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Ad portas de la elección del nuevo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el diario El Comercio dedica un titular en primera página y toda la página dos de la edición de hoy (24 de febrero), a influir indebidamente en los resultados del proceso, pero lo hace desde una perspectiva controversial, tanto por la forma como por las consecuencias. En primer término, porque revive el tema de que la esposa del Dr. Carlos Mansilla fue madrina de la hija de Montesinos en 1988 y lo usa para decir que el Dr. Mansilla fue muy cercano a Vladimiro Montesinos y, por lo tanto, no debería ser presidente del CNM; y en lo segundo, porque golpea a uno de los candidatos —probablemente el de mejor perfil para el puesto— y allana el terreno para que cualquiera de los otros dos consejeros en brega asuma un liderazgo que no hubiera tenido sin la portada de El Comercio.
Ante todo, debemos recordar que muchas veces hemos coincidido con El Comercio en diferentes temas y enfoques, pero es nuestro deber pronunciarnos cuando discrepamos en términos de posición y manera en que se da la información. La vida da muchas vueltas, ciertamente, y en 1988 nadie podía imaginarse que Montesinos llegara a ser lo que fue, pero juzgar a un magistrado sólo por tal dato, sin detenerse siquiera un instante a verificar si su comportamiento funcional dejaba alguna duda sobre su independencia, es de una ligereza verdaderamente imperdonable. En función de ello, creemos que hay que completar la información aparecida para que reine la ponderación y no el escarnio en la elección a tan importante cargo.
Para ello, el mejor recurso es recordar que Montesinos acabó con la independencia de jueces y fiscales en todos los asuntos que le interesaron, particularmente, en el campo de los derechos humanos, en el que el fujimorismo aprobó inclusive una ley de amnistía para garantizar la impunidad del Grupo Colina y otros actores de la guerra sucia.
Traemos a colación estos hechos porque en 1995, en pleno apogeo del fujimorismo, el Dr. Mansilla, en ejercicio de sus funciones de Fiscal Superior, emitió un dictamen declarando su conformidad plena con la sentencia emitida por la Dra. Antonia Saquicuray que inaplicaba la ley de amnistía por afectar valores jurídicos fundamentales. Este valeroso dictamen, que fue realzado por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando invalidó la ley de amnistía, le valió una serie de represalias, que lo llevaron a una fiscalía itinerante hasta el fin del fujimorismo y a dejar la Dirección de la Academia de Fiscales, entre otras.
Una vez restaurada la democracia, a fines del año 2000, los fiscales lo eligieron por unanimidad en la Comisión Transitoria encargada de recuperar la institución. En el 2001 postuló a fiscal supremo, obteniendo la máxima calificación en el examen y el curriculum (con nota hasta ahora no alcanzada) y, sin embargo, por la misma razón, no fue finalmente ascendido, razón por la cual tomó la decisión, tan drástica como digna, de renunciar a su carrera como fiscal. Finalmente, en el 2005, la Junta de Fiscales Supremos, lo nombra su representante en el CNM, como muestra evidente y clara de apoyo a una limpia y valiente trayectoria.
Todos estos elementos son conocidos por El Comercio y por todas las personas que nos movemos en el sistema de justicia, por lo que es necesario difundirlos también en otros ámbitos para paliar en algo los efectos negativos de un reportaje que por tales omisiones dista mucho de cumplir con la labor informativa que le corresponde, y trata de influir indebidamente en el nombramiento del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, entidad que entra en una etapa de decisiones, puesto que sobre sus hombros recae nada más y nada menos que la implementación de la ley de la carrera judicial en medio de un año preelectoral en cuanto a la renovación de casi 2/3 de sus integrantes.
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