Apuntes sobre las modificaciones introducidas por el D. Leg. Nº 1298 al plazo de detención y otras figuras

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Por: Juan José Quispe Capacyachi y Paulo Chávez Zúñiga

 

Introducción

El Congreso de la República mediante la Ley Nº 30506, otorgó al Poder Ejecutivo facultades legislativas en diversas materias, entre ellas, las referidas a la reforma penal. En ese marco, el Gobierno publicó el Decreto Legislativo Nº 1298.

Ese Decreto “modifica los artículos 261, 264, 266 y 267 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo N° 957, que regulan la detención preliminar judicial y la detención judicial en caso de flagrancia”, publicado el 30 de diciembre del 2016, plantea la modificación de varios artículos del Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo Nº 957: los artículos 261º, 264º, 266º y 267º. Estas normas se refieren específicamente a la detención (detención policial, detención preliminar judicial y otras variantes), como medidas impuestas en el marco de la investigación y procesamiento penal.

También se incluyen nuevos plazos (art.264, CPP), con el propósito de extender durante un mayor plazo de tiempo la detención. Así mismo, el presente Decreto, a través de la modificatoria realizada al artículo 266º del CPP, crea para los casos de flagrancia la detención judicial, que sólo se aplicaba para casos de no flagrancia (detención preliminar judicial), en el cual dicho plazo de detención puede extenderse excepcionalmente hasta por 7 días, antes de pasar a custodia del juez de investigación preparatoria.

Según lo antes dicho, nos encontramos ante interesantes y controvertidas modificaciones realizadas a nuestro Código Procesal Penal (D. Leg. Nº 957).

En el presente documento buscamos analizar punto por punto, y comentar cada una de estas modificaciones que, como hemos señalado revelan cambios importantes.

I. La detención preliminar judicial (art. 261º, CPP).

 

El texto del artículo 261º del CPP modificado señala que:

“Artículo 261 Detención Preliminar Judicial.-

  1. El Juez de la Investigación Preparatoria, a requerimiento del Fiscal, sin trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel, dicta mandato de detención preliminar cuando:
  2. a) No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad.
  3. b) El sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención.
  4. c) El detenido se fugare de un centro de detención preliminar.
  5. En los supuestos anteriores, para cursar la orden de detención se requiere que el imputado se encuentre debidamente individualizado con los siguientes datos: nombres y apellidos completos, edad, sexo, lugar, y fecha de nacimiento. (…)”

 

Comentarios

  1. No se plantean grandes modificaciones. Se mantienen los requisitos para que el Juez de la Investigación Preparatoria, a requerimiento del Fiscal, dicte detención preliminar. Los requisitos siguen siendo los mismos: 1) Cuando no existe un supuesto de flagrancia delictiva, 2) El sorprendido en flagrancia logra evitar su detención, y 3) Fuga de un centro de detención.
  1. El presente Decreto Legislativo solo modifica el inciso 1, literal a), referido a uno de los presupuestos de la detención preliminar: “Cuando no existe un supuesto de flagrancia delictiva”. Este presupuesto requiere que se acredite lo siguiente: a) la comisión de un delito cuya pena sea mayor a 4 años, b) un peligro de fuga; y, c) según la reciente modificatoria, se agrega u obstaculización de la averiguación de la verdad”.
  1. Sobre el añadido al inciso 1, literal a), o sea, sobre “la obstaculización”, es legítimo calificar que ha sido una reforma necesaria, no solo en el sentido lógico de establecer que dentro del peligro procesal se encuentran el peligro de fuga y la obstaculización (entiéndase destrucción, ocultamiento, modificación, de medios de elementos de investigación, etc.) de los elementos que permitan corroborar la existencia de un hecho delictivo. Sino que, su importancia radica en que permite evitar obstrucciones o generar dificultades a la realización de la investigación fiscal en su etapa inicial y desarrollo.

 

II. El plazo de la detención (art. 264°, CPP).

 

El texto del artículo 264º del CPP modificado, señala que:

“Artículo 264 Plazo de la detención.-

  1. La detención policial sólo dura un plazo de veinticuatro (24) horas o el término de la distancia.
  2. La detención preliminar dura setenta y dos (72) horas. Excepcionalmente, si subsisten los requisitos establecidos en el numeral 1) del artículo 261 del presente Código y se presenten circunstancias de especial complejidad en la investigación, puede durar un plazo máximo de siete (7) días.
  3. En los delitos cometidos por organizaciones criminales, la detención preliminar o la detención judicial por flagrancia puede durar un plazo máximo de diez (10) días. 
  1. La detención policial o la detención preliminar puede durar hasta un plazo no mayor de quince días naturales en los delitos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas.
  2. El Juez Penal, en estos casos, está especialmente facultado para adoptar las siguientes medidas: (…)”

 

 

Comentarios

  1. El presente artículo ha sufrido novedosas modificaciones, sobre todo por la incorporación de nuevos plazos de detención para algunas de sus formas. En ese sentido, se puede advertir ciertas incoherencias con la regulación establecida en la Constitución Política del Perú (1993).
  1. Podemos apreciar estas modificaciones en el presente cuadro comparativo:
Artículo 262° Plazos de detención
Antes del D.Leg N°1298 Después del D.Leg N°1298
Detención Policial: máx. 24 horas Detención Policial: máx. 24 horas o el término de la distancia
Detención Preliminar: máx. 24 horas Detención Preliminar: máx. 72 horas
  Excepción al plazo de Detención Preliminar: máx. 7 días

Si subsisten los requisitos establecidos en el numeral 1) del artículo 261° y se presenten circunstancias de especial complejidad.

Delitos cometidos por Organizaciones criminales: máx 10 días
En los delitos de Terrorismo, Espionaje y Tráfico Ilícito de Drogas: máx. 15 días En los delitos de Terrorismo, Espionaje y Tráfico Ilícito de Drogas: máx. 15 días

3. Se puede advertir de la presente modificación al art. 264º del CPP que el legislador ha aumentado los plazos establecidos para la detención preliminar (incluso añade una excepción al plazo ordinario) y, además, ha creado nuevas figuras de detención que no estaban previstas con anterioridad antes del presente Decreto Legislativo.

4. Estos cambios al plazo de detención tienen antecedentes. Antes de la puesta en vigencia del D. Leg. 1298. una de las últimas propuestas fue la del Poder Ejecutivo, del 21 de octubre del 2016, a través del Proyecto de Ley Nº 451-2016- PF, cuya propuesta se planteaba en los siguientes términos:

“’f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durara más del tiempo estrictamente necesario para las investigaciones, y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo de setenta y dos horas o en el término de la distancia.

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y crimen organizado. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.”

Es decir, ya se buscaba introducir el aumento del plazo de la detención a 72 horas, y por otro lado, incluir al crimen organizado como excepción al plazo de detención. Proponiendo para este último, un plazo no mayor a 15 días naturales.

Dicha propuesta ya superó la aprobación del Pleno del Congreso el 01 de diciembre del 2016. Pese a ello, por tratarse de una reforma constitucional, el procedimiento requiere que en una segunda legislatura se vuelva a someter a votación.

5. El objetivo perseguido por el legislador, según la lectura del art. 264 del CPP, es facilitar el trabajo policial y del Ministerio Público en relación a las averiguaciones de la comisión de un presunto hecho delictivo. O sea, el plazo de las detenciones varía de acuerdo a la complejidad y las circunstancias con que se produce el caso según criterio del legislador. Para tal fin, se ha considerado aumentar considerablemente los plazos de detención.

6. Se puede comprender la intención del legislador respecto a las modificaciones de este artículo. Sin embargo, estas (modificaciones) no coinciden con lo dispuesto en la Constitución de 1993 que, en su artículo 2°, referido a “Derechos de la Persona”, numeral 24°, literal “f”, consagra lo siguiente:

“Artículo 2 de la Constitución:

Toda persona tiene derecho:

24. A la libertad y a la seguridad personal, en consecuencia: (f). Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del Juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito.

El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia.

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al Juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.” (El subrayado es nuestro).

7. La Constitución es clara en hacer la precisión de que solo existe la detención policial y preliminar judicial cuyo plazo se extiende hasta por un máximo de 24 horas. Excepcionalmente puede durar hasta 15 días, pero esto sería aplicable solo en casos de Delitos de Terrorismo, Espionaje o Tráfico Ilícito de Drogas.

Más allá de estos plazos no se podría considerar otros, Estos serían abiertamente inconstitucionales. ¿Cómo es que se propone una reforma legislativa que es contraria al mandato constitucional?

8. En virtud del principio de supremacía de la Constitución y de jerarquía normativa, toda norma infraconstitucional debe ser concordante con lo dispuesto en la Carta Magna, que es la cúspide del ordenamiento normativo nacional. Lo opuesto sería calificar a la regulación como inconstitucional en la que solo cabe dos soluciones: o que sea derogada, o que sea inaplicada por los jueces de la República.

9. La nueva propuesta del Decreto Legislativo N° 1298, en referencia a los plazos de detención, es contraria a lo dispuesto por la Constitución Política. En tal sentido, solo la modificación al texto constitucional permitiría su coherencia, sin embargo, esto a la fecha aún no ha sido posible. Tendría que pasar por una reforma constitucional. Falta que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo sea aprobado en una segunda legislatura.

10. Uno de los problemas de interpretación que se presentan, es que al introducirse cambios como el proponer un plazo de detención de hasta 15 días naturales para los casos de Delitos cometidos por Organizaciones Criminales, no se precisa en qué casos de Delitos cometidos por estas Organizaciones debe aplicarse el plazo de detención.

La Ley contra el Crimen Organizado (Ley Nº 30077) modificado el 29 de octubre del 2016 por el D. Leg. 1244 –que modifica los artículos 3º y 24º de la mencionada Ley–, señala una lista de delitos que pueden ser cometida por organizaciones criminales. ¿En cuáles de estos delitos será aplicable la detención? ¿En todos o solo en algunos supuestos?

11. La función de la detención es que se realicen diligencias urgentes e inaplazables, por lo que el recojo de esa información por parte de la Policía y el Ministerio Público no debe ser en muchos días. Lo ideal es que sea en horas. Se entiende que existen excepciones, sin embargo, eso no quita el respeto a lo precisado en la Carta Magna.

De igual forma debe entenderse también el respeto al detenido, quien solo debe estar hasta 24 horas privado de su libertad. Un plazo mayor solo sería vulneratorio de sus derechos intrínsecos y fundamentales protegidos no sólo por la Constitución Política sino también por normas internacionales de Derechos Humanos.

12. Un tema aparte, pero lógico, es que si se pretende introducir estas nuevas modificaciones al plazo de detención, lo objetivo y real es que vamos a tener una gran cantidad de personas internadas en las Comisarías, considerando que el plazo de detención para delitos cometidos por organizaciones criminales es hasta de 15 días naturales.

Lo cierto es que este solo hecho es peligroso. Estaríamos colapsando los ambientes de las comisarias donde se internan a los detenidos, de igual forma rebasarían las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal de la PNP que es a donde precisamente se llevan a los detenidos de organizaciones criminales para su investigación.

Distintos son los casos de investigación de delitos como el de Tráfico ilícito de droga (TID), en donde existe la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) con instalaciones adecuadas para soportar 15 días de investigación, o en el caso de los investigados por la comisión del delito de Terrorismo que son llevados a la Dirección contra el Terrorismo de la PNP, centros de investigación criminal que desde su creación han sido acondicionados para investigar delitos especiales con rango constitucional.

 

III. La Detención Judicial en caso de Flagrancia (art. 266°, CPP).

 

El texto del artículo 266º del CPP modificado refiere que:

“Artículo 266 Detención judicial en caso de flagrancia.-

1. El Fiscal puede requerir al Juez de la Investigación Preparatoria dentro de las doce (12) horas de producida la detención efectiva por la Policía Nacional, la emisión del mandato de detención judicial hasta por un máximo de siete (7) días, cuando por las circunstancias del caso, se desprenda cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. En los delitos cometidos por organizaciones criminales la detención judicial por flagrancia puede durar hasta un plazo máximo de diez (10) días.

2. El Juez, antes del vencimiento de las veinticuatro (24) horas de la detención, realiza la audiencia de carácter inaplazable con asistencia obligatoria del Fiscal, el imputado y su abogado defensor. El Fiscal dispone el traslado del imputado a la audiencia, bajo custodia de la Policía Nacional. Rigen los numerales 1, 3 y 6 del artículo 85.

3. Instalada la audiencia y escuchados a los sujetos procesales, el Juez debe pronunciarse mediante resolución motivada sobre la legalidad de la detención del imputado conforme al artículo 259, sobre el cumplimiento de los derechos contenidos en el numeral 2 del artículo 71 y finalmente sobre la necesidad de dictar la detención judicial, teniendo a la vista las actuaciones proporcionadas por el Ministerio Público.

4. Si en la audiencia, el Juez advierte que se ha vulnerado los derechos fundamentales del investigado o se le ha detenido en forma ilegal, sin perjuicio de lo resuelto, remite copias al órgano de control del Ministerio Público y a Inspectoría de la Policía Nacional del Perú.

5. Dentro del plazo de detención determinado por el Juez, se pone al detenido a disposición del Juez de la Investigación Preparatoria para determinar si dicta mandato de prisión preventiva o comparecencia, simple o restrictiva.

6. Si el Juez declara improcedente el requerimiento de detención, el Fiscal, vencido el plazo de detención, dispone lo que corresponda.

7. El presente artículo no es aplicable para los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas”.

 

Comentarios

 

  1. La “detención judicial en caso de flagrancia” es una propuesta del legislador para casos, como se señala, de flagrancia delictiva. La detención judicial solo era aplicable para casos de no flagrancia (es decir, detención preliminar judicial). En estos casos, excepcionalmente se aplicaba la figura de la Convalidación de la Detención.

Esta convalidación se daba cuando, vencido el plazo de detención preliminar (es decir, máx. 24 horas), el Fiscal tenía la posibilidad de requerir al Juez de la Investigación Preparatoria la emisión de un auto de convalidación de la detención, luego de realizada una audiencia. El plazo por convalidación será de 7 días naturales, que una vez vencido, el juez puede decidir entre dictar una prisión preventiva o un mandato de comparecencia, simple o restrictiva.

  1. La detención judicial por flagrancia se aplica cuando, por las circunstancias del caso, puede existir la posibilidad de un peligro procesal (fuga u obstaculización de la investigación penal). Si es así, será requerido por el fiscal dentro de las 12 horas de producida la detención, la cual se prolongará hasta por 7 días.

En este supuesto de detención, el art. 266º del CP precisa que en los delitos cometidos por organizaciones criminales se prolongará hasta por 10 días. En estos casos, el juez resolverá la legalidad de la detención policial y evaluará si corresponde una detención judicial.

  1. No cabe duda, que se trata de una forma de Convalidación de la detención pero en casos de flagrancia, supuesto en los que sólo se aceptaba la detención por un máximo de 24 horas. Esta nueva regulación no supone una eliminación de la convalidación de la detención, que era para casos de detención preliminar judicial.

Según, las últimas modificaciones efectuadas por el D. Leg. 1298º, y concordando el presente artículo, con el artículo 261º y 264º, también existe la posibilidad de que la detención preliminar se extienda hasta por 7 días, es decir, si se cumplen los requisitos exigidos puede producirse una Convalidación de la Detención pero para casos de detención preliminar (no flagrancia). No se produce la eliminación de la Convalidación de la Detención para casos de no flagrancia como tal, pero sí se modifica el artículo 266º.

  1. Esta nueva alternativa propuesta por el legislador debe ser correctamente evaluada por el juez, para evitar así una detención prolongada e ilegal, que pueda durar hasta por 7 días.
  1. El trabajo de la Policía y de la Fiscalía debe ser tal que evite una incorrecta detención y vulneración del derecho a la libertad personal.

 

CONCLUSIONES

 

  1. Las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo 1298º a los artículos 261º, 264º, 266º y 267º del Código Procesal Penal plantean cuestiones novedosas en la figura de la detención, incorporando mayores plazos de tiempo, proponiendo nuevas formas específicas, así como, la incorporación de la detención judicial para casos de flagrancia. Este último no existía antes de la dación del mencionado Decreto Legislativo.

 

  1. Si bien nos encontramos frente a nuevos retos respecto a la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia común, y las organizaciones criminales, correspondería, en ese sentido, actualizar el acápite de la detención del Nuevo Código Procesal Penal del 2004. Debe tenerse presente que, el derecho comparado en algunos casos posee plazo de detención mayor al caso peruano. Sin embargo, la realidad de país y la efectividad de las instituciones estatales encargadas de la seguridad difieren.

 

  1. La existencia de quejas y reclamos por parte de miembros de la Policía y del Ministerio Público, y otros sectores sobre el aumento del plazo en la detención (que sea mayor a 24 horas), ha influido en estas reformas legislativas. Sobre todo porque son estos quienes intervienen en la escena del delito. En ese sentido, estos cambios permiten satisfacer las necesidades de estos sectores.

 

  1. Sin embargo, debe quedar muy claro que ninguna propuesta legislativa puede ser contraría al orden establecido por la Constitución Política, como se pretende hacer con el artículo 264º modificado por el D. Leg. 1298., que aumenta el plazo de la detención preliminar a 72 horas y, en el caso de organizaciones criminales, en el cual el plazo de la detención se puede extender hasta por 10 días. Para la constitucionalidad de estas reformas debe plantearse en primer lugar una reforma constitucional. La prolongación de una detención no puede constituir un abuso de poder estatal.

 

  1. La Constitución Política (art.2º, núm. 24º, literal f.) declara explícitamente que la detención policial o la preliminar judicial pueden durar hasta un máximo de 24 horas. Solo existe una excepción, que es aquella que se presenta en los casos de que se trate del Delito de Terrorismo, Espionaje o Tráfico Ilícito de Drogas. No existen otros supuestos. Tampoco se podría argumentar a favor de normas de carácter especial.

 

  1. El planteamiento de una reforma a los plazos de detención, reiteramos, debe pasar por un cambio constitucional. El trámite correspondiente es el que está siguiendo el Proyecto de Ley Nº 451-2016- PF, propuesta del Poder Ejecutivo.

 

  1. Otra crítica es que pese a la inconstitucionalidad del plazo de detención de hasta por 15 días de delitos cometidos por organizaciones criminales, es que debe desarrollarse en qué supuestos debe aplicarse, ya que las organizaciones criminales pueden cometer una pluralidad de delitos. Está en manos del legislador ser preciso en este punto.

 

  1. Debe proponerse la modificación al artículo 264º del CPP, y evitar así una vulneración grave del derecho fundamental a la libertad personal. Toda modificación al plazo de la detención debe encontrarse dentro de los estándares establecidos por la Constitución Política.

 

  1. El Ministerio del Interior debería adecuar inmediatamente sus instalaciones en un corto plazo, para que estas no colapsen cuando tengan que albergar a organizaciones criminales que cometan los delitos contemplados en la norma especial.

(Foto: radioexitosa.pe)


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