Cómo NO solicitar una medida de prisión preventiva: Lecciones a propósito del caso de los 55 detenidos en Puente Piedra

0
102

 

Por: Fabiola Franceza Omonte

 

Cada vez con mayor frecuencia aparece en los medios de comunicación el tema de la prisión preventiva. Esta semana no fue diferente: los titulares en primera plana han tratado sobre el pedido del Ministerio Público para que se dicte prisión preventiva al ex presidente Alejandro Toledo, por la escandalosa coima de 20 millones de dólares que habría recibido de Odebrecht.

El pedido que ha hecho la Fiscalía en el caso de Toledo sirve para recordar que es así como inician todos los casos de prisión preventiva, es decir, siempre con una decisión del Ministerio Público. De allí que el rol de esta institución en esta materia sea absolutamente protagónico, pues es el primer actor del sistema de justicia que debe evaluar si la persona que está siendo procesada por un delito debe seguir ese proceso en libertad o desde la cárcel.

Si el fiscal de un caso concluye que sí corresponde aplicar prisión preventiva, tiene que presentar una solicitud por escrito al juez. Ese requerimiento escrito es clave, porque debe explicar en él cada una de las razones por las cuales el juez debe aprobar esta medida coercitiva (que es la más gravosa) y no otra, o ninguna.

De acuerdo a la jurisprudencia vinculante contenida en la Casación N° 626-2013 Moquegua, vigente desde hace casi un año, el requerimiento escrito debe abordar y fundamentar exhaustivamente cinco aspectos: cada uno de los tres presupuestos de la prisión preventiva (artículo 268 del Código Procesal Penal), la proporcionalidad de la medida y su duración.  Esto no obedece a un capricho, sino a que solo de esa manera la defensa del imputado podrá saber de qué defenderse en la audiencia de prisión preventiva. Por esa razón es que la Casación N° 626-2013 Moquegua es clara en establecer que un requerimiento escrito que no esté debidamente fundamentado debe ser anulado.

Sin embargo, siguen siendo muchos los fiscales que solicitan prisión preventiva sin observar lo que establece la ley ni la jurisprudencia vinculante. En otras palabras, recurren al uso arbitrario de la prisión preventiva. En ese sentido, el caso de Puente Piedra resulta emblemático pues es un claro ejemplo de cómo no se debe hacer un requerimiento de prisión preventiva.

Hace menos de un mes, la fiscal Gladys Gonzáles Obando solicitó prisión preventiva para 55 personas que habían sido detenidas en la segunda marcha que se llevó a cabo en protesta contra el peaje de Puente Piedra. Como se ha explicado, dicha solicitud necesariamente tendría que haber dado cuenta de las razones por las cuales se requería prisión preventiva a cada uno de los detenidos.  Eso no ocurrió.

Al revisar la solicitud de prisión preventiva de la fiscal Gonzáles Obando, lo primero que llama la atención es que tratándose de 55 personas, el requerimiento escrito no tenga más de cuatro páginas. De hecho, la parte en la que aparece la fundamentación del pedido no supera una página.

Siendo lo anterior ya bastante grave, el contenido de la fundamentación es sumamente deficiente. Primero, porque solo se hace referencia a los tres presupuestos y nada se dice sobre la proporcionalidad ni la duración de la medida. Segundo, porque al intentarse acreditar la existencia de los presupuestos de la prisión preventiva, se incurre en más errores.

En el caso del primer presupuesto (la existencia de graves y fundados elementos de convicción que vincule al imputado con el delito denunciado), por ejemplo, solo se señala: “Pues como se tiene descrito en la Formalización de Denuncia Penal, los elementos que vinculan a los denunciados son los mismos que se oralizarán en la Audiencia”. Prácticamente no dice nada. Lo más grave es que inclusive revisando la denuncia penal, el primer presupuesto no se cumple, pues la denuncia también está plagada de errores, a tal punto que no describe los hechos que habrían sido cometidos por 26 de los 55 detenidos.

De la misma manera, en el caso del tercer presupuesto (la existencia de peligro procesal), solo se dice que hay peligro de fuga respecto de los 55 detenidos por tres razones: 1) porque ninguno de los denunciados ha acreditado su arraigo laboral; 2) porque la probabilidad de obtener una pena efectiva no menor de seis años de prisión causa a los imputados “un temor natural en los imputados, motivo por el cual se podrían mostrar reticentes al proceso”; 3) porque al momento de ser intervenidos por la Policía, los imputados “pusieron tenaz resistencia”. De la manera en que han sido expuestas, ninguna de las razones es convincente ni se ajusta a lo establecido por la Casación N° 626-2013 Moquegua.

No sorprende entonces que la jueza a cargo de este caso haya optado por rechazar el pedido de prisión preventiva. Lo que hizo, en cambio, fue dictar comparecencia restringida para 29 detenidos, que era lo correcto. A los otros 26 ni si quiera pudo abrirles proceso penal porque la denuncia no cumplía con los requisitos mínimos. Lo que sí resulta nuevamente inexplicable es que la fiscal, que mantuvo a todas estas personas detenidas por tres días de manera tan cuestionable, haya insistido en su error, pues apeló la decisión judicial.

Lo que urge ahora es que las autoridades del sistema de justicia, empezando por el Ministerio Público, adopten medidas para que casos como este no se repitan. La actuación de los operadores de justicia no puede seguir vulnerando los derechos de las personas.

(Foto: Óscar Flores, Perú.21)

Dejar una respuesta