|
Nos
encontramos ad portas
de una decisión muy importante para la vida del Poder
Judicial. Estamos a dos meses de la difusión del reportaje
que destapó las graves irregularidades que venía cometiendo
Luis Mena Núñez como miembro del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, y a pocos días de que la Junta de Decanos de los
Colegios de Abogados del Perú, entidad que lo eligió y más
tarde tuvo que remover en el cargo, elija a su reemplazante.
O, lo que sería un escándalo, revoque su decisión y siente
las bases para la impunidad de Mena.
Nos
preocupa sobremanera esta última posibilidad. Recordemos los
hechos: hace un tiempo
la referida Junta
de Decanos, en una decisión muy controvertida, decidió
renovarle por tercera vez la confianza al señor Mena, a pesar
de que éste había dado muestras claras de una total
inoperatividad como representante de la sociedad civil ante el
órgano ejecutivo más importante del Poder Judicial. Pero al
menos, nadie podía exhibir una prueba clara sobre la ausencia
de probidad y ética del referido funcionario. Hoy, con la
contundencia de las imágenes que todos apreciamos en el vídeo,
la Junta de Decanos no puede excusarse de la responsabilidad
que le compete; la que si bien, no puede retrotraerse hasta el
nombramiento, sí le corresponde respecto de su remoción.
Como
pocos casos, el de Mena Núñez ha merecido la atención de
todos los medios; y no era para menos. Pocas veces se ha
expuesto con tal contundencia -equiparable quizá al sonado
caso del ex magistrado supremo Palacios Villar (recordemos la
coima de 400 soles y unos chifles)- y con tanta claridad las
pruebas de las inconductas de un magistrado o funcionario del
mundo judicial. Ante ello, la Junta de Decanos, cuyos miembros
son representantes de una sociedad civil que tanto ha luchado
por tener lugar en el sistema de justicia, debe tener muy
presente la gran responsabilidad que tiene respecto a cuidar
celosamente su legitimidad por la representación que ejerce.
En tal sentido, y con las evidencias de todos conocidas, no
puede aceptarse una miopía tal que impida ver que una marcha
atrás en este caso no sólo sería una vergüenza sino que
afectaría la confianza depositada en las instituciones.
Nos
preocupa que en estas circunstancias, puedan estar teniendo
algún eco las argumentaciones que esgrime Mena Núñez, quien
ha dado serias muestras de no importarle intentar tapar el sol
con un dedo. Veamos sino lo que dijo el 25 de abril de 2008,
en el Cusco, lugar en el que apareció luego de un mutismo que
conducía directamente a preguntarle porque no renunciaba al
cargo por propia dignidad:
Reportero:
¿Y cuál es su verdad
frente a lo que se mostró en la televisión nacional?
Mena
Núñez: He sido víctima
de una campaña bien montada, he sido víctima de grupos de
poder, de situaciones al interior del Órgano de Control de la
Magistratura, de organismos no gubernamentales a quienes por
mi iniciativa se les ha quitado millones de euros… (Diario
del Cusco, 25/04/08)
Es
decir, cuando la cámara de
la Ventana Indiscreta
grabó a su familia de paseo por el Parque de las Leyendas o
lo captó saliendo de un casino a altas horas de la noche
usando el auto que pagamos todos los peruanos, Mena nos dice
que todo fue parte de un plan que maquinaron la OCMA, las
ONG’s y otros grupos de poder. Y hay más:
Reportero:
¿Pero el caso
Consettur, el tráfico de influencias?
Mena
Núñez: (…) Mire yo
en Lima a todos quienes acuden a mi oficina los atiendo, no he
cerrado las puertas a nadie (…)
Ni
el propio Mena ha podido negar que, siendo un alto dirigente
del Poder Judicial, recomendó a un abogado a
la empresa Conssettur
(con cuyo dueño se le ve en el vídeo departiendo en una
reunión social) y que recibió de dicha empresa las sumas de
US$ 1000 y US$ 6000, para luego “entregarlas” a los
abogados que finalmente asumieron el patrocinio. Ahora resulta
que tal proceder fue acto de filantropía.
El
derrotero continúa hoy con la pretensión del señor Mena de
invalidar la decisión previa de remoción de la Junta de
Decanos alegando violación a su derecho al debido
procedimiento. De nuevo avizoramos más alegaciones carentes
de fundamento, seguramente muy formalistas, que una verdadera
prueba a su favor de violación de sus derechos.
Es
cierto que al momento en que se conocen las graves inconductas
que Mena estaba cometiendo, no estaba previsto el organismo ni
el procedimiento para sancionar las faltas disciplinarias de
los funcionarios pertenecientes al Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial. Este vacío, que es la punta de lanza de Mena, no
era óbice sin embargo para que la Junta de Decanos de los
Colegios de Abogados del Perú decida hacer valer el derecho a
la remoción de autoridades que tiene la ciudadanía, cuando
se ha perdido la confianza en ellas. Por supuesto, esta no es
una decisión subjetiva, sino que debe ser el resultado de un
debido procedimiento administrativo y así fue: se conformó
una Comisión que investigó los hechos que sindican a Mena, y
éste tuvo la posibilidad de ejercer su defensa.
Se
debe, entonces, mantener la decisión de remoción. Los hechos
son insoslayables. Es importante recordarles a los decanos de
los diferentes colegios de abogados del Perú que la mirada pública
apunta hacia ellos. Las circunstancias los han puesto en una
situación difícil pero muy importante: dar claras muestras
de que no aceptan ni encubren actos reñidos con la ética,
por lo que su decisión no puede ser otra que confirmar la
remoción de Mena Núñez. Sólo así no se continuará
afectando la legitimidad de la participación de la sociedad
civil en el sistema de justicia y se contribuirá a levantar
cualquier suspicacia al respecto. Confiamos en que no
defraudarán la confianza depositada en ellos.
|
