Casos Odebrecht: entre la Sala Penal Nacional y el Sistema Anticorrupción

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Por: Ernesto de la Jara Basombrío

 

En el discurso que el Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, pronunció el Día Mundial de la Libertad de Prensa, negó que existiera un enfrentamiento  entre los jueces de la Sala Penal Nacional con los del nuevo Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, por la competencia del caso Odebrecht y otros que involucran a exautoridades y exfuncionarios.

Ratificó que dichos casos le corresponden al Sistema Especializado en delitos de corrupción, recientemente constituido, debido a que para ello fue creado por el Ejecutivo mediante decreto legislativo, bajo el principio de la especialidad. Agregó, que dicho impase no podría existir, pues los casos vinculados a Odebrecht están todavía en el ámbito del Ministerio Público.

Ahora, lo cierto es que hay por lo menos dos casos de suma importancia (Toledo y Moreno), que permanecen en la Sala Penal Nacional y no han sido remitidos al nuevo Sistema, debido a que el Ministerio Público ha  presentado las correspondientes apelaciones contra lo resuelto en dicho ámbito, lo que implica que será la Sala Penal Nacional el lugar donde se resolverán.

Mientras que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial considera que dichos casos, al igual que otros similares, deben ya haber sido remitidos al Sistema Especial Anticorrupción, en cumplimiento  de la resolución administrativa Nº 131-2017-CE-PJ del 10 de abril pasado, la Sala Penal Nacional cree que no lo puede hacer. Y ello, porque entiende que lo que corresponde es aplicar las reglas de competencia que rigen actualmente, las mismas que  establecen que si el  caso implica varios delitos (como ocurre en los de Toledo y Moreno), éste debe verse en el ámbito judicial que tiene la competencia frente al delito más grave, en este caso el de lavado de activos, de competencia de la Sala.

Distinto hubiera sido si –otro argumento señalado por la Sala– el Decreto Legislativo con el que se creó el Sistema Anticorrupción hubiera previsto el tema de la conectividad, en el sentido de consignarse expresamente que debían pasar a dicho Sistema los de Corrupción, jalando a todos los otros delios conexos.

Representantes del Sistema Anticorrupción sostienen, por el contrario, que no había necesidad  de que dicha regla vinculada a la conectividad apareciera expresamente en la norma, ya que está implícita desde el momento en que se creó un nuevo sistema para centralizar el juzgamiento de los delitos de corrupción de funcionarios,  un tipo de caso que habitualmente está relacionado con otros, especialmente con el de lavado de activos.

Lo cierto que hasta ahora no se encuentra una solución a esta diferencia de criterios.Una de las posibilidades que se maneja es que el asunto sea resuelto por la Corte Suprema, vía casación; y la otra, es que se intente imponer de alguna manera el  cumplimento de la Resolución Administrativa dada por el Consejo Ejecutivo ordenando el traslado de casos.

No hay duda que estamos ante una situación inédita, pues es la primera vez que ocurre este tipo de diferencias en el Poder Judicial.

(Foto: CC)

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