya famoso caso de las millonarias indemnizaciones dispuestas a favor de 32 ex servidores del BCR y que representaban más de 60 millones de soles en perjuicio del Estado. La OCMA solicitó la destitución de Romero y el caso está por ser resuelto por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Mientras tanto, asumió en forma interina la Presidencia de la Corte de Lima el vocal superior Jovino Cabanillas, quien también pocos meses después ha tenido que dejar el cargo para enfrentar una grave acusación de acoso sexual que el mismo magistrado Cabanillas debería ser el primer interesado en aclarar a fondo. Así las cosas, en menos de un año la principal Corte de Justicia del país ha sido remecida por dos escándalos mayúsculos que sin duda mellan su imagen pública y la de todo el Poder Judicial. Por ende, la prudencia aconsejaba a los vocales superiores titulares de dicha Corte designar a una persona incuestionable y, sin embargo, han preferido apostar por un magistrado cuestionado.
¿Era la única alternativa? Por supuesto que no. El otro candidato que perdió la elección por muy estrecho margen es un magistrado probo y de una trayectoria intachable: el doctor Abel Betancourt que, entre otros méritos, perteneció al puñado de magistrados que durante el fujimorato se resistieron a someterse a los designios de Montesinos y sus alfiles ¿Por qué empeñarse entonces en elegir a un magistrado tan polémico como Vega Vega que, inclusive, no contó con la confianza de las nuevas autoridades judiciales para seguir integrando la Corte Suprema como vocal supremo provisional? Es conocida la cercanía del vocal Vega Vega con el partido aprista ¿será esa cercanía oficialista la que lo catapultó a la Presidencia de la Corte de Lima, como sucedió con su antecesor Romero? Son interrogantes que el propio Gobierno y el APRA deberían aclarar sobre todo en estos tiempos en los que pregonan el escrupuloso respeto de la independencia judicial.
Es conocida nuestra posición de que la ideología política de un magistrado no lo descalifica de antemano, sino que en el ejercicio del cargo primen, indebidamente, intereses o presiones partidarias sobre su imparcialidad. En el caso del vocal Vega Vega –estando en la Corte Suprema- ha tenido fallos en contra de decisiones del sistema judicial anticorrupción: no sólo votó por archivar el caso del millón de firmas falsificadas sino que además solicitó al Ministerio Público denunciar penalmente a las magistrados de la Sala Penal especial anticorrupción que reabrió el caso (Inés Villa, Inés Tello y Roberto Barandiarán). Asimismo, también votó para no sancionar a quienes adquirieron bienes cuya procedencia delictiva conocían (el famoso delito de receptación); también votó a favor de la aplicación de la inconstitucional “Ley Wolfenson”. ¿Cuál va a ser entonces su actitud frente al sistema anticorrupción, en la medida en que está en sus manos designar a quienes integran los juzgados y salas que juzgan tales delitos? Va a cambiar y remover magistrados si sigue en el cargo en enero del próximo año, como lo hizo al inicio del presente su amigo Ángel Romero?
También hay un hecho bastante preocupante e irregular que fue denunciado en su momento: siendo Vega Vega integrante de la Sala Penal transitoria de la Corte Suprema que venía juzgando a uno de los testaferros de Montesinos, Luis Duthurburu, el entonces congresista Heriberto Benitez denunció que el cuestionado magistrado alquilaba desde hacía varios años un inmueble al entonces abogado de Duthurburu, nada más ni nada menos que Ángel Romero. El vocal Vega Vega no negó el hecho y se defendió diciendo que no es delito haber alquilado su casa a un abogado amigo: “la ley no me prohíbe alquilar una oficina a un abogado, que además es mi amigo y lo conozco desde 1980” declaró en esa oportunidad, a la par que anunciaba, sin embargo, que cancelaría el contrato para evitar suspicacias.
Hay entonces razones para considerar esta elección como una mala señal hacia la ciudadanía de parte de un sector de la judicatura de la Corte Superior de Justicia de Lima, conspirando así contra las buenas señales que desde otros sectores de la judicatura vienen esforzándose en mostrar.
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