Aciertos y desaciertos del decreto legislativo que regula la vigilancia electrónica personal

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Por: Fabiola Franceza Omonte

En el paquete de los 112 decretos legislativos que recientemente fueron emitidos por el Ejecutivo, se incluyeron varios vinculados a la seguridad ciudadana y, específicamente, al sistema penitenciario. Uno de ellos es el Decreto Legislativo N° 1322, publicado el 6 de enero de este año, sobre el uso de grilletes electrónicos como medida alternativa a la privación de libertad. De allí que sea importa conocer qué de nuevo trae esta norma y cuáles son sus aciertos o desaciertos.

¿Qué de nuevo trae?

Lo primero que hay que aclarar es que no es cierto que con este decreto legislativo se haya aprobado la aplicación de los grilletes electrónicos, como se lee en el artículo Leyes para transformar el Perú, escrito por Fernando Zavala y publicado en el diario El Comercio. En realidad, su uso se encuentra autorizado desde 2010, cuando se publicó la Ley N° 29499 y su reglamento. Desde entonces, el problema central en torno a los grilletes electrónicos no ha radicado en la ausencia de un marco normativo que viabilice su aplicación, sino en la falta de compromiso de los gobiernos predecesores  para implementarlo[1].

Lo segundo que hay que señalar es que si bien el objetivo de emitir el Decreto Legislativo N° 1322 era establecer un nuevo marco normativo sobre grilletes electrónicos, salvo un par de importantes modificaciones, la mayoría de cambios que incorpora esta decreto no son sustanciales. Formalmente, sin embargo, sí se ha logrado ese propósito, pues 7 de los 11 artículos de la Ley N° 29499 han sido derogados.

¿Cuáles son sus aciertos?

Lo más positivo es que esta norma es, hasta ahora, la mejor demostración de que el Ejecutivo está encaminado a cumplir con lo prometido en su plan de gobierno: implementar los grilletes electrónicos, reforma pendiente desde hace 7 años, y fortalecer el sistema de medidas alternativas a la privación de libertad.

Como tema de fondo, es especialmente positivo que se haya establecido claramente que la vigilancia electrónica puede aplicarse como alternativa a la prisión preventiva. Lo que dice textualmente la norma en su artículo 6 es que “Para el caso de procesados, estos pueden solicitar la imposición de la vigilancia electrónica personal como alternativa a la prisión preventiva o variación de esta última de encontrarse interno[2].

¿Cuáles son sus desaciertos?

Lo más negativo del Decreto Legislativo N° 1322 es que repite los errores de la legislación anterior. Y es que teniendo la oportunidad de modificarlas, ha mantenido algunas disposiciones de la Ley N° 29499 y su reglamento que era necesario corregir, porque imponían requisitos y supuestos de prioridad demasiado estrictos para acceder a la vigilancia electrónica, a pesar de que la lógica de las medidas alternativas a la privación de la libertad es que puedan ser aplicadas a la mayor cantidad de personas posibles.

Lo más grave es que se ha establecido en el artículo 14.2 que “El costo del dispositivo electrónico y el servicio de vigilancia electrónica es sufragado íntegramente por el procesado o condenado”, algo que la Ley N° 29499 no decía y que solo se había dispuesto mediante una modificación a su reglamento en mayo de 2015, que fue cuestionada por el IDL en diversas ocasiones. Por si fuera poco, en el artículo 14.5 se señala que “El incumplimiento de la obligación de pago acarrea la revocatoria de la medida y el internamiento definitivo del condenado o procesado, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la presente norma”.

Y no se trata de costos menores. De acuerdo a la declaratoria de interés del proyecto de grilletes electrónicos publicada por Proinversión en setiembre de 2015, se calculó que cada persona que accediera a los grilletes electrónicos tendría que hacer un pago diario aproximado de 18.8 soles –es decir, un pago mensual de 525.8 soles– (por concepto de verificación técnica, instalación y desinstalación) y un pago único de 375.6 soles (por arrendamiento del dispositivo y monitoreo).

Lo que se viene

Esta semana la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal definió que el Plan Piloto para la Vigilancia Electrónica Personal se llevará a cabo en el distrito judicial de Lima. De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1322, el piloto durara 365 días. Recién tras ese periodo se implementará progresivamente en todo el país de acuerdo al calendario oficial que publicara el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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[1] Recién desde mediados de 2015, el gobierno de Ollanta Humala empezó a tomarse el asunto más en serio. Prueba de ello es que se modificó la Ley N° 29499, su reglamento y se eligió a la empresa privada que implementaría el servicio de vigilancia electrónica personal.

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