Cambios en la colaboración eficaz

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Por: Ernesto de la Jara Basombrío

El gobierno acaba de cambiar todo lo dispuesto por el Código Procesal Penal sobre la colaboración eficaz (Decreto Legislativo N° 1301), figura equivalente a la famosa delación premiada de Brasil, que tan eficaz viene siendo  en dicho país, como en muchos otros,  incluido el nuestro. Entre nosotros, lo ha sido por ejemplo frente a Sendero Luminoso, a la corrupción y violaciones de derechos humanos de los años de Fujimori y Montesinos, y actualmente en relación a las redes regionales o narcotráfico.

Si bien se ha cambiado todo el articulado, los cambios son pocos, pero son (muy importantes).

El más positivo es que ahora los cabecillas de las organizaciones del crimen organizado podrán acogerse a la colaboración eficaz. Era absurdo que estuviera prohibido, porque ellos son los que más conocen de la organización, y se saben, además, especialmente vulnerables, ya que muchos de sus subordinados intentaran salvarse echándolos a ellos, en su calidad de jefes.

Pero el cambio se ha realizado cometiendo una serie de errores. Para comenzar: no hay una definición de quién es cabecilla, y ello obstaculizará la aplicación de las normas reservadas exclusivamente para este sector. Cuando estaban excluidos era el fiscal el que decía quien era o no cabecilla, y lo hacía al comienzo de las investigaciones, algo sumamente criticable.

Pero, lo más grave es que se contemplan premios excesivos. Estos cabecillas no solo podrán ser beneficiados con una significativa disminución de los años de la  condena que se merecen, sino que también se les podrá suspender la ejecución de la pena, lo que puede implicar que no pisen la cárcel.  Debería ser al revés, en el sentido de que en el caso de los mandos principales o de colaboradores como cometieron hechos graves, siempre debe haber un periodo de cárcel efectivo.

Sin embargo, en sentido contrario a esta flexibilidad, se restringe a un solo supuesto el tipo de información que tienen que dar si quieren obtener beneficios: “identificar a miembros de la organización con mayor rango jerárquico”. No hay ninguna razón para ello, ya que igualmente importante sería si los cabecillas dieran información que solo ellos puedan dar sobre cuentas, circuitos financieros, asesinatos o complicidades encubiertas. Tiene que ser una información mucho mas trascendente que la proporcionada por otros colaboradores, pero el espectro de posibilidades tiene que tener una cierta amplitud, si se quiere aprovechar bien el hecho que uno de los capos haya optado por la delación.

De otro lado, ha faltado establecer garantías frente a algo que está bien permitir pero que es un poco jugar con fuego. Por ejemplo, debió incluirse una amplia facultad discrecional para que los fiscales y jueces puedan rechazar de plano las solicitudes de negociación de quienes representan lo peor de la sociedad. Ejemplos: Abimael Guzmán y Vladimiro Montesinos. Es decir, en el caso de los cabecillas, debe de quedar claro que no basta que se cumplan determinados requisitos previstos por ley, sino que en última instancia, la decisión la tienen los operadores jurídicos, según su propio criterio.

Hay otro punto realmente controversial, relacionado con el momento desde que la información proporcionada por el colaborador pasa a tener valor probatorio. En todas las legislaciones, la  lógica es que tiene que haber una aprobación previa. En el Perú, si el fiscal considera que la información ha sido corroborada, firmará un acuerdo, el mismo que el Poder Judicial deberá aprobar. Solo a partir de ese momento, el colaborador disfrutará de los beneficios, y la información que dio y fue motivo de un acuerdo podrá ser remitida en calidad de prueba a otros procesos. Una prueba de mucho peso pero que será evaluada junto a otras.

Con el nuevo Decreto Legislativo, se pretende que se pueda disponer de lo que va declarando el colaborador antes de la referida aprobación. Solo así se puede entender cuando se dice que el fiscal decidirá si remite la información a un proceso. Es más, se da a entender que medidas como la prisión preventiva podrán basarse en información proporcionada por el colaborador sin que haya sido objeto de un acuerdo. Esto es insostenible jurídicamente, porque significa darle valor probatorio al solo dicho del colaborador. Proceder así puede llevar a injusticias y al planteamiento de nulidades por los perjudicados, por constituir la violación de una garantía fundamental.

También hay una restricción del derecho de defensa, como cuando se establece que el fiscal podrá realizar diligencias de corroboración con el colaborador, sin que tenga que estar presente su abogado. Esto debido a que se sabe que muchas veces las diligencian se frustran sea porque no acuden los abogados privados o no alcanzas los de la defensa publica. Sin embargo esta regla puede terminar jugando en sentido contrario, ya que el colaborador podrá alegar que fue presionado o engañado, aprovechándose el fiscal de su salta de asesoría

También se mantiene y hasta se incrementa los límites frente a la participación de la parte agraviada. Así, por ejemplo, si bien se le permite apelar la decisión judicial aprobatoria del acuerdo fiscal, se precisa que solo podrá ser en relación a la reparación. Es cierto que la participación de la parte agraviada (sea esta optativa) solo se vincula a la búsqueda de una buena reparación, sin embargo, muchas veces el monto de la reparación dependerá del caso en concreto. Por tanto, hubiera sido mejor que el agraviado pudiera apelar cualquier extremo, sobre todo porque será una segunda instancia judicial la que decidirá.

La colaboración eficaz es una figura aceptada en muchas legislaciones, y hasta en tratados internacionales (la Convención de Palermo). Sin embargo, ello no quita que estemos ante una figura sumamente controversial y heterodoxa, que debilita principios fundamente. Por ello, hay que aplicarla respetando límites y garantías muy claros.

Sería importante por eso que a nivel del Poder Legislativo se revise y corrija los aspectos mencionados.

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