El pleno del Congreso ha programado para hoy, miércoles 10 de marzo, la continuación del debate del proyecto de ley N° 3395-2009/PE.
Como se recordará, este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, buscaba, en una clara intención de injerencia política, que quienes elijan a los 3 representantes de los colegios profesionales en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), no sean los propios agremiados sino simplemente los decanos de cada colegio profesional.
El pretendido cambio, así como el nuevo texto sustitutorio de la Comisión de Justicia (donde se pretende que no voten todos los profesionales, sino, sólo los delegados-candidatos cuando de la elección de colegios profesionales de no abogados se trate. Ver texto), es a todas luces absurdo, por inconstitucional; puesto que el artículo 155 de nuestra Constitución establece claramente que son los miembros de los colegios profesionales quienes eligen a su representante. Justamente por ello, distintos funcionarios y colegios profesionales han manifestado su total rechazo (ver: comunicados1, comunicados2, pronunciamiento, carta); y porque no aporta en nada a una aludida mejora en el sistema de elección, más aún si tenemos en cuenta lo sucedido recientemente en las elecciones de las universidades en febrero pasado, donde a pesar de ser sólo los rectores quienes elegían a sus candidatos, el mecanismo no garantizó una absoluta transparencia de los postulantes y la exposición de los méritos de todos.
Y no sólo se objeta esto de la propuesta que, como hemos señalado, sorpresivamente es reactivada. Están, por si fuera poco, las evidentes consecuencias e intereses políticos en los cuales se basa (ver: informe sobre proyecto).
Otro dato importante que hay que tener en cuenta es que actualmente nos encontramos en pleno proceso electoral, ya iniciado por la ONPE, para que los profesionales elijan a sus representantes ante el CNM (ver: web del proceso); siendo el día de hoy el que corresponde a la publicación del número mínimo de adherentes para presentar candidaturas (Resolución Jefatural Nº 001-2010-J/ONPE).
Esto, y esperamos equivocarnos, estaría anunciando la intención de querer aplicar dicho proyecto a este proceso en trámite, con lo cual todo lo ya avanzado se iría al tacho: compra de kits electorales, presentación de agremiados hábiles, sin contar el cronograma establecido y la maquinaria electoral puesta en marcha; y esto, incluso cuando en el debate de la semana pasada se sugirió que el cambio no se aplique en las actuales elecciones. Huelga desarrollar la sospechosa relación entre el apuro por aprobar esta norma y la situación político-institucional por la que pasó y sigue pasando el CNM.
Es imprescindible entonces, bajo este escenario, hacer un breve recuento de las principales incongruencias de esta propuesta.
Para empezar se violan derechos políticos de todos los miembros de los colegios profesionales, ya que se vulnera un mandato constitucional claro, su participación directa en el proceso. La Constitución señala expresamente que en el caso de los representantes al CNM por los colegios profesionales, quienes ejercen el voto en forma secreta son “los miembros” (artículo 155); es decir, todos y cada uno de los agremiados; mientras que la propuesta que actualmente se pretende concretar es que la elección la realicen los delegados-candidatos de cada Colegio profesional. Es decir, no votan todos directamente, sino que, cada colegio elige a un delegado, y entre todos los delegados elegidos, se seleccionarán (¿entre ellos mismos?) al representante que vaya al CNM.
Resulta, además, absurdo que para vencer el “espíritu de cuerpo” que el proyecto de ley denuncia (siempre serían elegidos los candidatos del colegio profesional con más agremiados), se restrinja el derecho a la participación de los profesionales, cuando lo ideal sería promover la elección de las candidaturas más idóneas sean de cualquier colegio, a través de debates, planes de trabajo, entre otras cosas. Evidentemente la voluntad política para hacer esto último, dista mucho de los intereses que se persiguen con el proyecto.
Hay que recordar, que incluso el Colegio Profesional de Profesores del Perú (por el que prácticamente se puede decir que este intento de reforma de ley tiene nombre propio), el colegio con más agremiados, se ha comprometido a promover la elección de un solo miembro de su gremio, a pesar que por su número, podrían ser los dos que corresponden a los colegios profesionales que no son de abogados. Dicho compromiso ya se ha hecho público (ver: comunicado)
De otro lado, la experiencia nos dicta que el tipo de elección que se propone para este tipo de funcionarios, ha sido negativa. Aquella llevada a cabo por cabezas de institución y no mediante democracia directa. Ejemplo de esto son las dos últimas elecciones para el CNM realizadas por los rectores de las universidades en el 2005 y en menor medida en el 2010. En el caso del 2005 las irregularidades y secretismo demostrados en el proceso llevaron a que se anulara en su primer intento.
Asimismo, hemos sido testigos de sucesivos escándalos por parte de los representantes de la sociedad civil en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), elegidos por los decanos de los colegios de abogados del país. En un primer momento Luis Alberto Mena Núñez, y posteriormente Hugo Salas Ortiz, quienes terminaron fuera del CEPJ.
Como puede apreciarse, las condiciones institucionales no están para una propuesta así, que además peca de incongruencia con la Constitución. Demás está decir, que a menor número de votantes más probabilidades de influencia política en su decisión. El Pleno del Congreso está a punto de dar un gran paso, sea hacia atrás si aprueba tan cuestionable proyecto, o hacia adelante si lo rechaza, como indica el razonamiento jurídico y político.
Un último comentario. Como ya se mencionó, no deja de llamar la atención que se busque restringir la participación de los profesionales para elegir a consejeros, de la manera ya mencionada, cuando el CNM ha dado muestras de enmendar sus cuestionamientos, en especial, en relación a las anuladas elecciones de magistrados supremos. Si el Congreso quiere mostrar su interés por el CNM, debería empezar por la destitución del consejero Anaya (protagonista de recientes escándalos de corrupción), cuyo destino está en sus manos, y que no ameritaría nada menos que su retiro definitivo. |
