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A
pesar de las graves inconductas funcionales en las que ha
incurrido el señor Luis Alberto Mena Núñez, al recibir
dinero de litigantes (para ser entregado a los abogados que lo
defenderían, según lo que él sostiene) utilizando como
testaferros a sus choferes y usando el carro oficial para
llevarlo a casinos y bares, así como transportar a su familia
al Parque de las Leyendas —situaciones que, además, han
sido reconocidos por él
mismo ante el programa de televisión “La
ventana indiscreta”—, este personaje se ha negado a
renunciar, aferrándose desvergonzadamente al cargo de miembro
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y Jefe de
la Oficina
Nacional
de Apoyo
a
la Justicia
de Paz (ONAJUP).
Es
precisamente esto último lo que merece ser resaltado ya que
el desempeño de
la ONAJUP
terminaría siendo afectado por este escándalo en el que se
encuentra su Jefe y con ello el perjuicio podría impactar
negativamente en los jueces de paz, ya bastante olvidados por
esta dependencia que se ufana de repartir crucifijos y
medallas en vez de atender las necesidades más importantes de
este sector de la magistratura.
Debe
recordarse que desde su creación, en marzo del 2005,
la ONAJUP
ha tenido un desempeño errático, básicamente porque la
persona que lo dirigía no entendía la naturaleza de la
justicia de paz y cuál era el aporte de ésta para superar la
falta de acceso a la justicia de la población rural. Esto
explica por qué esta oficina se haya preocupado más por
atender asuntos secundarios, como entrega de materiales poco
necesarios, y descuidar temas trascendentes, como la
capacitación de los jueces y juezas de paz; la incorporación
en el presupuesto anual del Poder Judicial de una partida para
este sector que permitiese brindar apoyo descentralizado; la
asesoría y orientación ante las quejas que sufren los jueces
de paz por parte abogados inconformes con las sentencias;
gestión de un seguro social; devolución de los gastos en que
incurren por desplazarse fuera de sus despachos para atender
las notificaciones y exhortos; centralismo en la toma de
decisiones, restando autonomía a las cortes superiores, etc.
Ha
sido una verdadera lástima que las actividades de capacitación
que en estos últimos dos años ha llevado a cabo
la ONAJUP
hayan servido para propósitos clientelistas de su Jefe,
descuidando aspectos básicos sobre cómo hacer talleres de
educación con adultos, preservando determinados contenidos
que respeten la cultura local y las formas tradicionales de
resolución de conflictos que tan buenos resultados ha dado a
la justicia de paz. Al respecto, siempre hemos considerado que
esta forma de capacitar, más que insistir en contenidos
legales, debe basarse en transferir información básica que
les facilite (a los jueces) la aplicación del criterio de
equidad que se maneja en cada población o comunidad donde se
ubique, evitando colisionar con los derechos fundamentales. A
ello debemos agregar la sensibilización en diversos aspectos
referidos a la importancia del respeto a los derechos humanos
y la protección en los casos de violencia contra la mujer y
contra los niños.
Conjuntamente
con esta situación, a pesar de un discurso pro justicia de
paz, en la práctica no se aprecia desde
la ONAJUP
un compromiso serio a favor de este sector de magistrados, que
siguen sin ser valorados debidamente como la principal
respuesta estatal para contrarrestar la falta de acceso a la
justicia de la población rural y urbano marginal.
Por
todo lo dicho, es que consideramos que existen fundadas
razones para que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en
uso de sus atribuciones, designe un nuevo jefe de
la ONAJUP
, de manera que lo ocurrido con su actual titular no debilite
el accionar de esta importante dependencia judicial.
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