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En el último fin de semana se decidió la suerte de Luis Mena Núñez, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en representación de los abogados del país. Por un lado, el Ministerio Público a través del fiscal supremo José Pereyra Rivarola, le inició formalmente una investigación penal para determinar la comisión o no de un delito en el que habría incurrido al haber actuado como gestor de intereses a favor de una empresa que litigaba contra el Estado, afectándose con ello el principio de imparcialidad que debe ser cautelado desde el ámbito judicial.
Por otro lado, la Junta Nacional de Decanos de Colegios de Abogados del Perú reunida en Huancayo el pasado viernes 28 de marzo acordó, por mayoría de 12 a 8 y una abstención, removerlo de su cargo como representante de los abogados ante el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, además de diferir la elección de su nuevo representante en una siguiente asamblea general que se realizará en Arequipa a fines del mes de mayo.
Ambos sucesos merecen destacarse y señalarse como de la máxima trascendencia por la contundente reacción generada en el ámbito estatal y desde la sociedad civil que no podía permanecer estática ante un hecho escandaloso como el cometido por el personaje en cuestión. Lo que sigue ahora es de enorme importancia, ya que los decanos de los colegios de abogados deberán elegir a su nuevo representante, cuidando que el mismo reúna las condiciones para devolver la credibilidad a la mellada imagen de los letrados representados ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Estamos, pues, ante una señal de limpieza y lucha contra la corrupción, que debe consolidarse con el apartamiento efectivo de Mena del cargo. Ya no existe ningún argumento, ni siquiera retórico, que lo sostenga, debiendo lamentarse el daño institucional que sigue causando su reticencia a mantenerse en una función que ha deshonrado.
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