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La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) se encargó de poner al descubierto uno de los capítulos más cruentos del conflicto armado interno que nuestro país vivió: las violaciones sexuales de mujeres principalmente campesinas. En dos décadas en las que la destrucción o eliminación física del enemigo fue el objetivo central de las estrategias, la violencia sexual se terminó convirtiendo en un instrumento utilizado principalmente por las fuerzas del orden para denigrar y destruir al enemigo.
El Informe Final de la CVR dio cuenta de la existencia de varias decenas de Bases Militares asentadas durante los años del conflicto en comunidades o localidades campesinas, en las que los efectivos militares utilizaron la violación sexual contra mujeres campesinas de las cuales sospechaban ser integrantes o colaboradoras de la subversión. Pero también se da cuenta de su utilización como un instrumento para someter o atemorizar a la población. En otros casos, se cometía solo porque las mujeres se acercaban a los cuarteles militares a preguntar sobre el destino de sus esposos, hijos o hermanos detenidos.
La CVR ha sostenido que “…tiene evidencias que le permiten concluir que la violencia sexual fue una práctica generalizada y subrepticiamente tolerada, pero en ciertos casos abiertamente permitida por los superiores inmediatos en determinados ámbitos […] Esta práctica generalizada, sin embargo, puede haber alcanzado en determinadas provincias de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac un carácter sistemático vinculado con la represión de la subversión”
No estamos, pues, ante eventos aislados. Estamos, por desgracia, ante violaciones a los derechos humanos perpetradas de manera extendida en un momento determinado del conflicto y en algunas zonas alto andinas y que, como tal, deben ser calificadas como crímenes de lesa humanidad. Esa es la real envergadura de la utilización de la violación sexual en el conflicto armado interno.
Justamente entre aquellos casos puestos al descubierto por la CVR está el caso de las violaciones sexuales perpetradas en la Bases Militares de Manta y Vilca (Huancavelica). Este es, qué duda cabe, el caso más simbólico de este tipo de grave violación a los derechos humanos. Como resultado de sus investigaciones, la CVR determinó que entre 1984 y 1995 aproximadamente 30 mujeres debidamente identificadas habían sido víctimas de violación sexual por efectivos del Ejército de las bases militares de Manta y Vilca. Varias de ellas quedaron embarazadas como consecuencia de esas violaciones y allí están las partidas de nacimiento como incontrastable pruebas señalando a “soldado” o “capitán” como supuestos apellidos de los recién nacidos.
La violación sexual siempre se conoció, pero a diferencia de un crimen como el asesinato o la desaparición forzada, nunca se denunció. Las mujeres se quedaron con la vergüenza a cuestas y marcadas en sus propias comunidades. Esta es, simple y llanamente, una doble tragedia sobre aquellas mujeres.
El año 2004 la Fiscalía Provincial Penal de Huancavelica dio inicio a las investigaciones, a la par que el Instituto de Defensa Legal asumía el patrocinio de varias de las señoras agraviadas. Desde aquel año, a pesar de la desidia y falta de interés de algunas autoridades fiscales, se lograron incorporar diversos y consistentes elementos probatorios que fueron demostrando de manera fehaciente que las violaciones sexuales se habían cometido de manera extendida. Asimismo, los efectivos militares supuestos responsables, a pesar de la falta de información oficial del Ministerio de Defensa que linda con el encubrimiento, ya han sido identificados por las mismas agraviadas.
La denuncia penal y la trascendencia del caso
Hace un mes aproximadamente la Fiscalía de la Nación tomó la decisión de crear la Fiscalía Penal Supraprovincial de Huancavelica encargada de la investigación de los casos de graves violaciones a los derechos humanos producidas en ese departamento y designó como encargado al fiscal Juan Borjas Roa. El viernes 12 último el fiscal decidió cambiar la historia del caso y luego del necesario examen de pruebas presentadas durante la extendida investigación preliminar ha cumplido con formular denuncia penal, contra 9 ex integrantes de las fuerzas armadas, por la comisión del delito de violación sexual como forma de tortura (crimen de lesa humanidad) en agravio de 13 mujeres.
Siete militares han sido denunciados en calidad de autores y adicionalmente dos en calidad de cómplices de actos y modalidades de tortura y crimen de lesa humanidad. La denuncia se sustenta en los artículos 196º del Código Penal de 1924 y 170º del Código Penal de 1991.
La denuncia ha sido presentada ante el Segundo Juzgado Penal de Huancavelica y recoge entre sus fundamentos la existencia de normas internacionales de protección a los derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los Convenios de Ginebra y la Convención Belem Do Pará, las mismas que señala han sido violadas. De igual modo reconoce que si bien en el Perú el tipo penal de tortura ha sido incorporado a nuestra legislación penal en febrero de 1998 en el derecho internacional existen normas y principios de ius cogens y tratados internacionales de derechos humanos de los cuales el Perú es parte y frente a los cuales se encuentra obligado internacionalmente, sobre los cuales sustenta la formalización de su denuncia penal.
Por ello, solicita que los hechos denunciados y su tipificación, se realicen a la luz de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, inhumanas o degradantes, así como la Convención Interamericana contra la Tortura y la Convención Belem Do Pará.
La denuncia formulada por el Fiscal Borjas tiene una particular trascendencia al señalar con claridad que el delito de violación sexual perpetrado en una situación de conflicto armado interno constituye una forma de tortura, y en consecuencia un crimen de lesa humanidad. Esta importante consideración convierte al caso Manta y Vilca en el primer caso de violación sexual que es denunciado bajo estas consideraciones.
Desde la llegada del nuevo gobierno el proceso de judicialización de graves violaciones a los derechos humanos estaba sufriendo un evidente estancamiento que solo ha sido alterado por la decisión de la justicia chilena de conceder la extradición del ex presidente Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad. En ese sentido la denuncia por el caso de las violaciones sexuales en las bases militares de Manta y Vilca no solo pone las manos de la justicia en uno de los principales casos investigados por la CVR, hecho sin precedentes en el Perú y en América Latina.
Ahora le corresponde al Poder Judicial devolver la mirada a aquellas mujeres que en silencio y por casi dos décadas han esperado este momento, hacer que el paso del tiempo y el olvido no sean nuevamente las expresiones más acabadas de la impunidad. En buena cuenta, hacer justicia.
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