El proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nº 03395/2009-PE está dictaminado por la Comisión de Constitución y Reglamento como por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, y listo para ser analizado en el Pleno del Congreso, en un debate que definirá un antes y un después en el respeto a la Constitución Política del Perú, el derecho a la participación de más de medio millón de profesionales y, por si fuera poco, la independencia del Consejo Nacional de la Magistratura, el órgano que selecciona, ratifica y destituye a todos los jueces y fiscales del país (ver: Informe Jurídico de IDL).
Es por eso que teniendo en cuenta todo lo que está en juego con la aprobación del proyecto de ley del gobierno –y de cualquier fórmula legislativa similar que elimine la participación a los y las profesionales y tenga lo mismos efectos nocivos–, diversas autoridades e instituciones de la sociedad civil han expresado públicamente su más enérgico rechazo a tal pretensión antidemocrática que vulnera, se quiera o no, lo que claramente señala la Constitución en su artículo 155: que son los miembros de los Colegios profesionales quienes eligen, en votación secreta, a sus representantes ante el Consejo Nacional de la Magistratura. No los decanos ni tampoco los Delegados-representantes que propone el dictamen de la Comisión de Justicia.
¿Por qué el Ejecutivo, ahora, presenta un proyecto de ley sobre la elección de los representantes de la sociedad civil en el CNM si nunca antes lo hizo? ¿Y por qué la propuesta no ha sido en pro de la transparencia y la participación en el proceso, en lugar de apostar por el peligro de la intromisión política en el mismo? ¿Por qué querer asemejar el sistema de elección de los representantes de los miembros de los Colegios profesionales, a otra que en el pasado ha tenido graves cuestionamientos de transparencia y objetividad? ¿Por qué vulnerar el derecho a la participación de los ciudadanos y contradecir flagrantemente lo que señala la Constitución? Son preguntas que a pesar de su gravedad, han quedado sin respuesta.
Lo único que se ha dicho, es que habría una “injusticia numérica” por la que los candidatos de los Colegios Profesionales con mayor cantidad de agremiados terminarían siempre avasallando a los de los demás. Pero lo cierto, y lo que no debe pasar desapercibido a los y las congresistas que estén de lado de la independencia de la magistratura y en contra del menor riesgo de injerencia política (sobre todo ahora con los escándalos de corrupción), es que el remedio resulta siendo peor, mucho peor, que la enfermedad. Lo que también no debe dejarse de lado en honor a la constitucionalidad, es que la Constitución ha diseñado este sistema de elección (que elijan los miembros), por lo que la vía para modificarlo no puede ser a través de una ley o una ley orgánica.
Por lo anterior y otras consideraciones más que podrá leer seguidamente, de un tiempo a esta parte se han sumado a los pronunciamientos ya existentes (de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima, de la Junta de Vigilancia del mismo colegio, el consejero Maximiliano Cárdenas representante de los Colegios Profesionales, el decano del Colegio de Profesores, el Decano del Colegio de Sociólogos, el Decano del Colegio de Arquitectos y el Instituto de Defensa Legal –IDL–,) otros más: del Colegio de Médicos del Perú, del Colegio de Enfermeros y de la Comisión Andina de Juristas (CAJ).
Nuevamente nos preguntamos: ¿permitirán los Decanos y Decanas de los Colegios Profesionales, que se les quite el derecho a todos sus agremiados y agremiadas a participar y ejercer su voto personal en estas elecciones, y que no participen directamente dando su voto a quienes crean objetivamente que son sus mejores representantes?, ¿permitirán los y las congresistas de la República esta vulneración a la Constitución y el peligro de la injerencia política en el CNM, dejando además en desamparo de sus derechos a sus propios electores? Como señalamos, el Congreso es ahora quien tiene la palabra.
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