Caso Raccaya – Umasi: Sala Penal Nacional inicia juicio oral por la matanza de 41 personas

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Por: Paulo Chávez Zúñiga

 

Después de una larga espera de treinta y cuatro años, los familiares de las 41 personas asesinadas cruelmente por las fuerzas armadas en una escuela del anexo de Umasi, provincia de Víctor Fajardo (Ayacucho) en 1983, esperan alcanzar justicia. El crimen perpetrado en los años iniciales del conflicto armado interno (1980-2000), por fin tendrá un juicio oral en el que deben comparecer tres miembros del Ejército peruano en calidad de acusados.

La Sala Penal Nacional ha dispuesto que este lunes 19 de junio, a las 9 de la mañana, inicie el juzgamiento contra Carlos Enrique Millones Destefano, Humberto Bari Orbegozo Talavera y Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi, acusados por el Ministerio Público de ser los principales responsables de una de las masacres masivas ocurridas en el conflicto armado sufrido por el Perú, y que ocasionó la muerte de decenas de inocentes, principalmente niños, jóvenes y adultos.

El contexto y los primeros años del conflicto

Uno de los capítulos más lamentables de nuestra historia fue la vivida durante los años del conflicto armado interno. El fuego cruzado entre las organizaciones terroristas (PCP-SL y el MRTA) y las fuerzas armadas y policiales cobró miles de víctimas, principalmente aquellas personas olvidadas, marginadas y más humildes del interior del país. Fueron estas las más golpeadas.

Comenta el Informe Final de la CVR que la región sur central del país, a la cual se ha denominado espacio regional ayacuchano, comprende el departamento de Ayacucho, parte del departamento de Apurímac (provincias de Andahuaylas y Chincheros) y parte del departamento de Huancavelica (provincias de Acobamba y Angares). Esta región se considera como una de las más pobres del país. Cuna del PCP- SL, desde 1980 fue el principal escenario del conflicto interno desatado entre esta agrupación política y las fuerzas del orden.[1]

Es aquí donde Sendero Luminoso empieza a armar su estrategia y maquinar lo que sería el inicio de la guerra. La CVR dice que las primeras acciones violentas del PCP- SL, llevadas a cabo desde 1980 en cumplimiento de la decisión de iniciar la guerra, sucedieron en esta zona, considerada por la organización subversiva como el comité zonal fundamental Cangallo-Víctor Fajardo (CZCF), el comité principal encargado de los comités regionales de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac.[2]

La presencia de Sendero Luminoso, principalmente en aquella parte del país, fue tal que motivó el ingreso de las fuerzas armadas al escenario de la guerra.  Hizo su ingreso como Jefe Político Militar de la zona de Ayacucho el general Clemente Noel Moral, con una estrategia poco clara de cómo debía enfrentarse a los subversivos.

Esta situación llevó a que, en la primera quincena de enero de 1983 ocurrieran los primeros casos de detenidos y desaparecidos, práctica que después se volvió sistemática.[3]

Es en esta época de inicio del conflicto (1983) en el que tiene lugar una de las matanzas más atroces del conflicto.[4] La masacre en Raccaya-Umasi, en el departamento de Ayacucho.

El Caso Raccaya – Umasi

La Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, presidida por el fiscal superior Luis Landa, formuló acusación[5] contra tres efectivos militares: Carlos Enrique Millones Destefano (parte del Estado Mayor Operativo de la II División de Infantería del Ejército), Humberto Bari Orbegozo Talavera (Comandante del Batallón de Infantería Móvil N° 51) y Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi (Jefe de la Base Contrasubversiva de Villa Canaria). A los dos primeros en calidad de autores mediatos, y al último como autor directo, del delito de homicidio calificado –asesinato con ferocidad–, en agravio de Juan Flores Angulo y otros 40 agraviados.

Dichos militares, están siendo procesados por los hechos ocurridos el 17 de octubre de 1983, en el anexo de Umasi, distrito de Canaria, Provincia de Victor Fajardo, Departamento de Ayacucho.

Los hechos

El 16 de octubre de 1983, ingresaron al anexo de Raccaya (Distrito de Canaria) un grupo de militantes de Sendero Luminoso, quienes mediante amenazas reúnen a la población en la plaza de dicho lugar. También reúnen a estudiantes de un colegio de la zona.

Luego, en horas de la madrugada, los senderistas llevan a todos los detenidos al anexo de Umasi, y hacen que las personas ingresen a un centro educativo. Horas después, en la mañana del 17 de octubre, irrumpen en Umasi 15 miembros del ejército de la Base contrasubversiva de Villa Canaria, quienes haciendo uso de sus armas asesinan indiscriminadamente a 41 personas (entre niños y adultos) quienes se encontraban en un centro educativo de dicho lugar. Esto último, con orden del procesado Carcovich Cortelezzi, en su condición de Jefe de la Base Contrasubversiva de Canaria.

La Fiscalía, al contextualizar el delito, ha determinado que dicha masacre al ser parte de un ataque sistemático constituye un Crimen de Lesa Humanidad. Señala que estos hechos “forman parte de la ejecución de un plan preconcebido, diseñado y aprobado por el Estado Mayor de la II División de Infantería.” Así, solicita una pena de veintidós años para los responsables y una reparación de dos millones y cincuenta mil soles (S/. 2, 050, 000.00).

Un caso de graves violaciones a los derechos humanos

El Caso Raccaya – Umasi es considerado un caso de graves violaciones a los derechos humanos, ocurrido en el contexto del conflicto que dejó decenas de personas fallecidas a causa de la intervención indiscriminada y arbitraria de las fuerzas del orden, en los primeros años del conflicto.

La CVR concluye que:

(…) en Ayacucho las ejecuciones extrajudiciales en contexto de masacres fueron un patrón reiterado y sistemático en la actuación de las Fuerzas Armadas entre 1983 y 1984”[6].

 

Pese a ser un caso tan importante debido a que, ha sido una de las primeras masacres masivas, no es un caso que ha sido tomado en cuenta para la elaboración del Informe Final de la CVR ni tampoco dentro de sus 47 Informes Jurídicos emitidos. Sin embargo, forma parte de un capítulo imborrable de la historia peruana, del cual se merece y necesita saber la verdad de lo ocurrido.

Cabe agregar que en el marco de las investigaciones, se han realizado las exhumaciones de los cuerpos de las víctimas, lográndose la identificación de 22 de ellas. Problemas como la conservación de los cuerpos no ha posibilitado que más sean identificados.

Al ser un caso ocurrido muchos años atrás, presenta ciertas dificultades como todo caso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, siendo el tiempo uno de los peores enemigos. Esto ha originado que testigos (algunos que han presenciado los hechos) vallan falleciendo (al igual que algunos presuntos responsables).

Si bien no es una tarea sencilla, a causa de varios factores que impiden que los procesos por graves violaciones tengan dilaciones indebidas, cabe señalar que deben hacerse los mayores esfuerzos para que los procesos judiciales terminen cuanto antes, determinándose la responsabilidad de los crímenes.

El 19 de junio empieza el juicio oral, una nueva etapa para el Caso Raccaya- Umasi en más de 30 años de lucha por hallar justicia y verdad. Que se determinen las responsabilidades de los perpetradores de dicho crimen es una de las tareas complicadas, pero no imposibles para la justicia; más aún si así los familiares pueden ir cerrando una etapa dolorosa de sus vidas.

(Foto: lamula.pe)

[1] Informe Final. Lima: CVR, 2003, Tomo IV, pág.27.

[2] Ibídem, pág. 54.

[3] Informe Final. Lima: CVR, 2003, Tomo IV, pág. 90.

[4] Durante el año de 1983 en Ayacucho, la CVR da cuenta de hechos criminales ocurridos en ese tiempo, entre ellos, el asesinato de ocho periodistas en Uchuraccay, las víctimas de Pucayacu, Callqui, la desaparición del periodista Jaime Ayala. Las masacres de Accocro (mayo y junio de 1983), Chiara (julio y septiembre de 1983) y Socos (13 de noviembre de 1983), siendo éstas las más resaltantes.

[5] Dictamen Fiscal N° 51-2016-3° FSPN-MPFN, del 06 de julio del 2016.

[6]Informe Final. Lima: CVR, 2003, Tomo VI, pág. 155.

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