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Teniendo a la vista que la credibilidad de la justicia crece con la velocidad en que lo hace una palmera, pero cae con la rapidez en que lo hace un coco, una de las tareas más arduas y relevantes de todo proceso de reforma judicial es ir mejorando la imagen que la ciudadanía tiene del servicio de justicia. Para ello, se debe actuar en múltiples direcciones: eliminación de barreras de acceso, fortalecimiento de la independencia de los magistrados, mejor atención al litigante, probidad y lucha anticorrupción, mayores recursos económicos y gasto eficiente, celeridad en los procesos, entre otras.
Las responsabilidades de su consecución paulatina se vuelven más complejas conforme mayor sea el número de actores públicos. O, a la inversa, se clarifican cuando hay uno o dos órganos involucrados en ellas. En este último caso, la lucha anticorrupción es un campo de gran relevancia para la imagen del servicio de justicia que requiere de pocos actores y mucha determinación.
Al ser más o menos frecuentes los casos de corrupción, el análisis serio no puede quedarse en ellos, sino basarse fundamentalmente en el compromiso que muestran los órganos encargados de combatirla. Y en ello, se aprecia especialmente la rapidez y firmeza con que se actúa y la idoneidad y eficacia de los remedios que se imponen. De modo que, a la par que se desincentivan comportamientos similares, la ciudadanía revalora a su sistema de justicia, cuando aprecia la existencia de una firme voluntad de lucha contra el envilecimiento de la justicia.
Mucho se han celebrado los avances en materia de tutela de la probidad que muestran la Oficina de Control de la Magistratura o el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Pero ninguno de estos dos órganos puede dormirse en sus laureles, puesto que si hay algo que requiere constancia indesmayable es la lucha anticorrupción.
Y ahora estamos ante un nuevo reto puesto que nada menos que una de las más altas autoridades del Poder Judicial, el Dr. Luis Alberto Mena Núñez, miembro de su Consejo Ejecutivo, ha incurrido en gravísimas inconductas funcionales, recibiendo dinero de litigantes (para ser entregado a los abogados que los defenderían, dice él), utilizando como testaferros a sus choferes, y usando el carro oficial para llevar a su familia de paseo y a él de casinos y bares hasta altísimas horas de la madrugada.
Ante cargos tan graves, que han sido reconocidos por Mena o probados por los videos y documentos correspondientes, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) expresó tibiamente su decisión de que se investigue el caso sin pronunciarse sobre su gravedad, la Sala Plena de la Corte Suprema emitió un comunicado claro y preciso, pidiéndole al implicado que se aparte de su cargo en el CEPJ porque sus acciones han mellado la imagen el PJ (y aún así, Mena no renuncia). Finalmente, dentro de los actores oficiales, el CNM se ha puesto inicialmente de perfil, señalando que había un vacío legal respecto del órgano que tenía a su cargo el procesamiento disciplinario de los miembros del CEPJ que son magistrados, dado que Mena es representante de los abogados en este órgano.
Los comportamientos del CEPJ y del CNM resultan inadmisibles, puesto que muestran una preferencia por el formalismo frente a la lucha indeclinable contra la impunidad sobre todo en el último caso, puesto que al tener Mena las prerrogativas de Vocal Supremo y no existir otro camino para juzgar las faltas de los integrantes no magistrados del CEPJ, no cabe sino que sea procesado por quien tiene competencias sobre tales jueces: el CNM
(véase estudio sobre el
particular).
La sociedad civil mostró rápidos reflejos inicialmente, cuando el Presidente de la Junta de Decanos de Colegios de Abogados del Perú, convocó a reunión del Consejo Directivo de este órgano para discutir el tema, pero tras ello sólo se publicó un comunicado genérico en el que no se cuestionaba la lamentable actuación de Mena y se informaba que se había constituido una comisión que elaboraría un informe en base al cual se discutiría la revocatoria de su mandato en la asamblea del 29 de marzo.
Es claro que no se necesitaba una comisión para condenar conductas aceptadas o demostradas de manera indubitable, que no sólo afectan a la justicia globalmente sino a los abogados, a quienes representa Mena, pero habrá que esperar los resultados para ver si se trataba solamente de una extremada mesura.
Todo lo dicho, con la loable excepción de la conducta de la Sala Plena de la Corte Suprema, ha generado un ambiente en el que el actor de este repudiable desaguisado, no se ha sentido compelido a hacer lo único digno que correspondía: renunciar inmediatamente de conocida la grave y documentada denuncia en su contra. Como lo que se deduce de la manera en que Mena se aferra al cargo es que no podemos pedirle peras al olmo, no queda sino reclamar en voz alta que el CNM y la Junta de Decanos cumplan con sancionar y revocar a Mena, cada uno en el campo que le corresponde, para reconstituir la imagen de la justicia en la apreciación ciudadana y no terminar de desmerecerla.
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