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1. El equipo profesional de Justicia Viva lamenta profundamente, a la vez que rechaza tajantemente la reposición de Ramiro De Valdivia Cano como vocal titular de la Corte Suprema de la República ordenada por el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia Nº 08495-2006-PA/TC.
2. Ramiro De Valdivia Cano es un personaje sumamente cuestionado, principalmente por su labor en el Jurado Nacional de Elecciones durante la peor época del fujimorismo, marcada por el intento de re-reelección presidencial. Esta rechazable actuación se encuentra documentada por vídeos de sus reuniones con Vladimiro Montesinos Torres en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), para ver los temas de las tachas surgidas en el proceso de re-reelección de Fujimori. Por ello, el Consejo Nacional de la Magistratura lo destituyó correctamente en agosto de 2002, a los pocos meses de haberlo nombrado, siendo que, además de haber participado en actos de injerencia indebida en las funciones electorales, ocultó la información referida a sus visitas al SIN.
3. El argumento central de la cuestionada resolución del TC es que estas visitas se llevaron a cabo antes de que De Valdivia fuera nombrado vocal supremo. Tal consideración peca de formalismo excesivo y no resulta aceptable bajo ningún concepto, puesto que la probidad requerida para el ejercicio de la función jurisdiccional involucra a la totalidad de las actividades realizadas por una persona. Por ello se exige que quien postula a un cargo de juez no tenga antecedentes penales, a lo que se tiene que agregar que ostente una trayectoria democrática y ética incuestionable, porque de no ser así se estaría atentando contra la esencia misma de la función jurisdiccional.
4. Consideramos que con esta sentencia estamos ante un punto de quiebre del Tribunal Constitucional frente a la reincorporación de magistrados fuertemente cuestionados, así como frente a la clara línea de lucha contra la corrupción fijada por la composición anterior del TC. Este giro en materia anticorrupción se vislumbraba ya, por ejemplo, en los casos Jalilie (4053-2007-PHC/TC) y Wolfenson (6201-2007-PHC/TC) y se condice con las recientes declaraciones del actual presidente del TC, Carlos Mesía Ramírez:
“Hay que hacer un corte: los cuatro magistrados que ya se fueron, los cuatro magistrados que ya llegaron. Flores Aráoz se refiere a un TC distinto, que cumplió su rol, en una etapa que era necesario combatir la corrupción (…) y eso implicaba jueces activistas”.
5. Es de lamentar que el actual Tribunal Constitucional abdique de sus funciones de combatir la corrupción, habida cuenta que dicho mal es uno de los peores flagelos que azota al país y le impide consolidarse como una democracia moderna. Por ello, corresponde que dicho órgano jurisdiccional retome la línea marcada por su antecesor por el bien del prestigio ganado por la institución, pero principalmente por el mantenimiento de una defensa denodada de la Constitución y los derechos fundamentales.
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