Ante la falta de convocatoria pública de las elecciones de los(as) dos representantes de las universidades públicas y privadas (que debió realizarse el pasado martes 1ero de diciembre), y la ausencia de un reglamento que regule esta importantísima elección, siete Decanos de las Facultades de Derecho de diversas universidades del país han firmado una Declaración y Acta de compromiso (ver aquí) pidiendo no sólo que se realice la convocatoria y comprometiéndose a difundir la cercanía de estas elecciones al interior de sus casas de estudio, sino que también, alcanzan una propuesta de reglamento (ver aquí) en pro de la transparencia en estas elecciones.
Así, estos Decanos no sólo se unen a los rectores de otras cuatro universidades que ya habían solicitado información a la Asamblea Nacional de Rectores sobre estas elecciones (ver: Rectores y rectoras de universidades piden a ANR información y reglas claras en proceso de elección de sus representantes ante el CNM: comienza la cuenta regresiva), sino que además, plantean un muy interesante reglamento que, a través de sus 18 artículos y tres disposiciones finales y transitorias, propone principalmente:
a. La presentación de las hojas de vida y planes de trabajo de quienes se presentan para postular al cargo de Consejero o Consejera.
¿Cómo saber, si es que no se presentan estas hojas de vida y planes, que el o la postulante tiene los méritos adecuados? Simplemente, imposible.
b. La publicación de qué instituciones promueven y/o presentan tal y cual candidatura.
Interesante aporte, que fomenta la responsabilidad de las universidades y el cuidado en ver a quiénes postulan.
c. La sustentación del plan de trabajo, en una Audiencia Pública, la misma que sería televisada y/o grabada para su difusión.
La propuesta es más que conveniente, no sólo para que los rectores y rectoras que elijan a los(as) siguientes representantes de las universidades den cuenta real de las destrezas y capacidades del o la postulante, sino que además, abona a la necesidad de acercar a la sociedad civil a los más importantes hechos del sistema de justicia, como la elección de sus autoridades.
d. La presentación de tachas por situaciones que cuestionen algunas de las candidaturas.
e. La promoción de candidaturas que posean una especial versación en materia del sistema de justicia.
En otras palabras, transparencia, transparencia y más transparencia; la necesaria para que en estas elecciones se escoja a los y las mejores profesionales que se presenten, y en todo caso, en vista que los méritos quedarán expuestos a través de las hojas de vida y la audiencia pública, fomentar la presentación de interesantes candidaturas que den la talla a tan importante cargo.
Nunca más oportunos esta propuesta y compromisos para aportar a la publicidad de estas elecciones, cuando estamos ya en la “cuenta regresiva” de una convocatoria que debió ser difundida hace más de una semana, y cuando el escándalo desatado por los serios cuestionamientos a la Universidad Alas Peruanas hace notar que estas elecciones no pueden darse, como hace cinco años, tras puertas cerradas.
¿Y qué decanos se han comprometido a ello? Son los doctores José Castillo Román, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cajamarca; Manuel Castillo Venegas, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura; Jorge Polo y La Borda González, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco; Alberto Navas Torres, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – Iquitos; Teódulo Santos Cruz, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo; Luis Vargas Fernández, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santa María – Arequipa; y Walter Albán Peralta, Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Es importante que esta elección, la de los(as) dos representantes de las universidades públicas y privadas, concierte el interés de más autoridades responsables de un proceso transparente, objetivo y que se juzgue sólo por los méritos de quienes postulen. Entre ellos, se espera que más decanos y decanas de facultades de Derecho, así como más rectores y rectoras de universidades, y por supuesto, que el Poder Judicial y el Ministerio Público (que son los primeros interesados que se elija un CNM independiente y eficiente), se pronuncien a favor de una pronta convocatoria y reglas claras. Por el momento, la propuesta de reglamento de los decanos es una iniciativa sobre la que la ANR debe ya pronunciarse, dando una clara pero contundente muestra que, esta vez, las cosas se harán bien. |
