CNDDHH solicita reapertura del caso Madre Mía

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Por: Carlos Rivera Paz

 

La semana pasada la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la señora Teresa Ávila Rivera, hermana de Natividad Ávila Rivera y cuñada de Benigno Sullca Castro, han solicitado al Ministerio Público la reapertura del caso Madre Mía seguido contra Ollanta Humala Tasso, y que el año 2009 fuera favorecido con una resolución de sobreseimiento emitida por la Sala Penal Nacional.

El documento presentado ante la Primera Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima señala textualmente que:

“…habiéndose hecho de público conocimiento la existencia de nuevas evidencias –audios– que acreditan la vulneración de garantías fundamentales del debido proceso y de obligaciones internacionales de protección de los derechos fundamentales de las víctimas de graves  violaciones a los derechos humanos, las mismas que acreditan –de acuerdo al derecho internacional– la existencia de una cosa juzgada fraudulenta, en la causa judicial seguida contra Ollanta Humala Tasso por la comisión del delito de desaparición forzada de personas en agravio de Natividad AVILA RIVERA Y Benigno SULLCA CASTRO, hechos ocurridos el 17 de junio de 1992 luego de ser detenidos en localidad de Pucayacu (distrito de Crespo y Castillo, Huánuco) y luego trasladados a la Base Contrasubversiva de Madre Mía (Tocache, San Martín), solicitamos que vuestro despacho disponga la reapertura de las investigaciones”.

Entre los iniciales argumentos, la CNDDHH señala que resulta indispensable considerar en un caso de esta naturaleza el contexto de violencia generalizada en la que la zona del Huallaga se encontraba hacia el año 1992. Al respecto, el documento señala que “…Desde 1980 el valle del Huallaga fue un espacio atravesado por el conflicto armado interno. Fue un escenario complejo donde paralelamente actuaron el Partido Comunista del Perú –Sendero Luminoso–, el narcotráfico y las Fuerzas Armadas”, agregando que “…Como resultado de este contexto de violencia se produjeron múltiples y graves violaciones de los derechos humanos, muchas de las cuales nunca fueron denunciadas a las autoridades competentes por el temor a los agentes de seguridad del Estado o también porque las víctimas no pudieron ser identificadas.”

Precisa también que “…De acuerdo a los hechos investigados por la CVR, durante los veinte años de violencia en la Región Nororiental, el número más alto de víctimas se registró en la zona II (2,244 personas muertas y desaparecidas), teniendo mayor incidencia en las provincias de  Leoncio Prado–Huánuco (1,420 víctimas) y Tocache-San Martín (491 entre muertos y desaparecidos)”.

El pedido de la CNDDHH también permite considerar la respuesta militar de las FFAA en la zona, y por ello señala que “Después de casi una década de desarrollo de una estrategia contrasubversiva sustentada en métodos generalizados de violación a los derechos humanos el Ejército y las fuerzas armadas deciden materializar cambios en dicha estrategia. Uno de esos cambios estuvo dirigido a otorgarle un rol más preponderante a la inteligencia para luchar con más eficiencia contra la subversión que, en esas fechas, prácticamente tenía presencia en todo el país. Una de las mayores expresiones de ese cambio fue la publicación –en junio de 1989 del Manual de Guerra No Convencional. Contrasubversión ME 41– 7, el cual se convirtió en el documento de referencia doctrinaria fundamental para enfrentar la acción política y militar de los grupos terroristas”.

La CNDDHH da cuenta para ello de la existencia de una organización militar denominada como Frente Huallaga el cual se encontraba bajo el comando militar del Ejército Peruano, el cual estaba a cargo de un general del Ejército peruano y territorialmente comprendía los departamentos de San Martín y Huánuco (de acuerdo al cuadro orgánico del Frente Huallaga 1992 que encabeza esta nota).

Refieren que el Frente Huallaga estaba jefaturado por un General del Ejército, el cual como comandante general de una gran unidad militar tenía un Estado Mayor compuesto por tres o cuatro oficiales: el Jefe del Estado Mayor, el jefe de Operaciones, el Jefe Inteligencia y el Jefe de Personal.

Para mayor precisión, el escrito señala que bajo el esquema de control del territorio antes señalado a partir de 1989, el Batallón Contra Subversivo 313 de Tingo María desplegó cinco Bases en la zona bajo jurisdicción:

  • Base Contrasubversiva de Monzón.
  • Base Contrasubversiva de Palo de Acero.
  • Base Contrasubversiva de Aucayacu.
  • Base Contrasubversiva de Ramal de Aspuzana.
  • Base Contrasubversiva de Madre Mía.

 

Precisando, que la Base Contrasubversiva de Madre Mía estuvo ubicada en el distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache y Departamento de San Martín. En esta Base el entonces capitán Humala Tasso prestó servicios durante el año 1992.

De igual modo el documento destaca las circunstancias en las que la Sala Penal Nacional, el 27 de abril del 2009, emitió un auto de sobreseimiento de la causa como consecuencia de que el fiscal Víctor Cubas Villanueva decidiera no formular acusación por el delito de desaparición forzada de personas contra Ollanta Humala Tasso, y luego, el 21 de diciembre de ese mismo año, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia bajo la presidencia del juez César San Martín confirmó dicha resolución judicial, con lo cual se garantizó el archivamiento del proceso judicial.

A ello se sumó la absolución de las personas que fueron acusadas por la compra de los testigos en el caso Madre Mía. De hecho, fue la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, bajo la presidencia de Javier Villa Stein, la instancia judicial que dictó dicha resolución garantizando así que este delicado asunto se siga ventilando públicamente.

Sobre la base de esas circunstancias, es que la CNDDHH considera que para el derecho internacional se determina la existencia de una cosa juzgada fraudulenta y, consecuentemente (en mérito a los fundamentos expuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitidos en diferentes fallos), se solicita la reapertura de las investigaciones del caso que en el año 2009 fue sobreseído.

En ese sentido la CNDDHH destaca que “…el Estado está en el deber jurídico de […] investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones  que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”. A ello el documento agrega que desde su trascendental sentencia en el caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el derecho de los familiares de las víctimas de desaparición forzada a conocer la suerte y paradero de éstas.

“El Estado está obligado a combatir la situación de impunidad […] por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos. Este derecho a la verdad, al ser reconocido y ejercido en una situación concreta, constituye un medio importante de reparación y da lugar a una justa expectativa de las víctimas, que el Estado debe satisfacer […].”

Refiere el pedido de la CNDDHH, que la Corte IDH precisó que no se puede invocar “la ‘cosa juzgada fraudulenta’, que resulta de un juicio en el que no se han respetado las reglas del debido proceso […] como eximente de [la] obligación de investigar y sancionar, […] porque no hacen tránsito a cosa juzgada decisiones judiciales originadas en tales hechos internacionalmente ilícitos”.

La CNDDHH recuerda que en la sentencia del caso Carpio Nicolle Vs Guatemala, emitida por la Corte Interamericana el 22 de noviembre del 2004, ante la evidencia de la existencia de decisiones judiciales encaminadas a garantizar impunidad, se declaró que:

“132. Ha quedado plenamente demostrado  que el juicio del presente caso, ante los tribunales nacionales, estuvo contaminado por tales graves vicios. Por tanto, no podría invocar el Estado, como eximente de su obligación de investigar y sancionar, las sentencias emanadas en procesos que no cumplieron los estándares de la Convención Americana. La regla básica de interpretación contenida en el artículo 29 de dicha Convención disipa toda duda que se tenga al respecto…”

 

De esta manera la CNDDHH acredita que, desde el derecho internacional, existen los suficientes fundamentos para reabrir un caso como el Madre Mía. Ahora le toca al Ministerio Público tomar la decisión.

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