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Hace
mucho tiempo que el Derecho penal distingue entre delitos
cometidos individualmente y de manera directa, de los delitos
cometidos a través de otro o de otros y de manera indirecta.
Es precisamente para estos últimos casos que se emplea la
teoría de la autoría mediata.
Efectivamente,
¿cómo atribuir un delito, por ejemplo un acto terrorista, a
una persona que utiliza a un menor de edad para que éste
coloque la bomba? O, ¿cómo
atribuir un delito de hurto a una persona que se aprovecha de
otra a la que se le hace creer que el bien que sustrae no es
ajeno? En todos estos casos el hombre de adelante o ejecutor
material (el que coloca la bomba o sustrae el bien ajeno) es
el que directamente ejecuta el acto terrorista o hurta un bien
mueble ajeno, sin embargo, nadie puede negar que el verdadero
autor es el hombre de atrás dado el dominio que mantiene del
delito como consecuencia del aprovechamiento o
instrumentalización de la situación existente.
Sin
embargo, instrumentalizar a otro u otros para la comisión de
un delito no siempre va a suponer el aprovechamiento de una
deficiencia en el ejecutor material (minoría de edad o
error). Dicha manipulación o instrumentalización puede también
ejercerse aprovechándose de la existencia de un aparato de
poder o de una organización caracterizada por la pluralidad y
sustituibilidad de sus miembros y la relación jerárquica
dentro de los mismos. En ese sentido, lo importante para
reconocer la existencia de una autoría mediata consistiría
en el reconocimiento de una situación de instrumentalización
que otorga a quien se sirve de la misma de un dominio
relevante y superior sobre el hombre de adelante, sin que ello
implique que éste se encuentre necesariamente excluido de
responsabilidad penal.
En
los casos en los que un dirigente o una autoridad se aprovecha
de personas que integran un aparato de poder organizado, el
Derecho penal viene utilizando la famosa doctrina de la autoría
mediata a través de aparatos de poder organizados (o autoría
por dominio de organización) formulada por el profesor Claus
Roxin en 1963. Durante las décadas posteriores se ha
producido un fructífero debate con dicha doctrina, la misma
que se viene asentando cada vez más en la jurisprudencia
nacional y comparada. Aportes importantes a dicha teoría han
sido elaborados por el profesor Kai Ambos y
la profesora Carolina Bolea
Bardón. A partir de sus contribuciones, los presupuestos que
se requieren verificar para atribuir un hecho a una persona a
título de autor mediato por dominio de organización serían
las siguientes:
a)
Existencia de
una organización integrada al menos por un mínimo stock de
personas sustituibles antes o durante el evento criminal las
cuales mantienen una relación jerárquica con sus superiores.
Aquellas personas pueden o no tener cierta predisposición a
la comisión de delitos.
b)
Control
(dominio) de la organización por parte del hombre de atrás y
a través de ella de sus integrantes sustituibles. Dicho
control puede manifestarse bajo distintas modalidades: a través
de la creación de la organización, el no control del mismo
pudiendo hacerlo dada su posición o a través del impulso
sostenido de la misma con medidas dirigidas a autorizar sus
actuaciones ilícitas. En todos estos supuestos se evidencia,
por parte del hombre de atrás, un dominio del riesgo (que es
el aparato de poder) de producción de actos ilícitos.
c)
Conocimiento de
la organización o aparato de poder y decisión de que sus
miembros ejecuten o continúen ejecutando hechos ilícitos
penales.
En consecuencia, para atribuir a una persona la realización
de un hecho delictivo en calidad de autor mediato por dominio
de organización no se necesita probar el dominio del hecho
concreto, esto es, el control del curso causal del delito
cometido (por ejemplo el control directo sobre el asesinato de
los nueve estudiantes y un profesor de
la Universidad
la Cantuta). Sólo se necesita probar el control de la fuente
del riesgo, es decir, el aparato de poder. Tampoco se necesita
probar la orden directa de cometer los delitos concretos, dado
que el hombre de atrás también puede ser imputado por la
omisión de controlar el aparato de poder pudiendo y debiendo
hacerlo. Finalmente, tampoco se necesita probar que el hombre
de atrás quiso que los actos ilícitos se realizaran. Nos
basta con demostrar que el hombre de atrás conocía el
aparato de poder organizado y sus actividades ilícitas y
decidió que el mismo continuara con las mismas.
La
cuestión referida a si la acusación del Fiscal Supremo
contra el procesado Fujimori se ajusta a estos parámetros de
la autoría mediata por dominio de organización o establece
un estándar más difícil de prueba es un asunto que, desde
mi perspectiva, es posible responder de acuerdo con la primera
alternativa, siempre que se proceda a una reinterpretación de
los elementos que contiene el propio dictamen acusatorio. Pero
ello es materia de otro debate.
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