Ante la mayor crisis de corrupción del sistema de justicia: La refundación debe comenzar ahora

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IDL-Reporteros acaba de publicar la primera entrega del mayor escándalo de red de corrupción judicial del más alto nivel, que involucra a la Corte Superior de Justicia del Callao, a la Corte Suprema y al Consejo Nacional de la Magistratura, con consecuencias de dimensiones sin precedentes en la etapa democrática del país. Frente a ello, debemos señalar y exigir con carácter de urgencia lo siguiente:

  • Estamos ante una de las mayores  crisis de nuestro sistema democrático.  No solo presenciamos hace varios meses la corrupción transnacional del caso Lava Jato que involucra a todos los presidentes de la República post dictadura, o los escándalos de corrupción en el Congreso y el sistema electoral. Ahora se suman las togas, la corrupción del sistema de justicia a diverso nivel. Es decir, los tres poderes del Estado sumidos en una de las taras que genera pobreza y violación de los derechos: la corrupción.
  • En búsqueda de la hegemonía de diversos grupos en el sistema de justicia, altos funcionarios a través de intercambio de favores, contrataciones, nombramientos e intervención en causas judiciales, se han aprovechado del poder y la discrecionalidad de sus cargos y han convertido el sistema de justicia en una herramienta de provecho grupal. Esto significa que los  intentos de reforma, en todos estos años, con la Comisión Sivina, la CERIAJUS, la INA, el Acuerdo Nacional por la Justicia y las diversas propuestas existentes, no han funcionado en lo central.
  • Urge el cambio de timón en esa estrategia anticorrupción y un nuevo pacto político y social. Las estrategias institucionales deben dar paso a la comprensión del funcionamiento de las diversas redes de corrupción judicial, la sanción efectiva, la no impunidad ni el reciclaje de grupos de poder corruptos en la función pública. En el 2012 hubo una propuesta judicial de facultades extraordinarias por 60 días para combatir las denominadas “tribus judiciales” que abría el debate, pero fue rápidamente descartada.
  • Debemos recuperar la independencia judicial. La Fiscalía de la Nación, la Procuraduría Anticorrupción y los magistrados supremos realmente comprometidos contra la corrupción deben ejercer inmediatamente sus funciones de investigación y sanción sobre todos los involucrados, pero sobre todo los del sistema judicial. La defensa de la independencia exige que los funcionarios comprometidos sean inmediatamente suspendidos de sus cargos hasta que culminen las investigaciones.
  • Todo el sistema debe reformarse ahora. Desde hace años la sociedad civil ha levantado su voz de propuesta, alerta y denuncia pero no ha sido debidamente escuchada. Es lamentable que muchos de los personajes hoy puestos en evidencia hayan sido en su momento tachados o denunciados sin que el sistema respondiera con efectividad. La reforma debe abrirse a los ciudadanos y crear un sistema inmediato y de largo plazo de encuentro para una verdadera reforma estructural.
  • El Consejo Nacional de la Magistratura debe suspender sus convocatorias frente a esta crisis de legitimidad que inició en el 2015 y entrar en un periodo de transición y reestructuración, investigando y removiendo a los Consejeros que han violado los deberes de su cargo,  con miras a nuevas elecciones de toda la institución.
  • El país no puede aguantar más corrupción y  el sistema de justicia no puede sumirnos en la desconfianza y el descrédito absolutos. Para este año se pretende elegir jueces para el caso Lava Jato, ratificar magistrados supremos y elegir nuevo presidente de la Corte Suprema. Nada de eso puede darse si es que no se garantiza la independencia judicial y la lucha contra la corrupción. Es momento de que los sectores democráticos y la población en general impulsemos todas las acciones necesarias para la refundación del sistema de justicia, porque los derechos de todos y todas y la alicaída democracia están en franco peligro luego de 200 años de vida republicana.

Lima, 7 de julio de 2018

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