Condenamos asesinato de agricultores en Nueva Requena y exigimos acciones para frenar el tráfico ilegal de tierras en Ucayali

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Frente al asesinato de seis agricultores en el caserío de Bajo Rayal (Nueva Requena, Ucayali) el pasado 1 de septiembre, presuntamente motivado por el tráfico ilegal de tierras para la instalación de monocultivos agroindustriales en la zona, el Instituto de Defensa Legal debe señalar lo siguiente:

  1. El tráfico ilegal de tierras en Ucayali es un problema endémico, que afecta a pueblos indígenas y agricultores, quienes continuamente deben soportar las agresiones de sujetos fuera de la ley. Mediante la intimidación y la violencia, son despojados de sus tierras para venderlas ilegalmente a terceros, que desarrollan actividades como la agroindustria, la tala y el narcotráfico. En el área de Nueva Requena, donde ocurrieron los hechos, esta es una situación común, en especial por el auge del cultivo de palma aceitera.
  2. Exhortamos al Ministerio Público a conducir las investigaciones en este caso con diligencia y celeridad, así como en los demás relacionados con el tráfico ilegal de tierras y la deforestación. Por supuesto, debe incluirse igualmente a los autores directos e indirectos. Es indignante, por ejemplo, que el asesinato del líder ambiental Edwin Chota, ocurrido en septiembre de 2015, continúe en investigación fiscal.
  3. Exhortamos al Poder Judicial, especialmente a la Corte Superior de Justicia de Ucayali, a combatir la impunidad y sancionar a los responsables.
  4. La comunidad de Santa Clara de Uchunya, ubicada también en Nueva Requena, ha venido sufriendo por años el acoso de los traficantes de tierras. Parte importante de su territorio les fue arrebatado y entregado a la empresa palmicultora Plantaciones de Pucallpa S.A.C. (hoy Ocho Sur P). Por esto, exigimos la intervención de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior para la protección de la comunidad y sus dirigentes, hoy en grave peligro. El Estado está en obligación de hacerlo.
  5. Exigimos al Gobierno Regional de Ucayali frenar la emisión masiva e irresponsable de constancias de posesión sobre territorios de pueblos indígenas, que solo sirven para alentar el tráfico ilegal de tierras y el conflicto en la región. La autoridad debe abstenerse de otorgar derechos a terceros sobre territorio indígena.
  6. Exigimos al Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental a asumir el rol que legalmente les corresponde, a fin de fiscalizar las actividades agrícolas en el país, proteger los bosques y combatir el cambio climático.

 

Lima, 7 de septiembre de 2017.

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