Comunidades nativas afectadas por derrames solicitan multa y destitución de funcionarios MINSA por incumplir orden judicial

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Por: Juan Carlos Ruiz Molleda

 

Las autoridades de las comunidades nativas de Cuninico, San Francisco, Nueva Esperanza y Nueva Santa Rosa han solicitado a la titular del Juzgado Mixto de Nauta que multe y destituya de ser el caso a las autoridades que vienen incumpliendo la orden judicial en su contra. En efecto, han recurrido a dicha jueza para solicitarle que pida el informe de cumplimiento, y en caso de no ser así, imponga medidas coercitivas y oficie al superior jerárquico para abrir proceso administrativo. Todo esto, porque a la fecha se desconoce si el Ministerio de Salud (MINSA) ha cumplido con la Resolución Número Uno del 22 de febrero del 2017, donde el juzgado ordenó diseñar una política pública de emergencia en favor de los afectados por los derrames de petróleo.

El día 22 de febrero del 2017, dicho juzgado a causa de una demanda cautelar en un proceso de cumplimiento, ordenó al MINSA que en el plazo de 30 días, diseñe e implemente una política pública de emergencia en favor de los afectados por el derrame de 2500 barriles de petróleo en la Quebrada de Cuninico, en junio del 2014.

“Se ordena al Ministerio de Salud, dentro del plazo de treinta días, diseñe e implemente una Estrategia de Salud Pública de emergencia, que permita establecer un programa de atención médica, así como de vigilancia epidemiológica ambiental y sanitaria, asimismo ejecute un programa de asistencia y atención en salubridad a la población, en especial a los niños, niñas, madres gestantes y adultos mayores, a efectos de identificar a las personas que pudieron haber sido afectadas por las consecuencias del derrame de petróleo y brindarles la atención médica pertinente”.

 

Ha pasado 1 mes y 3 semanas desde que emitió esta resolución, y hasta ahora se desconoce su nivel de cumplimiento. En tal sentido, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 15 del Código Procesal Constitucional, estas “se dictan sin conocimiento de la contraparte y la apelación sólo es concedida sin efecto suspensivo”, se pidió que:

 

  1. Solicite al MINSA el informe del cumplimiento de su medida cautelar. Debe solicitarse el informe en detalle del nivel de cumplimiento de la medida cautelar, precisando si es cumplimiento total o parcial o incumplimiento, explicando las razones.
  2. Imponga medidas coercitivas en caso de cumplimento parcial o incumplimiento. Se solicitó a la jueza que de acuerdo al artículo 22 del Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley Nº 28237, imponga multas acumulativas al Jefe de CENSOPAS, órgano del Ministerio de Salud encargado de realizar examen toxicológico, y al Jefe de DIGESA como al del MINSA.

“Artículo 22.- Actuación de Sentencias. La sentencia que cause ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa conforme a sus propios términos por el juez de la demanda. Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad.

La sentencia que ordena la realización de una prestación de dar, hacer o no hacer es de actuación inmediata. Para su cumplimiento, y de acuerdo al contenido específico del mandato y de la magnitud del agravio constitucional, el Juez podrá hacer uso de multas fijas o acumulativas e incluso disponer la destitución del responsable […]”. (El resaltado nuestro)

3. Oficie al superior jerárquico y abra proceso administrativo en caso de cumplimento parcial o incumplimiento. Se pidió, de acuerdo al art. 59 del Código Procesal Constitucional, que la magistrada se dirija al superior jerárquico de los jefes de CENSOPAS y DIGESA, es decir a la Ministra de Salud, y la requiera para que haga cumplir sus deberes, así como que disponga la apertura del procedimiento administrativo contra los mismos.

“Artículo 59.- Ejecución de Sentencia. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 22 del presente Código, la sentencia firme que declara fundada la demanda debe ser cumplida dentro de los dos días siguientes de notificada. Tratándose de omisiones, este plazo puede ser duplicado. Si el obligado no cumpliera dentro del plazo establecido, el Juez se dirigirá al superior del responsable y lo requerirá para que lo haga cumplir y disponga la apertura del procedimiento administrativo contra quien incumplió, cuando corresponda y dentro del mismo plazo. Transcurridos dos días, el Juez ordenará se abra procedimiento administrativo contra el superior conforme al mandato, cuando corresponda, y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El Juez podrá sancionar por desobediencia al responsable y al superior hasta que cumplan su mandato, conforme a lo previsto por el artículo 22 de este Código, sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario […]”.

4. Se encargue a la Defensoría del Pueblo el seguimiento del cumplimento del mandato judicial. Este pedido se hace también en un contexto donde el MINSA ha acreditado la existencia de metales pesados por encima de los límites máximos permisibles en las comunidades  demandantes en el proceso de cumplimiento.

 

Según resultados del monitoreo de la calidad del agua para consumo humano realizado en 52 comunidades nativas de los distritos de Urarinas y Parinari en la región Loreto, en 49 comunidades hay metales pesados por encima de los límites máximos permisibles. En efecto, según los Informes N° 117-2017/DCOVI/DIGESA y N° 119-2017/DCOVI/DIGESA, la Dirección de Control y Vigilancia de esta Dirección General ha informado que, del 23 de febrero al 16 de marzo del 2017, han realizado la vigilancia sanitaria del agua para consumo humano en 52 comunidades nativas de los distritos de Urarinas y Parinari, provincia y departamento de Loreto, verificando que la calidad del agua que se consume en 49 comunidades nativas presentan determinados parámetros que exceden los Límites Máximos Permisibles- LMP.

La no ejecución de una sentencia, o de una resolución cautelar sin efectos suspensivo, viola no solo el derecho a la tutela judicial efectiva, sino también el derecho a la protección judicial del Estado y el acceso a la justicia en general.

La eficacia de las sentencias es una de las principales garantías del derecho a la tutela judicial efectiva. En otras palabras, una de las manifestaciones de este derecho es el cumplimiento de las sentencias. No se trata de una garantía más, sino de su contenido esencial. ¿De qué sirve impulsar un proceso judicial si, luego de alcanzar una resolución favorable, ésta no se cumple? El cumplimiento de las sentencias y resoluciones judiciales firmes forma parte del complejo contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en nuestra Carta Política en su artículo 139, inciso 3.

(Foto: lamula.pe)

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