El CNM ha decidido por unanimidad declarar la nulidad del concurso que se venía llevando a cabo para nombrar vocales y fiscales supremos.
Nos parece una decisión acertada que beneficia a todos: al propio CNM, a los postulantes, a la Corte Suprema y a la Junta de Fiscales Supremos. Para la legitimidad de las instituciones y personas involucradas, es indispensable que los resultados emanen de un proceso transparente e impecable.
Hemos sido testigos de los esfuerzos de varios de los integrantes del actual CNM por mejorar los procedimientos de selección, ratificación y destitución de magistrados. Y de hecho ha habido avances importantísimos. Por eso mismo, hubiese sido lamentable que estos consejeros terminen próximamente sus 5 años de gestión dando una impresión en sentido contrario.
El CNM tiene razón cuando señala que es ilógico e inconveniente, que un concurso que está en su última etapa pase a estar en las manos de los nuevos consejeros que deben incorporarse en los siguientes días.
Antes de la próxima convocatoria, es indispensable identificar y analizar qué aspectos del sistema de selección y nombramiento, siendo positivos en teoría, se pueden prestar a malas prácticas e interpretaciones.
También se ha informado que se darán a conocer todas las respuestas de los exámenes rendidos por el conjunto de postulantes, incluido las del fiscal Guillén, medida igualmente positiva, porque permitirá diluir toda duda.
Nos parece asimismo una buena noticia que la Presidencia del CNM, la misma que ha pasado de Carlos Mansilla a Maximiliano Cárdenas, se mantenga en el grupo de consejeros que durante todos estos años ha mostrado transparencia, empeño en cumplir bien funciones sumamente complejas y voluntad de corregir los errores y deficiencias que voluntaria o involuntariamente se pueden cometer.
El gran desafío ahora es mejorar la composición, transparencia y procedimientos de actuación del Consejo Nacional de la Magistratura, y no volver al sistema de nombramiento político –como algunos ya están planteando interesadamente–, el mismo que fue, durante muchas décadas, la causa principal de la absoluta falta de independencia de nuestro sistema de justicia durante años
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