7 de junio: La fecha y las claves para que la elección del Fiscal de la Nación no regrese a cero el caso Lava Jato

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Por: Cruz Silva Del Carpio,
coordinadora del programa Justicia Viva del IDL

El Ministerio Público ha informado mediante un comunicado que la Junta de Fiscales Supremos (JFS), en sesión del 23 de abril del 2018, acordó elegir el día jueves 07 de junio en sesión ordinaria a su máximo representante; es decir, a quien ejercerá el cargo de Fiscal de la Nación, toda vez que llega a su término el mandato encargado al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde. En ese sentido, existen 7 puntos clave y urgentes que los cinco fiscales supremos titulares que votarán, así como la ciudadanía, deben tener en cuenta.

Uno: esta elección va a definir el destino del caso Lava Jato, el caso más grave de corrupción internacional y estructural que involucra en nuestro país a cuatro periodos de gobierno en democracia, en el que están comprometidos ex presidentes, empresarios, congresistas, abogados, entre otros. No existirá un juicio que apunte a identificar con respeto al debido proceso a los responsables, si es que la actuación de los fiscales no está garantizada por un Fiscal de la Nación que garantice la independencia en sus funciones, la promoción de los funcionarios más capacitados así como los recursos suficientes con estrategias claras de investigación.

Dos: a pesar de la importancia de esta elección, la Junta de Fiscales Supremos no cuenta con un reglamento mínimo que apunte a las capacidades objetivas del perfil de Fiscal de la Nación que se requiere, ni a los plazos en los que se conocerá a quienes postulen al cargo, a quienes los promuevan, la presentación de sus planes para la institución, ni se estipula que la sociedad civil pueda alcanzar observaciones a las postulaciones. Es decir, no existe la transparencia ni el mínimo debate público que exige la elección de tan alto cargo de la justicia de acuerdo a principios constitucionales y estándares supranacionales; además de ser inhibidores de presuntos actos de corrupción, arbitrariedades o intercambio de favores que pudieran darse.

La JFS debe cambiar este escenario con la adopción de un reglamento. El IDL alcanzará una propuesta que, junto a otras, debiera ser evaluada en breve plazo.

Tres: en la Junta de Fiscales Supremos ha primado en ocasiones el criterio de la antigüedad, un criterio anacrónico que como el de la elección en base al supuesto turno, es un riesgo para la independencia de la institución al ser insuficientes para protegerla. Aunque tales criterios hayan sido en algún momento consensuados, son violatorios al mandato constitucional de que los actores del sistema de justicia sean idóneos e independientes; características que configuran además derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, y que se condicen con la lucha contra la corrupción que el Ministerio Público ha señalado muchas veces apoyar.

Cabe recordar, además, que el proceso de elección de una alta autoridad del sistema de justicia como es el caso del Fiscal de la Nación, no puede ser aparente y por tanto existir a la par de su convocatoria un presunto consenso previo que finalmente termine concretándose. Ello convertiría al proceso de elección (propuesta, evaluación, debate, decisión) en una farsa, que se evidenciaría aun más con la falta de transparencia y criterios objetivos que motiven debidamente la elección.

Cuatro: el cargo de Fiscal de la Nación, más que una legítima aspiración subjetiva de todo Fiscal Supremo, es una función de dirección y política fiscal de la que depende el acceso a la justicia de todos los peruanos, por lo que su elección debe ser un proceso regido por parámetros objetivos y especializados de apariencia de independencia y eficiencia.

Cinco: todo esto se exige, más aun cuando la opinión pública tiene como uno de los balances de la actuación del Ministerio Público en el caso Lava Jato, a la par de concretos e importantes avances, un desigual desempeño fiscal entre la investigación y acciones adoptadas respecto de unos y otros líderes y lideresas políticas, a pesar de la similitud de las acusaciones.

Seis: la Junta de Fiscales Supremos conformada por los fiscales titulares Pablo Sánchez, Zoraida Avalos, Pedro Chavarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez, están ante dos supuestos. Uno es la reelección del actual Fiscal de la Nación Pablo Sánchez, legalmente permitida por solo dos años más. La otra es la elección de un nuevo representante. La ciudadanía exige, luego de un proceso de elección transparente con un reglamento mínimo, que la persona nombrada sea alguien que garantice solo mejorías respecto de lo logrado, e inescindiblemente, una incuestionable trayectoria de independencia de cualquier poder empresarial y político.

Siete, y finalmente, la elección transparente, independiente y con reglas predecibles y mínimas del Fiscal de la Nación, además de ser una preocupación y exigencia de la ciudadanía, debiera serlo también de espacios como el Acuerdo Nacional por la Justicia. La elección será el próximo 7 de junio, fecha que da tiempo suficiente para concretar las urgentes medidas que aquí se han recordado. El caso Lava Jato depende de ello.

(Foto: Ancashaldia.com)

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