Caso Atuncolla: ¿Cuáles son los efectos de las sentencias constitucionales?

0
661

 

Por: Juan Carlos Ruiz Molleda y ÁlvaroMasquez Salvador

 

¿Las sentencias expedidas en procesos constitucionales de la libertad tienen solo efectos entre las partes, como ocurre en los procesos ordinarios? ¿O tienen, acaso, alguna relevancia e incidencia en otros casos similares de violaciones a los derechos fundamentales? Estas son algunas preguntas de abogados amigos del movimiento nacional de derechos humanos, a propósito del caso Atuncolla.

 

El caso Atuncolla

 

Muchos cuestionan los efectos de la sentencia expedida por la Sala Civil de Puno, que en el marco de una demanda de amparo ordenó al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) consultar con las comunidades campesinas la expedición de concesiones mineras, cuando éstas se superpongan a sus territorios[1]. Esta sentencia es producto de una demanda de amparo presentada por 11 comunidades campesinas del distrito de Atuncolla, en la provincia y departamento de Puno, contra concesiones mineras existentes sobre la totalidad de sus territorios. Estas fueron expedidas sin una notificación real o consulta a las comunidades, como reconoció la Sala Civil de Puno.

 

Al momento de resolver el caso, todas las concesiones mineras habían sido ya revocadas, pues sus titulares no pagaron los derechos de vigencia. Frente a esta situación, antes que declarar sustracción de la materia (pues la violación a los derechos de las comunidades había cesado), la Sala Superior expidió una sentencia donde ordenó al Ingemmet no volver a expedir concesiones mineras sobre territorio indígena sin realizar la consulta previa. Sin embargo, dado que la sentencia no precisa sobre son los ámbitos de su aplicación, algunos sostienen que sus efectos están restringidos a las partes en el caso Atuncolla o, con suerte, a la competencia territorial de la Corte Superior de Justicia de Puno.

 

La sentencia tiene la naturaleza de un amparo innovativo

 

Para empezar, hay que entender la naturaleza de la sentencia. Lo que la Sala Civil de Puno hizo fue considerar la demanda como un amparo innovativo[2]. Este tiene su fundamento en el segundo párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional, que precisa lo siguiente:

Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda precisando los alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda, y que si procediere de modo contrario se le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 22 del presente Código, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.

 

Según este tipo de amparo, ante la pérdida del objeto de la demanda, el juez deberá aún dictar una sentencia sobre el fondo de la cuestión controvertida, para evitar futuros actos lesivos iguales al constatado. Lo hace a pesar de que el hecho lesivo ha desaparecido o se ha vuelto irreparable. Esta figura ha sido tradicionalmente identificada con el proceso de hábeas corpus innovativo; sin embargo, afirma también la existencia de un amparo innovativo[3]. No debemos perder de vista que el artículo 1 del Código Procesal Constitucional es una disposición general aplicable a los procesos constitucionales de la libertad: hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento. Así, sus efectos inciden también sobre el proceso de amparo.

 

Lo segundo que hay que entender es que si bien los procesos constitucionales de la libertad tienen carácter restitutivo, es decir, persiguen reponer las cosas al estado anterior a la afectación de derechos fundamentales, sin embargo, también «buscan tomar medidas para asegurar que no vuelva a producirse la afectación que dio origen al proceso constitucional»[4]. Se trata de una garantía de no repetición. En tal sentido, Castillo Córdova señala que «la defensa de los derechos constitucionales propuesta como finalidad de los procesos constitucionales, no solo supone reponer las cosas al estado anterior de cometida la agresión del derecho constitucional, sino que puede suponer otras vías complementarias de aseguramiento del derecho constitucional, con la finalidad de evitar que vuelva a ocurrir esa agresión»[5].

 

La dimensión objetiva de los derechos fundamentales como fundamento constitucional del amparo innovativo

 

El fundamento del amparo innovativo es la dimensión objetiva de los derechos fundamentales y, en este caso, la dimensión objetiva del derecho a la consulta previa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. El Tribunal Constitucional (TC) explica que:

 

[…] [L]os derechos fundamentales no sólo tienen una vertiente subjetiva, sino también una dimensión objetiva, pues representan los valores materiales de todo el sistema jurídico nacional y, en esa condición, informan a la legislación, administración y jurisdicción. En esa medida, el Tribunal considera que el amparo no sólo puede entenderse como un proceso en cuyo seno se diluciden problemas que atañen únicamente a las partes que en él participen, sino como una acción de garantía en la cual subyace un orden público, representado por los derechos constitucionales cuya defensa, en el ámbito de su competencia, la Norma Suprema ha encomendado al Tribunal Constitucional[6] [resaltado nuestro].

 

Y es que los procesos constitucionales no solo persiguen una dimensión subjetiva sino además una dimensión objetiva, toda vez que «[…] en el estado actual de desarrollo del Derecho procesal constitucional, los procesos constitucionales persiguen no sólo la tutela subjetiva de los derechos fundamentales de las personas, sino también […] la tutela objetiva de la Constitución»[7].  En tal sentido, como ha señalado el TC, «la protección de los derechos fundamentales no sólo es de interés para el titular de ese derecho, sino también para el propio Estado y para la colectividad en general, pues su trasgresión supone una afectación también al propio ordenamiento constitucional»[8].

 

En el caso de Atuncolla, el mandato a Ingemmet de no volver a ocasionar el hecho lesivo se sustenta en la dimensión objetiva de los derechos fundamentales demandados. Así, es aplicable lo dicho por Salomé Resurrección cuando precisa que «el elemento subjetivo necesariamente estará presente al inicio del proceso, aunque después el elemento objetivo vaya ganando importancia atendiendo a la relevancia del caso (para la interpretación de la Constitución, para declarar la inconstitucionalidad de un determinado acto u omisión, etc.)»[9].

 

Dos casos a tener en cuenta

 

En los dos casos que expondremos a continuación, que indica Salomé Resurrección, advertiremos lo inconducente e irrazonable de restringir los efectos de una disposición que expide un tribunal, en el marco de un habeas corpus innovativo o amparo innovativo, cuando ordena que no se vuelva a repetir actos análogos al hecho lesivo. En ambos casos advertiremos que lo importante es la garantía de no repetición; es decir, la eficacia de la orden judicial de no repetir el hecho lesivo, como concreción de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales. Carece entonces de sentido la restricción geográfica de la regla.

  1. El caso Francisco Javier Francia Sánchez

 

Se trata de un proceso de hábeas corpus que se siguió contra el director del Hospital Nacional “Dos de Mayo”, para que disponga la entrega del cadáver de quien en vida fuera don Francisco Javier Francia Sánchez. Este permanecía retenido en dicho hospital, debido a que sus familiares no habían cumplido con pagar ladeuda que tenían con el establecimiento por los servicios prestados[10]. Esta medida impedía que los familiares pudieran velar y enterrar el cadáver del occiso, por lo que decidieron presentar una demanda de hábeas corpus para que el cadáver les fuera entregado.

 

El TC se pronunció sobre este caso, del que tomó conocimiento vía recurso de agravio constitucional, cuando el cuerpo ya había sido entregado a los familiares del difunto, de manera que la agresión había cesado. No obstante, dicho Colegiado decidió emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto e invocó el artículo 1° del Código Procesal Constitucional. A fin de sustentar su decisión señaló que:

 

Ello se justifica no sólo en el principio de economía procesal, sino, fundamentalmente, en el carácter objetivo que también tienen los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, en la consideración de que tales derechos no sólo constituyen atributos subjetivos fundamentales del ser humano, sino que son el sistema material de valores sobre el que reposa el sistema constitucional en su conjunto, de manera que éste ha de irradiarse a todo el sistema jurídico, a la par de generar, particularmente en la actuación de los órganos del Estado, un ‘deber especial de protección’ para con ellos[11].

 

La demanda fue declarada fundada disponiendo el TC remitir copia de los actuados al Ministerio Público para que procediera de conformidad con el artículo 8° del Código Procesal Constitucional, que regula la responsabilidad del agresor. Es decir, se ataca la fuente y se le ordena no repetir más el hecho lesivo.

2. El caso Nidia Yesenia Baca Barturén

 

Nidia Yesenia Baca Barturén[12], alumna de la Escuela Técnica Superior de la Policía de Chiclayo, fue separada de dicha institución e internada en el Hospital Regional de la Sanidad de la Policía de Chiclayo por haber quedado embarazada. Cuando el TC tomó conocimiento de este proceso, la estudiante ya había sido dada de alta. Sin embargo, el TC consideró necesario emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, atendiendo a las especiales circunstancias del caso.

 

El primer elemento sobre el cual se pronunció fue sobre el derecho a la libertad personal de la estudiante, manifestando que ninguna persona con pleno discernimiento puede permanecer internada sin ninguna justificación y en contra de su voluntad, como ocurrió en este caso. Adicionalmente, el TC se pronunció sobre los derechos a la igualdad y a la educación de la alumna, pues tomó conocimiento que esta había sido separada de manera definitiva de la Escuela Superior Técnica de la Policía de Chiclayo debido a su embarazo. El TC declaró fundada la demanda y ordenó su reincorporación como alumna, y declaró que las Escuelas de Formación de la Policía Nacional Perú se encuentran impedidas de separar alguna alumna o cadete por su estado de embarazo.

 

Al igual que lo realizado por la Sala Superior en el caso Atuncolla, en estos dos casos el TC ordenó al órgano que es la fuente de los hechos lesivos no volver a repetirlos, sin restringir su mandato a ninguna circunscripción territorial, como algunos abogados del movimiento nacional de derechos humanos han considerado.

 

Reflexión final

 

En el caso Atuncolla, la Sala Civil de Puno declaró fundada la demanda de amparo, señalando la inconstitucionalidad de la omisión de consulta de las concesiones mineras en la totalidad del distrito –aun cuando las violaciones hubieron cesado–, e incompatibles con la Constitución, por violar el derecho a la consulta contenido en el Convenio N° 169 de la OIT.

 

Pero no solo eso, lo más importante fue que ordenó que al Ingemmet no volver a emitir concesiones inconsultamente. No señaló que la obligación de consultar fuera solo para las concesiones mineras en el distrito de Atuncolla o la provincia o departamento de Puno. Simplemente, ordenó al Ingemmet no volver a expedir concesiones inconsultamente. La sentencia señala:

 

Las demás que la contiene; y, REFORMANDO dicha sentencia, declararon FUNDADA la acción de amparo promovida por las Comunidades demandantes, por vulneración al contenido esencial del derecho a la consulta previa, mediante la demanda de las páginas ciento sesenta y nueve al doscientos cuarenta y cuatro y, en consecuencia, DISPUSIERON que los demandantes Ministerio de Energía y Minas e INGEMMET, no vuelvan a incurrir en la inobservancia del Convenio número 169 OIT, de la Ley que desarrolla y del reglamento de ésta última, esto es, otorgar títulos de concesión minera, sin que previamente haya realizado la consulta previa, como en el presente caso, bajo apremio de aplicarlos las medidas coercitivas que prevé el artículo 22 de la Ley número 28237, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar; y,…

 

 

Debemos entender, de conformidad con la doble dimensión de los derechos fundamentales, que la Sala Superior está reconociendo entre líneas que no solo se ha lesionado el derecho subjetivo de las comunidades campesinas del distrito de Atuncolla, sino también, el ordenamiento constitucional que se sustenta en el Convenio N° 169 de la OIT. Así, no tiene sentido exigir la consulta solo en el distrito de Atuncolla, o solo en la competencia territorial de la Corte Superior de Justicia de Puno. Ello implicaría desconocer absolutamente esta dimensión objetiva de los derechos fundamentales, más aún si la Sala ha dicho que esta forma de emitir concesiones es inconstitucional e incompatible con el Convenio N° 169 de la OIT.

 

No debemos distinguir donde la sentencia no lo hace. Esta no hace distingos, y nosotros tampoco debiéramos. No sería lógico ni razonable que la Sala Superior exija solo consultar las concesiones mineras en el distrito de Atuncolla y no en otros lugares. Ello implicaría convalidar la ocurrencia de nuevos hechos comprobadamente lesivos. Es absurdo obligar a las comunidades a transitar por un proceso judicial, sabiendo que la causa terminará frente al mismo tribunal, y que existe la eficacia horizontal; es decir, que los tribunales deben ser congruentes y coherentes con sus propios fallos.

(Foto: Servindi.)

[1]Ver: Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas y Oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno. Corte de Puno ordena a INGEMMET consultar “todas” las concesiones mineras a comunidades campesinas afectadas. Consultado en: 23/02/17.

[2] Rojas Bernal, José Miguel (2014). Los efectos de la sentencia constitucional de amparo, en: Tipos de amparo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: Lima: Gaceta Jurídica, p. 155.

[3]Eto Cruz, Gerardo (2014). Tratado del proceso constitucional de amparo, Tomo I. Lima: Gaceta Jurídica, p. 504.

[4] Castillo Córdova, Luis (2006). Comentarios al Código Procesal Constitucional, Tomo I. Lima: Palestra Editores, p. 130.

[5] Castillo Córdova, op. cit., p. 131.

[6] Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N° 02050-2002-AA/TC, fundamento 25.

[7]Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N° 00023-2005-PI/TC,  fundamento 11.

[8] Ibídem.

[9] Salomé Resurrección, Liliana María (2010). La dimensión objetiva de los procesos constitucionales de tutela de derechos fundamentales. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Tesis para optar por el título de licenciada en Derecho, p. 212.

[10] Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N° 00256-2003-HC/TC.

[11] Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N° 0256-2003-HC/TC, fundamento 12.

[12] Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N° 5527-2008-HC/TC.

Dejar una respuesta