PRONUNCIAMIENTO

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El día sábado 14 de julio, y ante una nueva revelación de IDL-Reporteros (con colaboración de Justicia Viva) y El Comercio, el consejero Guido Aguila Grados ha hecho pública su decisión de renunciar (adelantadamente) al cargo en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ante este hecho, Justicia Viva debe señalar enfáticamente lo siguiente.

  1. La renuncia no debe significar impunidad. El audio por el que el abogado Guido Aguila ha renunciado, identifica un serísimo caso de presunto tráfico de influencias que debe ser investigado y sancionado según ordena la ley penal. Y además, debido a los deberes funcionales y constitucionales vulnerados con su acción, debe ser procesado constitucionalmente para que se impongan las sanciones que amerite.
  1. El ex consejero Aguila debe responder, además, por otras inconductas que se han mantenido sin investigación y en la impunidad mientras ha ejercido el cargo de presidente del CNM; es decir, desde noviembre del 2015 a febrero del 2016 (interino), marzo 2016 y febrero 2017, y marzo del 2017 y febrero del 2018. Entre esas inconductas están su responsabilidad en el caso “Quispe Pariona”; permitir que el consejero Julio Gutiérrez ejerza a la vez como Decano del Colegio de Licenciados en Administración cuando el cargo es a exclusividad, juramentar a un consejero (Teódulo Santos Cruz) en contra de la Constitución y la Ley Orgánica el 14 de diciembre del 2015 y en el marco de la selección de magistrados supremos; el cambio inesperado de todos los reglamentos de las funciones del CNM, la suspensión de las Comisiones durante el año 2017, los conflictos de interés con la academia EGACAL de los que ya se han ubicado casos de ex profesores o alumnos o trabajadores que fueron nombrados por el CNM o trabajan en él; los cuestionamientos sobre la elaboración y seguridad de los exámenes de las convocatorias de los magistrados incluidos los supremos; la falta rigurosidad con que habría manejado el presupuesto de la institución, los nombramientos realizados durante los años 2016 y 2017, entre otros. Justicia Viva resalta, que de no investigarse y sancionarse estos casos, incurriremos en la impunidad que ha dado en gestiones pasadas carta blanca para que estos hechos se produzcan hoy.
  1. La renuncia no debe ser motivo para dejar de investigar la red o los grupos de poder con o por los que el abogado Aguila habría concretado estos hechos. La crisis judicial desatada desde el sábado pasado con la publicación de los primeros #CNMaudios exige, sin dilaciones ni dubitaciones, investigar a fondo estas formas de corrupción llevadas a cabo por grupos de personas, los mismos que tienen una lógica de reenganche en otros espacios públicos y estatales, o de reorganización en el tiempo.
  1. Las instituciones llamadas a investigar estos hechos deben actuar, y la sociedad debe exigir que cumplan con su deber a fin de no ser cómplices de estos hechos: la Procuraduría Anticorrupción, el Ministerio Público, el Congreso de la República, así como el Ilustre Colegio de Abogados de Lima a través de su Comisión de Ética. Siendo el ex consejero, representante del gremio de los abogados, el Colegio Profesional debe efectuar una investigación y llevar a cabo sanciones ejemplares teniendo en cuenta el alto cargo, su conducta, y el impacto que ello tiene para el gremio en medio de la mayor crisis del sistema de justicia. Asimismo las universidades, que albergan las facultades de Derecho educadoras de los futuros abogados y abogadas, deben tomar las acciones pertinentes más aún si de por medio se han otorgado títulos o reconocimiento como honoris causas, entre otros.
  1. Justicia Viva alerta y solicita públicamente al Consejo Nacional de la Magistratura, que no efectúe la juramentación de la consejera suplente, la abogada Ruth Monge. En la actual crisis judicial, no se puede integrar al CNM a quien durante su candidatura al cargo en el año 2015 ha tenido serios cuestionamientos relacionados con su apariencia de independencia e imparcialidad; entre ellos, su cercanía y familiaridad con políticos del partido aprista, o el otrora patrocinio a la familia Zevallos procesados por narcotráfico, así como el episodio de la entrega de pasajes aéreos a algunos funcionarios públicos del sistema de justicia (que aunque archivado, cuestiona). No hay garantía de apariencia independencia e imparcialidad, menos aun en el escenario de crisis por el que el país está pasando a causa, exclusiva, de la corrupción. El CNM ante estos hechos, y ante la crisis de la institución debe optar urgentemente por la renuncia (sin impunidad) de consejeros titulares y suplentes, y así dar paso a un periodo de transición apuntando a nuevas elecciones de consejeros, con nuevos y reales requisitos y procedimientos que corten el paso a los conflictos de intereses y las redes de interés particular que nos permitan avanzar y no retroceder en la independencia judicial y fiscal en medio de esta crisis.

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